Entre 2022 y 2024, 298 bancos canalizaron 138 500 millones de dólares a empresas transnacionales que desarrollan nuevos proyectos de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. El principal financiador de estos planes es el banco español Santander, que financió 9900 millones de dólares, seguido de JPMorgan Chase, con 8100 millones de dólares. Luego se suma a la lista el Citigroup, que acreditó 7900 millones de dólares; y el Scotiabank, que entregó un financiamiento de 7200 millones de dólares para estos proyectos de combustibles fósiles.
El 92 % del financiamiento bancario para la expansión de los combustibles fósiles en la región proviene de bancos fuera de América Latina y el Caribe, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y China. Estos datos están incluidos en el informe denominado “El rastro del dinero detrás de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe”, elaborado por Urgewald, de Alemania; Amazon Watch, de Perú y Ecuador; el Instituto Internacional Arayara, de Brasil; Conexiones Climáticas, de México; y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina.
Este estudio documenta cómo empresas gigantes como Petrobras, Pemex, Petroperú, ExxonMobil y Chevron reciben financiamiento para abrir nuevas fronteras de exploración y explotación de combustibles fósiles en uno de los ecosistemas más frágiles y esenciales: la Amazonía.
“Algunos bancos importantes han adoptado políticas para proteger la Amazonía, pero estas tienen poco impacto, ya que no se aplican al financiamiento a nivel corporativo para las empresas de petróleo y gas que operan en la Amazonía”, respondió a Mongabay Latam el grupo de expertos que realizó el trabajo.
Las cifras corresponden al período 2022-2024. Este medio pidió a los bancos Santander, JPMorgan Chase, Citigroup y Scotiabank información sobre el financiamiento que brindan a diferentes empresas, pero solo el JPMorgan Chase respondió: “Nos negamos amablemente a hacer comentarios”, dijo Danielle Nemeth, que es parte de la unidad de relaciones públicas de ese banco.
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Los demás financiadores no respondieron a los requerimientos de Mongabay Latam. En la lista también están el Bank of América, de Estados Unidos, que financió 6033 millones de dólares, y SMBC Group, de Japón, que entregó un financiamiento por el valor de 5475 millones de dólares. Ambas entidades bancarias no tienen un acceso a prensa en sus páginas web.
El informe revela que más de 190 compañías de petróleo, gas y carbón están expandiendo sus operaciones en 24 países de América Latina y el Caribe, con el respaldo financiero de estos bancos e inversionistas del norte global. “Los financieros e inversionistas del norte global alimentan la dependencia de América Latina al petróleo, lo que a su vez genera un círculo vicioso de deuda ecológica y convierte al bioma amazónico y a los territorios indígenas en zonas de sacrificio; otra manifestación más del colonialismo”, explicó Mary Mijares, directora de campañas corporativas de Amazon Watch.
El informe menciona que estos bancos de Europa, Norteamérica y Japón son los principales financiadores de las compañías petroleras y gasíferas, cuyos planes de expansión en América Latina y el Caribe se superponen muchas veces con territorios indígenas, ecosistemas frágiles y contradicen, dicen los expertos, los objetivos climáticos del Acuerdo de París.
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Además, en vísperas de la COP30, que se desarrollará en la ciudad de Belém, Brasil, las comunidades afectadas, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil de la región instan a los bancos e inversores a poner fin a su apoyo a la expansión de los combustibles fósiles.
En el documento también se destaca que más de 6400 inversores institucionales poseen 425 100 millones de dólares en acciones y bonos de empresas que desarrollan nuevos proyectos de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe.
Además, se informa que los tres principales inversores institucionales en la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe son Vanguard (40 900 millones de dólares), BlackRock (35 300 millones de dólares) y Capital Group (16 800 millones de dólares).
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“Las empresas estatales de petróleo y gas de América Latina dependen en gran medida del dinero extranjero. Los principales banqueros de Petrobras son MUFG de Japón y Scotiabank de Canadá. Pemex recibió la mayor cantidad de dinero de Citi; Ecopetrol de Colombia, de Scotiabank; y el principal financista de YPF es Santander”, destaca el documento.
En el documento se afirma que, desde el Acuerdo de París, más de 930 000 kilómetros cuadrados, un área mayor al territorio de Venezuela, se han abierto a la exploración de petróleo y gas en América Latina y el Caribe. Además, se muestra que, en los últimos tres años, las empresas han invertido 28 300 millones de dólares en la prospección de nuevas reservas de petróleo y gas en la región.
