En junio de 2023, policías de la Quinta Zona de Carabineros Valparaíso detuvo en dos ocasiones a la misma mujer —de iniciales M.A.L.C.— durante patrullajes preventivos. En ambas ocasiones, se la halló a bordo de una camioneta pick up con miles de cajetillas de cigarros ilegales, cuyo destino era distribuirse en la región.
La incautación decantó en una querella por parte del Servicio Nacional de Aduanas que, dos años después, reveló algo mucho peor: funcionarios de la misma repartición se habrían coordinado y aceptado coimas de una organización criminal radicada en Quillota para permitir el ingreso de cigarros ilícitos desde el norte al centro del país.
El núcleo del esquema operativo consistía en asegurar el paso de camiones de alto tonelaje cargados con cigarros de contrabando, principalmente de origen boliviano, a través de las avanzadas aduaneras de El Loa y Quillagua, en la Región de Tarapacá. Según las declaraciones de los involucrados y escuchas telefónicas, la organización pagaba entre $6 y $8 millones en efectivo por cada camión que evadía la fiscalización.
El principal funcionario implicado, descubierto a través de las diligencias de vigilancia, es Roberto Patricio Olivares Andrade, apodado por la banda como "El Pelao", quien figura como administrativo de la Aduana de Iquique, con licencia de educación media y una remuneración líquida de $1,2 millones según el registro de Portal Transparencia.
Según su declaración, era encargado de la Oficina de Denuncias Infraccionales de Aduana cuando fue contactado por “la pareja de una familiar lejana”, identificado como Christian, con quien coordinaba el paso de los camiones, por los que recibía “entre $1.500.000 a $3.000.000”.
El "modus operandi" de Olivares incluía simular revisiones, para las que se posicionaba en la parte posterior de los vehículos sin abrir la carga o simplemente autorizar el paso tras un contacto visual o telefónico con los líderes de la banda.
Registros fotográficos y seguimientos de la Policía de Investigaciones captaron a Olivares facilitando el paso de camiones de la organización sin realizar controles reales. En las escuchas, los transportistas expresaban su preferencia por trabajar con Olivares debido a que ya los conocía y garantizaba un paso seguro, a diferencia de otros funcionarios con quienes el riesgo era mayor.
En esta línea, “El Pelao” no sería el único funcionario implicado. La investigación ha puesto bajo la lupa a otros empleados de Aduanas que habrían participado en actividades ilícitas. Según la declaración del propio Roberto Olivares, al menos otros ocho funcionarios aduaneros estarían implicados en la red de corrupción, pero la investigación aún no se ha cernido sobre ellos.
La banda
La organización operaba desde fines de 2023 transportando cargamentos ilícitos desde Bolivia hacia la zona central del país. Según las declaraciones de los imputados, el grupo adquiría “pacas” de cigarros en aparcaderos cercanos al cerro El Chuño en Arica, pagando a proveedores bolivianos exclusivamente en efectivo.
Para asegurar el éxito de la operación, utilizaban vehículos "punta de lanza" que alertaban sobre controles policiales y pagaban hasta $1.500.000 a los choferes por cada "vuelta" exitosa. A ello, se suman las millonarias coimas a los funcionarios aduaneros.
Según la carpeta investigativa, como líder y financista de la organización figura David Isaac Tapia Basáez, encargado de coordinar la logística de internación y los pagos a proveedores extranjeros. Junto a él, Luis Abraham Fernández Fernández gestionaba el transporte y la entrega a receptores mayoristas en Santiago y la Región de Valparaíso.
Las ganancias
En noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Aduanas estimó la introducción ilícita de 1.103.000 cajetillas en $2.749 millones. En tanto, un informe de la PDI logró establecer que la organización delictual habría generado ganancias ilícitas con las que adquirieron más de $1.129 millones en activos, correspondientes a bienes muebles e inmuebles.
Para ocultar el origen del dinero, la banda utilizaba una red de empresas de fachada, como Importadora y Transporte de Carga por Carretera Tapia SpA y Ruiz y Ruiz Limitada. Estas sociedades permitían el blanqueo de capitales mediante la adquisición de camiones, vehículos de lujo y bienes inmuebles, otorgando una apariencia de legalidad a las millonarias ganancias del contrabando.
Estas empresas servían para "bancarizar" a los miembros de la banda y dar una apariencia de legalidad a ingresos que, en realidad, provenían de la venta de cigarros ilegales en localidades como Ocoa, Lampa y Santiago.
Actualmente, los principales implicados se encuentran bajo custodia en el Centro Penitenciario de Quillota, mientras la Fiscalía de Valparaíso continúa las diligencias para determinar el alcance total de la red.
Por ahora, la investigación sugiere que la red de corrupción podría extenderse a unidades estratégicas de Aduanas, incluyendo la Unidad de Análisis de Riesgo y el staff de directivos regionales.
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