El año que culminó puso a prueba la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina. A pesar de las profundas carencias estructurales, sus comunidades se mantuvieron firmes frente a un alarmante aumento de la violencia contra sus territorios y liderazgos. Mientras los intereses económicos y criminales intensificaban su presión, los pueblos siguieron siendo un faro, no solo en la defensa de sus tierras y culturas, sino también en la protección de los ecosistemas que sostienen a toda la región.
Minería, petróleo, agricultura y ganadería extensivas, crimen organizado, megaproyectos. A lo largo de 2025, Mongabay Latam documentó cómo estas y otras industrias —legales e ilícitas— han penetrado y se han expandido en los territorios indígenas, agudizando los conflictos socioambientales y poniendo en riesgo tanto a las comunidades como a la biodiversidad.
Sin embargo, este año también conocimos numerosas iniciativas capaces de inspirar y devolvernos la esperanza: mujeres indígenas que utilizan tecnología para monitorear los bosques; comunidades que lideran el descubrimiento de nuevas especies; jóvenes que luchan por salvar un humedal al borde de la desaparición. Cada una de estas acciones refleja el compromiso de los pueblos indígenas con la protección del planeta.
Estas historias forman parte del recuento del trabajo periodístico que Mongabay Latam desarrolló durante 2025, un año en el que —una vez más— los pueblos indígenas comparten valiosas lecciones sobre resistencia, cuidado de la naturaleza y la urgencia de vivir en armonía con la tierra, señalando caminos concretos para generar cambios positivos.
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Defensores y territorios marcados por la violencia
Cada año, los patrones de violencia se repiten en los territorios indígenas a nivel Latinoamérica. En 2025 no hubo tregua. Países como Colombia, Guatemala, México y Perú siguieron presentes en las listas de diversas organizaciones que documentan asesinatos, desapariciones y agresiones contra las comunidades indígenas y sus defensores.
Durante el año, Mongabay Latam analizó varios reportes que así lo confirman. Las cifras varían de acuerdo a las fuentes, pero uno de los reportes más ponderados es el de Global Witness, que documenta estos crímenes desde hace más de una década. La organización reveló en su informe más reciente que en el 82 % de los casos registrados en 2024 la violencia se concentró de forma desproporcionada en Latinoamérica: los defensores indígenas y campesinos fueron los más afectados, con 45 casos por cada grupo. Solo en Colombia, el país más violento, 19 víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
Las propias Naciones Unidas, a través de su Relatoría Especial, advirtieron un agravamiento de la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos y del territorio en toda la región. Aunque los desafíos y amenazas son generalizados, las poblaciones indígenas —junto con mujeres y periodistas— enfrentan riesgos especialmente altos.
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Colombia
Así sucedió con Aurelio Araujo Hernández, cuyo asesinato tuvo gran resonancia en Colombia. El líder indígena y coordinador del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, fue interceptado el 3 de junio por hombres armados, quienes le cerraron el paso y lo asesinaron junto a sus escoltas. Luego, los incineraron en su vehículo.
Otra región fronteriza se convirtió en el escenario de duros combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC: Catatumbo, en Norte de Santander. En esta zona de Colombia que colinda con Venezuela, los desplazamientos, confinamientos y asesinatos se dispararon a inicios de 2025, cuando campesinos, indígenas y líderes sociales quedaron en medio de la disputa entre dos grupos armados por el control de un corredor clave para el narcotráfico, además de rico en recursos naturales, minerales y cultivos de coca.
Aún frente a riesgos tan altos, las comunidades no se quedaron inmóviles. Un especial de Mongabay Latam mostró cómo las guardias indígenas en Colombia se han convertido en una barrera de protección para su territorio en regiones como la Amazonía. A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo —como GPS e imágenes satelitales— para generar datos que las entidades del Estado puedan usar y así frenar el asedio a sus territorios.
