El Tribunal Constitucional rechazó por nueve votos contra uno el intento del gobierno de José Antonio Kast de anular el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción Nacional, la norma de la megarreforma que obliga a las empresas de electricidad, agua potable y gas a reconectar gratis a hogares y MiPymes en zonas declaradas en estado de catástrofe. El beneficio alcanza incluso a quienes tenían el servicio cortado por no pago. El Ejecutivo pidió borrar esa norma del texto; el TC se lo negó.

El pleno, presidido por la abogada María Pía Silva, escuchó durante veinte minutos el alegato del abogado Joaquín Palma Cruzat, representante del Presidente. La disposición rige para las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, y fue impulsada en el Congreso por la diputada Ana María Gazmuri y otros parlamentarios.

El requerimiento lo firmaron Kast y cuatro de sus ministros: Hacienda (Jorge Quiroz), Segpres (José García Ruminot), Obras Públicas (Louis de Grange) y Energía (Ximena Rincón). Su argumento fue formal, no de fondo: dijeron que el artículo se coló en el proyecto sin relación con su objetivo original —financiar la reconstrucción y reactivar la economía con incentivos tributarios— y que por eso vulnera el artículo 69 de la Constitución, que impide agregar materias ajenas a las ideas centrales de un proyecto de ley.

El detalle no es menor: de todo el articulado de la megarreforma, la norma que el gobierno llevó al TC fue justamente la que beneficia en forma directa y gratuita a los hogares y pequeños negocios damnificados.

Sobre ese argumento formal, Palma sumó uno de fondo: que el plazo de 48 horas para reconectar gas y electricidad ignora los protocolos de verificación caso a caso que hoy exige la normativa sectorial para evitar explosiones o fugas, y que expone a las cuadrillas y a las propias comunidades. Lo resumió así ante el tribunal: "estamos introduciendo al ordenamiento jurídico un precepto que arriesga vidas".

La posición del gobierno tuvo el respaldo de los gremios del sector —gas, eléctricas y sanitarias—, que también recurrieron al TC contra el artículo. Pidieron una audiencia propia para alegar y el tribunal se las negó, remitiéndose a los escritos ya presentados.

El TC entregará la votación completa y los fundamentos del fallo dentro del plazo constitucional. Tras conocerse la decisión, el subsecretario del Interior llamó a acatar el rechazo de la impugnación del gobierno.