Tras reiteradas denuncias de diferentes comunidades en distintos sectores del país, dos parlamentarias han impulsado una solicitud para una comisión especial investigadora que busca monitorear los conflictos que ha generado la empresa Aguas San Isidro, con presencia en varias regiones de Chile. 

En concreto, la comisión pretende reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno, en especial el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio de Obras Públicas y de Salud a través de sus respectivas seremias de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. 

“Lo anterior, respecto de los graves problemas sanitarios y ambientales generados por la Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro (ESSSI) en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. La Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para el buen desempeño de su mandato”, se lee en la solicitud a la que tuvo acceso Interferencia.

La iniciativa está impulsada por las diputadas Viviana Delgado y Camila Musante, ambas independientes. Esta última señaló a este medio que “se trata de una empresa que cuenta con muchos casos en todo el país y no sólo de contaminación, sino también de un comportamiento incumplidor con la normativa. Conozco de cerca su realidad por lo que han hecho en sectores como Isla de Maipo, y entiendo la necesidad de fiscalizar sus externalidades negativas para las comunidades”. 

Delgado, por su parte, comentó a Interferencia que “hay muchas preguntas y fiscalizaciones sin respuesta. No es que las industrias sean enemigas, pero deben hacerse cargo de las externalidades molestas que provocan. En ese sentido, también presentamos la Normativa de Olores a nivel país, porque aunque no se crea, es el segundo mayor reclamo frente al Ministerio del Medio Ambiente por parte de las comunidades”. 

“Vamos a llamar a todos los incumbentes en esto: a todos los representantes del Gobierno involucrados, las comunidades e incluso a representantes de la empresa, porque si logramos determinar lo que no se ha hecho, podemos evacuar un informe al respecto. Podemos dejar en evidencia los hechos que se han denunciado por años y comenzar a dar una solución. Y también ver de qué manera empezamos a sentar un precedente para que las empresas tomen cartas en el asunto antes de comenzar los proyectos y no una vez que el daño ya está hecho”, apuntó la parlamentaria. 

Aparece la realidad de vecinos de Pichidangui y sus dificultades para acceder a agua potable; la contaminación del Humedal Los Molles; el material contaminante que surge desde las instalaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro en Labranza.

En efecto, en el documento de solicitud se describen varios casos en distintos lugares del país, con distintos alcances y realidades, pero todos con efectos negativos para las comunidades afectadas. 

Así, por ejemplo, aparece la realidad de vecinos de Pichidangui y sus dificultades para acceder a agua potable; la contaminación del Humedal Los Molles; el material contaminante que surge desde las instalaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro en Labranza; las malas prácticas de ESSSI en la Región de la Araucanía en Pillanlelbún, localidad de la comuna de Lautaro, donde la empresa tiene instalada una planta de aguas servidas; la denuncia de 400 casas nuevas de la Villa Pintor Pablo Burchard de la comuna de Padre Hurtado, que no contaban con agua caliente, ya que las cañerías estaban llenas de sarro, afectando la presión de los calefón, provocando que los vecinos tengan que recurrir al agua embotellada para cocinar y al agua fría para ducharse; entre varios otros casos. 

Desde la "Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro" que reúne a los diferentes dirigentes vecinales y ambientales de Pichidangui, Quilimarí, Los Molles, Padre Hurtado, Quilicura, Labranza y Puerto Montt afectados por los malos servicios sanitarios de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A (ESSSI) se refirieron a las denuncias que han elevado en contra de la compañía. 

“La empresa presta servicios deficientes en todas las localidades en que se encuentra emplazada, lo que ha generado la molestia y preocupación de los vecinos. Aguas San Isidro ha presentado casos sistemáticos de agua turbia y con sarro, malos olores y desabastecimiento de agua potable en Pichidangui”, acusan las comunidades afectadas.

“Consideramos que los organismos de la administración del Estado encargados de la aprobación de los proyectos de la empresa, de su fiscalización, sanción y seguimiento deben ser investigados por poner en grave riesgo la salubridad pública de más de 30.000 habitantes y el medio ambiente en las localidades en que la empresa se encuentra emplazada”, apuntaron en una declaración hecha a Interferencia.

En esa línea, expresaron que “la empresa presta servicios deficientes en todas las localidades en que se encuentra emplazada, lo que ha generado la molestia y preocupación de los vecinos. Aguas San Isidro ha presentado casos sistemáticos de agua turbia y con sarro, malos olores y desabastecimiento de agua potable en Pichidangui, Los Molles, Padre Hurtado, Labranza y Puerto Montt, casos tan graves que inclusive en Labranza vecinos han denunciado que la empresa provocó una 'lluvia de caca', y también provocó que aproximadamente 100 personas presentaran problemas gastrointestinales", consignan.

"Repercusión también género a fines del año pasado las denuncias de la ex seremi de Desarrollo Social que acusó presiones indebidas por parte del Gobierno para aprobar un proyecto de San Isidro en Quilicura, el que era fuertemente resistido por la comunidad por la posible afectación de malos olores y daño ambiental al Humedal de Quilicura. Ya que la empresa también es reconocida por su contaminación a la desembocadura del Río Quilimarí, al Humedal Estero Los Molles, al Estero Botrolhue en Labranza y al Río Trapén en Puerto Montt”, agrega el documento.

“Varias han sido las denuncias de la comunidad, oficios presentados por parlamentarios y también sentencias judiciales que ponen en evidencia el actuar de la empresa, por lo que esperamos que los diputados y diputadas en su rol fiscalizador investiguen las responsabilidades de los organismos públicos que han permitido este historial de negligencias que persisten hasta la fecha, especialmente el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ha tenido motivos suficientes para caducar las concesiones sanitarias de esta empresa, que representa un peligro para la salubridad y protección ambiental del país”, agregaron.