También en Colombia, las mujeres indígenas defensoras del territorio enfrentan una doble victimización: por su rol como líderes y por su condición de género. En la Amazonía y la Orinoquía colombiana, continúan siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en defensa del territorio, como evidencian las historias de cuatro defensoras documentadas en Putumayo, Caquetá y Meta en este especial periodístico.
“Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Viviana Gómez, integrante del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
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México
En México la situación no fue distinta. Los asesinatos de defensores ambientales y del territorio aumentaron un 25 % en 2024, según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Es la segunda cifra más alta en 10 años de documentación. El reporte señala que las principales víctimas —43 casos, casi la mitad de los casos totales— fueron personas de comunidades indígenas o agrarias.
Recién comenzaba 2025 cuando la desaparición del comisario ejidal Arnoldo Nicolás Romero alarmó a la comunidad de San Juan Gichicovi, en Oaxaca, uno de los estados atravesados por el Tren Interoceánico y catalogado por varias organizaciones como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos. Este megaproyecto, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México, se ha convertido en una amenaza diaria para defensores indígenas, quienes ahora enfrentan detenciones y procesos penales. Romero, quien había sido un opositor al megaproyecto, fue reportado como desaparecido desde el 17 de enero, pero cuatro días después su cuerpo fue encontrado en un camino local, herido por un arma de fuego.
“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec”, menciona Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe (ayuuk) e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), organización que ha acompañado a opositores al Tren Interoceánico. “Hay amenazas por parte del Gobierno del estado de Oaxaca, como por parte de la Marina, y del crimen organizado”, advierte Ramírez quien, junto con dos compañeros de Ucizoni y otros 23 defensores comunitarios, enfrenta procesos judiciales por ataques a las vías de comunicación y por el delito de invasión al derecho de vía, tras el desalojo violento de un campamento pacífico contra el tren en construcción. La criminalización es la agresión más frecuente contra defensores, según documenta también el informe de CEMDA.
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Perú y Ecuador
En abril, el ataque a integrantes del Comité de Control y Vigilancia Forestal Comunitario de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres, ocurrido mientras recorrían su territorio para verificar el estado de sus bosques, encendió las alarmas de organizaciones que apoyan a defensores ambientales en Perú. El hecho evidenció las demoras del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, al que la comunidad había pedido protección sin respuesta desde 2021. Según el Ministerio de Justicia, entre abril de 2021 y abril de 2025, el Mecanismo registró 706 personas defensoras y 64 familiares vinculados a 505 situaciones de riesgo, ante el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
El paro nacional convocado en septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel y del aumento de las fronteras petrolera y minera, detonó una movilización contra las medidas extractivistas del Gobierno de Daniel Noboa, que concluyó con decenas de heridos, varias detenciones y muertes violentas. En la movilización encabezada por poblaciones indígenas y campesinas, las comunidades de Azuay protestaron para exigir la revocación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, mientras que siete nacionalidades indígenas de Pastaza pidieron paralizar la ronda de licitación petrolera de los campos Suroriente y Subandino. Durante las protestas, las comunidades denunciaron al Estado por abusos, represión e incluso el bloqueo de cuentas bancarias de líderes sociales y organizaciones ambientales.
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Bolivia
El 11 de febrero fue asesinado el poblador indígena leco Francisco Marupa en el interior del Parque Nacional Madidi, en Bolivia. Este crimen contra el defensor del territorio y la biodiversidad levantó una ola de críticas contra el Estado, su política extractivista y su falta de presencia en áreas protegidas, como en el caso de Madidi, donde las comunidades cercanas son atravesadas por el avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.
En este país, cada ocho días se registran casos contra defensores ambientales que sufren vulneraciones en sus derechos, según un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Este documento muestra que solo entre enero y abril de 2025 se registraron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores, de los cuales el 79 % está vinculado a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, nueve de estos 14 casos se dieron en el interior de áreas protegidas, como el caso de Marupa.
