Entre los 56 decretos de rebaja de condena que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha firmado desde marzo a reos por delitos sexuales contra menores de edad, Interferencia está en condiciones de mostrar dos casos que permiten ver cómo operó el mecanismo.
El primero corresponde a un hombre condenado por abusar de una menor de 16 años con discapacidad intelectual, y el segundo por violar a un niño de 10 años. Ambos cumplían pena en la Región de Valparaíso, uno en el penal de Petorca y el otro en el de Casablanca.
La información se da a conocer en exclusiva por Interferencia durante este viernes, pues durante esta jornada se deslizó que la responsabilidad de la revisión de solicitudes de rebajas de condenas de casos tan escabrosos como estos, fue delegada a mandos medios como la jefa de gabinete ministerial, Paula Bagioli, la jefa de la Unidad de Reinserción Social, y Fabiana Castro o la abogada Trinidad Zegers. Aunque, los documentos que el lector puede ver en este artículo llevan las firmas de las más altas autoridades de la cartera; el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva.
Esta redacción tiene en su poder varios otros casos, los cuales están siendo sometidos a un riguroso escrutinio jurídico, periodístico y ético para determinar una forma óptima de ser revelados a la opinión pública.
El caso Gómez Mondaca
Waldo Gómez Mondaca tenía 62 años cuando, en junio de 2017, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso lo condenó por abuso sexual contra una joven de 16 años con discapacidad intelectual. Los hechos ocurrieron en febrero de 2014 y, según la sentencia, el acusado se aprovechó de que la víctima no podía oponerse. Recibió una pena única de 10 años de presidio de cumplimiento efectivo, fallo que incluyó un segundo abuso sexual contra una persona adulta con graves problemas de salud, además de cinco años de inhabilitación para trabajar con menores una vez en libertad.
El decreto exento N° 2520, del 31 de julio de 2026 lleva la firma principal de Fernando Rabat Celis, además del visado del subsecretario Luis Silva, quienes le otorgó una rebaja de 21 meses: el término de su condena pasó del 19 de enero de 2028 al 19 de abril de 2026. La Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso había enviado su postulación el 20 de julio, once días antes, y Gómez estaba recluido en el penal de Casablanca.
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El caso de Orellana
El 18 de septiembre de 2017, dos personas sorprendieron a Héctor Orellana Araya cometiendo una agresión sexual contra un niño de 10 años en Los Andes. Fue detenido en flagrancia. En febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de esa comuna lo condenó por violación de persona menor de 14 años a 10 años de presidio de cumplimiento efectivo, con inhabilitación perpetua para trabajar con menores y vigilancia de la autoridad por una década tras salir.
El decreto exento, del 24 de junio de 2026, rebajó su condena en 18 meses y movió el término de su pena del 18 de septiembre de 2027 al 18 de marzo de 2026. Esta vez, la firma principal del decreto es de Luis Silva, el subsecretario de la cartera, quien entonces ejercía como ministro subrogante. La postulación también había sido remitida seis días antes por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, con Orellana recluido en el penal de Petorca.
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“Jurídicamente impedido”
Los dos decretos repiten casi palabra por palabra dos considerandos. Sostienen que la Ley 21.421 tiene carácter penal y no puede aplicarse a hechos anteriores. Por eso, dicen, el Ministerio está “jurídicamente impedido” de negar la rebaja con la causal de la letra e) del artículo 17 de la Ley 19.856, aun reconociendo la “especial gravedad” de esta clase de delitos.
El argumento central es que la autoridad no tiene margen para rechazar el beneficio por la gravedad del delito ni por el bien jurídico protegido, y que una decisión distinta solo provocaría litigios innecesarios. Es la lectura que el Gobierno da a cada una de estas rebajas, y es también el principal blanco de críticas por parte de la oposición, la que ha afirmado que estas rebajas de condenas corresponden a beneficios legales y no derechos, por lo que la autoridad tiene un margen ejecutivo.
Blindajes e hilos cortados por lo más delgado
En medio de la creciente crisis política desencadenada por la concesión de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los Derechos Humanos, la estrategia de control de daños desplegada por el Ejecutivo ha comenzado a concentrar las responsabilidades en los mandos medios de la cartera.
En las últimas horas, la atención pública y las críticas internas han sido redirigidas hacia el trabajo de revisión técnica de los expedientes, apuntando de forma directa a la funcionaria Trinidad Zegers, encargada del filtro e informe de las solicitudes, según dio a conocer T13. Asimismo, también se han mencionado los nombres de Paula Bagioli, jefa de gabinete ministerial, y Fabiana Castro, jefa de la Unidad de Reinserción Social, consignó The Clinic.
Este desplazamiento del foco administrativo se ha interpretado como un intento de contener el impacto político de la controversia y erigir un blindaje preventivo en torno al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario del ramo, Luis Silva, trasladando la falta de rigurosidad a supuestas falencias operativas del personal técnico de menor rango antes que a una decisión o falta de supervisión política del gabinete de José Antonio Kast. Algo que busca hacer suponer a la opinión pública que Rabat y Silva no conocieron casos como los de Gómez y Orellana, lo que resulta al menos dudoso, dada la alta connotación social que tienen los abusos de menores (los que además suman 56 en un año).
A la par de este cerco sobre la línea administrativa, las autoridades ministeriales han intentado contener la ofensiva legislativa apelando a la existencia de interpretaciones judiciales contrapuestas y vacíos legales.
Tras anunciar la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y el envío de proyectos con discusión inmediata para cerrar el beneficio a delitos cometidos antes de 2022, el propio ministro Rabat justificó la medida señalando: “Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022. Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.
Con esta narrativa, que busca responsabilizar al marco normativo vigente y a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el alto mando de la cartera intenta dar por subsanado el flanco de responsabilidades políticas, mientras el oficialismo procura dar por encauzado el conflicto antes de que escalen las amenazas de interpelación parlamentaria.
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