En 2021, Contraloría emitió un duro informe contra la administración del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), cuestionando el pago de millones en horas extras no acreditadas a diferentes funcionarios del municipio. Entre ellos, figuraba el entonces director jurídico y actual diputado por el Partido Republicano, Agustín Romero Leiva, quien recibió $11 millones en horas extras no acreditadas.

En detalle, el informe de auditoría describe que Romero recibió horas extras en meses en que no registró asistencia, sábados en los que no registró ingreso al edificio consistorial e, incluso, por firmas en el libro de asistencia en un día en que estaba con permiso administrativo. 

Contraloría ordenó a la siguiente administración municipal, encabezada por Irací Hassler (PC), recuperar dichos montos y realizar un sumario administrativo. Con ese fin, la Municipalidad de Santiago interpuso un recurso de desafuero contra Romero y presentó una querella contra los funcionarios implicados en el pago irregular de horas extras.

La corte cuestionó a la gestión de Irací Hassler: “se limitó a presentar una querella criminal y a enviar una carta de cobranza al demandado; echándose en falta el pertinente sumario administrativo".

El caso ha tardado años y la nueva administración a cargo de Mario Desbordes (RN) no logró llevar a buen puerto el intento por recuperar los dineros. Es más, en diciembre de 2024, el municipio acordó la suspensión temporal del cobro con la defensa del diputado Romero, por 60 días.

El tiempo pasó y finalmente este martes 2 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago emitió su fallo con el que rechazó el cobro de los $11 millones contra Romero. 

¿El argumento? La corte concluyó que los decretos de pago de las horas extras cuestionadas gozan de una presunción de legalidad. De modo que, si la municipalidad considera que son ilegales, debió haber iniciado un proceso invalidatorio. Proceso que, según la defensa de Romero y el propio tribunal, nunca se llevó a cabo.

Además de los problemas con la validez de los decretos, la corte sostuvo que los informes de auditoría de Contraloría no constituyen título ejecutivo, sanción, ni declaración de deuda líquida y exigible contra el demandado.

Vale decir, que los informes de auditoría sólo son válidos como un proceso de fiscalización, a partir del cual se pueden perseguir responsabilidades administrativas o judiciales posteriores.

Críticas a la gestión Hassler

El tribunal dio un mazazo a las decisiones adoptadas durante la administración Hassler. 

En su fallo, la corte cuestionó la falta de acción efectiva de la Municipalidad de Santiago, acusando que la gestión de Irací Hassler “se limitó a presentar una querella criminal y a enviar una carta de cobranza al demandado; echándose en falta el pertinente sumario administrativo destinado a perseguir la responsabilidad administrativa de aquellos a quienes correspondiéndole el cuidado y la buena administración de los recursos públicos y no lo hicieron, permitiendo el pago de eventuales servicios a los funcionarios municipales que, en realidad, no lo prestaron”. 

En la misma línea criticó al municipio por no investigar administrativamente “la eventual alteración o falsificación de las tarjetas de asistencia, etc; para lo cual era menester realizar un informe por peritos calificados la materia, nada de lo cual consta que se haya realizado”. 

El tribunal estimó que cada parte pague sus costas.

Contactado por Interferencia, el diputado Romero declinó referirse al fallo. Por parte de la municipalidad, hasta el momento del cierre de este artículo, no se pronunciaron a nuestras consultas.