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Chile
La familia de una defensora mapuche recorrió las avenidas de Belém do Pará, en Brasil, durante la cumbre climática o COP30. Durante una marcha, Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil, portaba una manta con una frase: “¿Dónde está Julia Chuñil?”. Su madre desapareció hace más de un año en la región chilena de Los Ríos, caracterizada por la presencia de bosques templados lluviosos de la selva valdiviana, considerados uno de los mayores tesoros en biodiversidad de Chile y con un gran valor cultural para el pueblo mapuche.
La presencia de San Martín Chuñil en la marcha por la acción y la justicia climática, ocurrida en el marco de las protestas de pueblos indígenas en la COP30, tuvo como propósito visibilizar la lucha de su madre y exigir su reaparición con vida. “Andamos difundiendo el tema de mi madre porque no queremos que quede impune, no queremos que quede como una persona más desaparecida”, dijo San Martín Chuñil a Mongabay Latam mientras recibía saludos de asistentes a la marcha que reconocían la ilustración de Chuñil junto a su perro, Cholito, con quien desapareció tras salir a buscar a un par de sus animales extraviados.
La defensora, de 73 años, buscaba proteger antiguos bosques como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, hasta su desaparición ocurrida el 8 de noviembre de 2024, un año en que las agresiones físicas contra defensores ambientales se triplicaron en Chile.
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Comunidades en la lucha por el clima
Mongabay Latam viajó a Brasil para asistir a la COP30, la conferencia climática que será recordada por la movilización de los pueblos indígenas —principalmente amazónicos— aunque estas poblaciones permanecieron excluidas de los espacios de negociación. Representantes, ambientalistas, especialistas y organizaciones sociales coincidieron en que se ignoraron sus principales demandas: reconocimiento de sus territorios, cancelación de megaproyectos fósiles, inclusión en las mesas de negociación y acceso directo al financiamiento climático.
Comunidades y expertos señalaron que se perdió la oportunidad de incorporar su conocimiento en las soluciones climáticas, pese a que se les menciona en dos documentos oficiales. Si bien algunos avances reconocen sus territorios, la ausencia de referencias a los combustibles fósiles en los acuerdos dejó un panorama preocupante, pues los Estados deben impulsar acciones y metas climáticas más ambiciosas desde sus propias regiones, un panorama que no se ve claro.
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En búsqueda de autonomía y justicia
Los pueblos indígenas enfrentan trabas legales, políticas y sociales para ejercer su derecho a la autonomía. Una investigación de Mongabay Latam documentó que, aunque las constituciones de Colombia, Ecuador y Bolivia reconocen la libre determinación, sus marcos jurídicos son inexistentes o exigen requisitos difíciles de cumplir. Perú no reconoce este derecho, aún cuando está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La gobernanza territorial indígena cobra especial relevancia frente al avance de las industrias petroleras, mineras, ganaderas, agroindustriales, madereras e incluso de las actividades criminales sobre los territorios ancestrales, problemáticas que continuaron su avance durante 2025 en toda la región.
Aún avanzando contracorriente, los pueblos indígenas lograron importantes victorias legales. Un ejemplo ocurrió en Chile: tras casi 30 años de disputa, el Ministerio de Defensa rechazó en marzo pasado la solicitud de concesión marítima presentada por la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., el tercer mayor productor de celulosa del mundo, con operaciones en América Latina, Europa y África. La decisión, que frenó un megaproyecto de ducto que habría vertido residuos industriales líquidos en el mar, fue impulsada por la presión de comunidades mapuche y grupos de pescadores artesanales.
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Territorios bajo asedio
Charque, una pequeña comunidad de 36 personas de la etnia mosetén en la reserva Pilón Lajas, en la Amazonía boliviana, enfrenta graves impactos ambientales: un estudio reveló que la mayoría de sus habitantes están intoxicados con mercurio. A pesar de ello, la comunidad se ha convertido en un ejemplo de resistencia para poblaciones vecinas, trabajando junto a guardaparques para proteger la reserva, donde cualquier actividad minera es ilegal. Los comunarios han recibido ofertas de empresas para explotar sus territorios a cambio de dinero y obras, pero las han rechazado en tres ocasiones, reafirmando su compromiso con la defensa del bosque y su forma de vida.
