Una materia sensible en el control fronterizo para la Policía de Investigaciones (PDI) es el reconocimiento de las personas que ingresan al país. Para ello, la institución policial registra características de identificación personal como el rostro, huellas dactilares y la voz a través de una herramienta llamada Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS). 

En ese contexto, el 27 de abril de 2026, un informe técnico de la PDI concluyó que dado el carácter crítico del sistema tecnológico era necesaria la continuidad del servicio por parte de NEC Chile S.A., pues “resulta técnicamente imprescindible para garantizar la estabilidad operativa, la seguridad de la información biométrica y el correcto funcionamiento del sistema ABIS en el contexto de las funciones críticas que cumple para la institución”.

Posteriormente, la resolución N°15 fechada el 30 de abril aprobó el Servicio de Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica ABIS, Región Policial Arica - Parinacota por un monto total de $930.128.172 a la empresa NEC Chile S.A.

En adición, el contrato suscrito entre la PDI y NEC Chile S.A. respecto a los servicios de mantenimiento a desarrollar coinciden de manera casi exacta con el documento: “Propuesta de mantenimiento período: mayo 2026 a abril 2021. Plataforma de Identificación de Datos Biométricos Automatizados ‘ABIS’ PDI Arica”, que la propia empresa elaboró y presentó a la PDI con fecha de abril de 2026.

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Propuesta NEC Chile. S.A.

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Contrato entre PDI y NEC Chile S.A.

Lo anterior adquiere particular relevancia considerando el historial reciente de NEC Chile S.A. como contratista del Estado. Un informe de la Contraloría identifica una serie de fallas atribuibles a NEC Chile S.A., adjudicataria del contrato de televigilancia en la comuna de Padre Hurtado, que abarcan desde deficiencias operativas hasta incumplimientos de plazos y omisión de permisos legales. Las inspecciones constataron que varias cámaras PTZ y postes inteligentes no transmitían imágenes en directo a la central de monitoreo, y que la empresa no acreditó la integración del sistema de lectura de patentes con la API de Carabineros ni la incorporación de las 21 cámaras preexistentes de la comuna, ambas exigencias explícitas de las bases.

A eso se suman irregularidades en garantías y seguros: el proyecto estuvo sin garantía de fiel cumplimiento vigente entre el 13 y el 18 de marzo de 2025, lo que derivó en una multa de $2.077.950 pagada por la empresa en octubre del mismo año. La póliza de responsabilidad civil presentada incluía además un deducible del 10%, en directa contravención a las bases administrativas, que lo prohibían expresamente.

En materia de certificación, NEC Chile S.A.—junto a su subcontratista Webpcx Ingeniería Limitada— no entregó oportunamente los documentos de trazabilidad de materiales y equipos, y parte de los certificados técnicos fueron emitidos con fecha posterior a la instalación. La Contraloría estableció también que la empresa no concluyó sus obligaciones dentro del plazo original e inició la operación de los equipos sin contar con todas las autorizaciones legales requeridas.

La única multa con monto específico registrada en la auditoría corresponde a los $2.077.950 aplicados contra NEC Chile S.A. por el período sin garantía vigente. Sin embargo, la Contraloría no solo observó el incumplimiento de NEC Chile S.A.: también detectó una inacción del municipio en la tramitación de la sanción. Aunque el hecho se constató en marzo de 2025, el cobro recién se materializó en octubre —mediante la orden de ingreso municipal N° 19.345— después de que el propio organismo contralor solicitara información al respecto. 

Para los demás incumplimientos técnicos identificados, el informe no consigna multas adicionales con montos específicos, sino que instruye al municipio a exigir los mantenimientos correctivos pendientes y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Interferencia consultó al Departamento de Comunicaciones de la PDI por los criterios de adjudicación y la dependencia del documento elaborado por el propio proveedor. Al cierre de esta edición, la institución no había respondido.