Dos expresiones describen con especial claridad lo ocurrido ayer en el esperado pleno de la Corte Suprema, después de semanas negras con actos que vinculan a algunos de sus miembros con posibles delitos de corrupción, entre ellos el tráfico de influencias.

Ambas frases están escritas en piedra: “problema postergado, problema solucionado”; la segunda: “cuando Dios no está la Suprema lo reemplaza”.

Y así  ocurrió -luego de casi seis horas en que deliberaron los altos magistrados-, cuando la vocera, Soledad Melo, se plantó frente al micrófono y leyó con detención el acuerdo adoptado por el ampliado de ministros.

Sin embargo -y tal como se comentaba en los pasillos de tribunales- la determinación tendría un tinte salomónico y ungüentado por la virtud aristotélica de la “prudencia”.

La primera de ellas apuntó al mejoramiento del sistema de nombramientos que para el caso de los supremos, tiene tres instancias. Es decir, el máximo tribunal elige una quina, de ella el Presidente en ejercicio elige a uno, que debe ser confirmado por dos tercios de los senadores. En otras palabras participan los tres poderes del Estado, donde se cuela el lobby de los sectores políticos.

Melo indicó que es necesaria una modificación “para asegurar la transparencia y objetividad en la selección de los oponentes, tarea en la que persistirá y que motivó la convocatoria a un pleno extraordinario el día de hoy”.

Otro de los puntos que Melo explicó es que la función jurisdiccional debe ser separada de la administrativa para mejorar “los asuntos relativos al gobierno judicial”. A renglón seguido, recordó que el tema ya había sido discutido con anterioridad en una de las tantas Jornadas de Reflexión. “Este parecer fue reiterado durante los dos procesos constitucionales”, recordó.

Recién ahora

Aún cuando la comisión de ética existe, el acuerdo del Pleno, resolvió: “Atendido los hechos que son de público conocimiento y que se han revelado a través de los medios de comunicación social, este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial para nuestra judicatura”.

Lo llamativo es que la Suprema tomará como insumo el Código de Ética Judicial Iberoamericano que data de 2014, pero que modificará un auto acordado que existe de 2007.

Sin decirlo, la determinación aludió a los mensajes de WhatsApp revelados por Ciper, donde el ahora ex magistrado Juan Poblete operaba con el ex ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, para conseguir las preferencias parlamentarias en favor de María Teresa Letelier. Esta última logró llegar al segundo piso del palacio, gracias a esas y otras gestiones.

Poblete hoy está formalizado y en prisión preventiva por interceptaciones ilegales que otorgó a la inteligencia militar, cuando era el encargado de resolver las solicitudes amparadas en la ley del ramo.

Colaboración

No fue todo. Los supremos acordaron reconocer la “autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación (Ministerio Público), estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan”. 

Además, trasladar el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros a una instancia independiente y conformar la ya tradicional mesa de trabajo que integre los otros poderes del Estado. A saber, invitar al ministro de Justicia y a los miembros “de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas cámaras”.

Al contestar preguntas de los medios presentes, se indicó que si bien eventuales delitos no podían ser descartados de plano, se declinó pronunciarse sobre casos particulares.

La oportunidad

Cerca de una hora más tarde, la ministra Ángela Vivanco se refirió a su intención de que el fiscal nacional, Ángel Valencia la recibiera en audiencia. Lo anterior, luego que Ciper revelara parte de los contenidos en el celular del abogado Luis Hermosilla y que son parte de la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.

Vivanco insistió en que el Pleno “dio una buena orientación (...) en el sentido que esta problemática se dirija fundamentalmente a ver cuáles son los resortes que nosotros tenemos desde el punto de vista ético (...)”.

En ellos constan las gestiones de la pareja de Vivanco, quien le ofreció a uno de los candidatos a fiscal nacional, Carlos Palma, un doctorado y que sería nombrado como titular del Ministerio Público Centro Norte.

Al respecto, Vivanco aseguró que la jefa de gabinete de Valencia le envió un mail, respondiéndole.

“Se cumplió el propósito que tenía de hablar con él”, dijo.

Y agregó: “Se cumplió el propósito que yo tenía de hablar con él, porque me dice que ellos (la fiscalía) van a revisar la situación y van a investigar (...) y que como el tema está empezando a judicializarse, que no es oportuno en este momento”.

A renglón seguido explicó que una eventual reunión “ya no tiene sentido porque ya se ha hecho lo que yo quería que se hiciera”.

En el punto de prensa, Interferencia la inquirió.

- Ministra, pero en el fondo el fiscal nacional le dijo que no. Ese es el tema de fondo.

- El fiscal nacional (...) dice que no es oportuno reunirse conmigo todavía, pero ya pierde oportunidad (...).

Sobre la actuación de su pareja, se le preguntó.

- Ministra, el tema es que él es su pareja, no es cualquier persona.

- Él es mi pareja.

- Perdone que se lo pregunte pero si usted vive con él entonces resulta difícil creerle de que nunca habló con él sobre esto (las gestiones mencionadas), ni se lo comentó .

- Es que ese es un tema que si alguien tiene que resolverlo, se tiene que resolver en otra instancia .

- Entonces usted nunca se enteró.

- De esto no. En absoluto.

Vivanco insistió en que el Pleno “dio una buena orientación (...) en el sentido que esta problemática se dirija fundamentalmente a ver cuáles son los resortes que nosotros tenemos desde el punto de vista ético (...)”.

Ante la consulta sobre “si la Corte Suprema es corrupta”, Vivanco respondió: “Yo creo que  un organismo que toma medidas, que se preocupa de los problemas, que está a disposición del Ministerio Público y que se busca la mayor transparencia, no es un organismo corrupto (...).