La minería, tanto de grandes empresas como de economías ilegales, ha penetrado otros territorios indígenas de la región. En Perú, informes y estadísticas oficiales muestran un aumento en dos fenómenos en la Amazonía: la cantidad de embarcaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro y los riesgos para quienes se oponen a esta actividad. A esto se suman cinco proyectos viales promovidos por el Estado peruano —nacional y regional— que, según un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), incrementan la complejidad de la zona al representar un riesgo a la seguridad del país, al fortalecer las cadenas logísticas del narcotráfico y de la minería ilegal.
La deforestación en territorios indígenas tampoco se detuvo. En Argentina, una región particular enfrentó alarmantes niveles de pérdida de sus bosques: Santiago del Estero, en el Gran Chaco Americano. Comunidades indígenas y campesinas denuncian que estos desmontes van acompañados de violencia, criminalización e intentos de desalojo impulsados por empresarios vinculados a la agroindustria.
En el noroeste de México, el pueblo Yoreme-Mayo —para quien los manglares del Bawe Ania son sagrados— ha encabezado una emblemática lucha contra la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa. Desde 2015, el pueblo libra una batalla legal y comunitaria contra el megaproyecto, autorizado sin consulta previa, denunciando amenazas a defensoras del territorio y el riesgo que la obra representa para la biodiversidad del humedal.
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Los logros y la esperanza
Frente a la adversidad, los pueblos indígenas latinoamericanos siguen demostrando que proteger y rescatar a la naturaleza es posible. En Bolivia, las juventudes han dado un ejemplo claro: el Lago Uru Uru, que solía ser uno de los humedales más importantes del país, ha sido devastado por desechos mineros, contaminación plástica y el calentamiento global. Uru Uru Team, un grupo de 70 jóvenes indígenas que habitan a las orillas del lago y conviven diariamente con sus impactos, asumió desde 2019 la misión de restaurar el ecosistema y devolverle la vida.
Este año acompañamos numerosas historias inspiradoras en la región, como la de la comunidad indígena de Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca, donde viven los “tintoreros”, guardianes de un conocimiento ancestral que les permite aprovechar en forma sustentable el tinte que produce un caracol marino. También la de Sani Warmi, un colectivo de mujeres que realiza actividades turísticas y agroecológicas para obtener ingresos y conservar la Amazonía ecuatoriana. O la increíble historia de cómo los indígenas leco recuperaron la población de un ave endémica de Bolivia que se creía extinta. O cómo una comunidad indígena en Perú descubrió una nueva especie de rana en un territorio amenazado por la expansión de la frontera agrícola.
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En varios países, las comunidades indígenas cada vez han adquirido mayor acceso a tecnologías para vigilar sus territorios. De hecho, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas estuvo dedicado a explorar tanto los riesgos como las oportunidades que implica la inteligencia artificial para los territorios, lenguas y derechos indígenas. En Perú, un caso de éxito ha sido el de un equipo de mujeres kichwas, ticunas y matses, quienes lideran patrullajes en el bosque y capacitan a otras mujeres en el uso de tecnología como GPS, drones y alertas satelitales.
En Mongabay Latam reconocemos y promovemos el periodismo ambiental creado desde y para las comunidades indígenas. Este año realizamos varios talleres de capacitación para comunicadores y periodistas indígenas, enfocados en mapas satelitales, herramientas digitales y protocolos de seguridad, con el objetivo de profundizar en la investigación de historias y delitos ambientales.
La serie de talleres “Relatos de la Amazonía” combinó jornadas de diálogo sobre las problemáticas ambientales en América Latina con el intercambio de experiencias y reflexiones sobre las amenazas que enfrentan quienes cubren temas sensibles en la región, subrayando la importancia de contar con protocolos de seguridad física y digital.
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Imagen principal: pobladores indígenas de Colombia combinan artes de pesca tradicional, como arpones, flechas y las trampas, con mallas y anzuelos modernos. Foto: cortesía Camilo Díaz – WWF Colombia
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