El día 9 de junio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sinceró un flanco en el corazón de las promesas de campaña de José Antonio Kast: la imposibilidad de llegar al equilibrio fiscal. En la presentación del Decreto de Política Fiscal, el Ejecutivo fijó una nueva trayectoria que proyecta reducir el déficit estructural desde un 2,6% del PIB este año hasta un 1,5% en 2030, lo que implica que el balance seguirá siendo negativo al cierre del período presidencial. 

La admisión no es menor. Durante la campaña, el retorno al equilibrio fiscal fue uno de los pilares del programa económico de Kast, presentado como la contracara "responsable" frente a la gestión del gobierno anterior. El decreto establece una disminución gradual del déficit estructural —de 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030—, postergando así el objetivo de un balance estructural equilibrado para una administración futura. 

Para justificar el cambio de rumbo, Quiroz apuntó a la herencia recibida. "La situación fiscal que encontramos, al asumir, fue más compleja. Nos encontramos básicamente con una ley de presupuestos desfinanciada, a causa de ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos", cuestionó el ministro. 

El diagnóstico tiene consecuencias concretas y urgentes. A comienzos de junio, Quiroz anunció el ingreso de un proyecto de ley para solicitar al Congreso autorización para elevar el techo de endeudamiento en US$6.200 millones adicionales, una cifra que encendió alarmas en el mercado. Según cálculos de distintos expertos, si se utiliza el máximo de la nueva deuda autorizada, la deuda pública subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de 45% autoimpuesta por el gobierno anterior y validada por el Consejo Fiscal Autónomo, límite que se traspasaría ya en 2027. 

El propio ministro reconoció parte de ese riesgo, aunque con cautela. "Nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos el propósito de no sobrepasar eso. Va a tener que coincidirse con otras medidas", señaló. 

El escenario fiscal se cruza con un panorama laboral que el propio Kast calificó como crítico. El Presidente advirtió que el país enfrentará meses complejos en materia de empleo, particularmente entre julio y octubre, y llamó al sector privado, al Parlamento y a distintos actores sociales a colaborar. "Son meses muy difíciles los que vamos a enfrentar ahora. Hay familias que no llegan a fin de mes", afirmó. 

Kast reconoció que Chile tiene "las tasas de desempleo más altas de todo nuestro continente" y advirtió que, si bien se esperan nuevas inversiones, sus efectos podrían tardar entre seis meses y un año y medio en materializarse. En ese contexto, hizo un llamado explícito a contratar.

Quiroz, por su parte, sostuvo que las metas fiscales no dependen exclusivamente de ajustes presupuestarios, sino también de la recuperación del crecimiento económico. "Sería muy difícil lograr una consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello", señaló. El ministro anunció además que el foco del ajuste estará en la eficiencia del gasto antes que en recortes a beneficios sociales, apuntando a programas públicos con "diseños ineficientes" y a una modernización de las empresas estatales.

Todo a Seguridad

El Presidente José Antonio Kast ha redefinido el rumbo de su administración, situando la seguridad ciudadana como la prioridad absoluta de su gestión tras un complejo inicio de mandato. En su primera Cuenta Pública, que se extendió por 144 minutos, el mandatario calificó la situación actual del país como una "emergencia" en áreas sociales, económicas y de seguridad, marcando un punto de inflexión para retomar el control de la agenda pública

Este enfoque representa un cambio rotundo respecto a los objetivos de los primeros días, cuando la prioridad central era el balance de las finanzas públicas. Debido a la crisis de seguridad que no da tregua, el Ejecutivo ha optado por anteponer un robusto plan de orden público, admitiendo implícitamente que la salud de la economía depende, sin excusas, de volver a dominar la seguridad en el espacio público.

Para sustentar esta ofensiva, el Ejecutivo realizó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, concretándose a solo 70 días de haber asumido. El movimiento incluyó la salida de Trinidad Steinert: La anterior titular de Seguridad dejó el cargo tras una serie de errores de gestión, cuestionamientos a sus facultades legales y la falta de un plan estructurado.

Junto a ello, el ascenso de Martín Arrau. El exministro del MOP y hombre de confianza de Kast asumió Seguridad. Aunque carece de experiencia técnica previa en el área, su designación se basa en su capacidad de gestión, disciplina y lealtad política.

Para complementar lo anterior, se realizó también un reforzamiento político, donde Claudio Alvarado (Interior) asumió también la vocería de Gobierno (Segegob), buscando unificar la conducción política y comunicacional.

Como pilares de la ofensiva, durante su mensaje ante el Congreso Pleno, el Presidente Kast anunció medidas concretas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, las cuales se estructuran en tres frentes. 

El “Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades”, herramienta que sancionará a quienes participen en desmanes, prohibiéndoles el acceso a prestaciones estatales clave, tales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el subsidio de arriendo.

El Control Territorial y Fuerzas de Tarea, política que implementará un Plan de Intervención Barrial Intensivo, que busca intervenir 50 zonas críticas a nivel nacional mediante tácticas de copamiento policial. Paralelamente, se crearán siete unidades especializadas bajo el Ministerio de Seguridad para combatir delitos como el sicariato, secuestro, ciberdelito y crimen organizado, reforzando la vigilancia en puertos y fronteras.

Además, en infraestructura y legislación, el Gobierno apostará por habilitar más de 20 mil nuevas plazas en el sistema penitenciario. En paralelo, se impulsarán urgencias legislativas para ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y aumentar las penas para quienes actúen encapuchados en actos de violencia.

Con este giro, el Ejecutivo busca transformar su agenda, dejando atrás las promesas iniciales para enfocarse en una respuesta tangible a la emergencia que, según el mandatario, atraviesa al país. La interrogante que persiste es si la capacidad de ejecución estará a la altura de las altas expectativas ciudadanas.