Esas empresas son: Pemex, que invirtió 9500 millones de dólares; Petrobras, que invirtió 2600 millones de dólares; ExxonMobil, 1800 millones de dólares; y Shell, con 1600 millones de dólares. “Con el inicio de las negociaciones sobre el clima en Belém, las empresas de petróleo y gas buscan nuevas reservas en 24 países de la región”, dice parte del texto.
Sobre los planes de desarrollo para nuevos yacimientos de petróleo y gas, el documento muestra que las empresas se preparan para añadir 25 000 millones de barriles de petróleo equivalente a sus carteras de producción en América Latina y el Caribe. Además, afirma que la quema de estos recursos emitiría el 7.7 % del presupuesto mundial de carbono restante de 1.5 °C.
“El 54 % de los recursos de hidrocarburos en desarrollo en América Latina y el Caribe están controlados por empresas internacionales. Sin embargo, la principal empresa es Petrobras de Brasil, que representa el 29 % de la expansión upstream en la región”, detalla el informe.
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Infraestructura de petróleo y gas
Heffa Schuecking, directora de Urgewald y una de las autoras del informe, explicó que las empresas petroleras y gasíferas planean construir cerca de 8800 kilómetros de nuevos oleoductos y gasoductos en toda la región, una distancia que se extendería desde La Habana, Cuba, hasta el extremo sur de Chile, dijo. “Todos los oleoductos están diseñados para el transporte de gas, excepto dos en Argentina”, detalló.
Además, resaltó que las empresas están construyendo 13 terminales de importación de Gas Natural Licuado (GNL) con una capacidad total de 36 millones de toneladas anuales (mtpa) y 19 terminales de exportación de GNL con una capacidad total de 97 mtpa. Estas últimas incrementarían la capacidad de exportación de GNL de la región en un 470 %.
“Brasil es responsable de la mayor parte de la expansión de la capacidad de importación. La expansión de la capacidad de exportación está impulsada por empresas con sede fuera de la región, principalmente estadounidenses”, explicó Schuecking.
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Ariel Slipak, coordinador de Investigación de FARN Argentina, explicó que el Oleoducto Sur de Vaca Muerta es un proyecto de 437 kilómetros que conectaría los yacimientos de fracturación hidráulica de Vaca Muerta con el Golfo de San Matías, en la Patagonia argentina. El proyecto también requiere la construcción de una nueva terminal portuaria con dos monoboyas que presentan importantes riesgos de derrame, aseguró Slipak.
La iniciativa está liderada por la empresa estatal argentina YPF, en asociación con varias empresas nacionales e internacionales, entre ellas Pan American Energy, BP, CNOOC, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell. Estas petroleras que operan en Argentina en este y otros proyectos de infraestructura vinculados niegan que existan riesgos de derrames e impacto ambiental.
“¿Apoyar un oleoducto que destruye la biodiversidad irremplazable del Golfo San Matías y nos conduce al futuro distópico descrito en los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)? Esto puede beneficiar a las compañías petroleras y a algunos bancos. Sin embargo, es un verdadero delito ambiental y perjudica la economía de la región y a la mayoría de la población», afirmó Slipak.
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En el informe se detalla que una audiencia pública para autorizar la construcción del puerto se limitó a los residentes de la provincia de Río Negro, aunque los impactos ambientales se extenderían a las costas de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. “Quienes apoyan el proyecto también impidieron el acceso a la audiencia a los participantes registrados con opiniones opuestas, incluidas las comunidades indígenas”, dice el texto.
En Perú se encuentra el Lote 64, cerca de la frontera con Ecuador, que es uno de los bloques petroleros más disputados de ese país. Se superpone a más de 7 600 kilómetros cuadrados de selva tropical y a las tierras de al menos 22 comunidades indígenas, entre ellas los achuar, wampís y chapra. En los últimos 30 años, su firme resistencia ha obligado a seis operadores petroleros a retirarse, deteniendo así la extracción.
Varias ciudades de América Latina y el Caribe ya sufren los impactos del cambio climático. Desde incendios forestales sin precedentes en Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y México hasta huracanes sin precedentes en el Caribe; desde sequías severas en la cuenca amazónica hasta las catastróficas inundaciones en Río Grande do Sul, que causaron la muerte de 184 personas, desplazaron a más de 420 000 y causaron daños por más de 15 000 millones de dólares en 2024.
Solo en Brasil, los desastres provocados por el clima han aumentado un 460 % desde la década de 1990. Cada año, olas de calor, tormentas, inundaciones y sequías dejan un rastro devastador de pérdidas económicas y vidas destrozadas desde Tierra del Fuego hasta el Golfo de California.
Imagen principal: fotografía tomada a una semana de un derrame de Petroecuador, en uno de los puntos de contención del crudo, en la provincia de Esmeraldas. Foto: cortesía Manuel Avilés / Revista Vistazo
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