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Miércoles, 21 de abril de 2021
Desde el estallido social a la fecha

Vecinos de Plaza Dignidad acusan desprotección de tribunales por uso indiscriminado de lacrimógenas

D. Ortiz
J. Riffo
F. Velásquez

Las comunidades de los barrios Parque Forestal, Lastarria y Bellas Artes han presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para controlar el lanzamiento de gases tóxicos en el sector, los que han sido continuamente desestimados por la Justicia.

El 29 de diciembre de 2019, un grupo de vecinos pertenecientes al denominado ‘Eje Dignidad’ -que abarca los barrios de Parque Forestal, Lastarria, Bellas Artes y los sectores aledaños a la zona que concentra las manifestaciones desde el estallido social- presentaron un recurso de protección en contra de Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior para resguardar garantías constitucionales.

En el texto, los comparecientes indicaban ser “todos vecinos del barrio patrimonial Lastarria, Bellas Artes y Parque Forestal, de la comuna de Santiago, un barrio que con el paso de los años, pese a transformarse en uno de los principales polos turísticos, gastronómicos y culturales de la ciudad, sigue conservando un importante componente residencial, al albergar en su seno a una importante comunidad de vecinos que, en estos días y tras el estallido social experimentado en nuestro país a partir del día 18 de octubre pasado, se ha visto especialmente afectada en su vida diaria a consecuencia del uso indiscriminado por parte de la fuerza pública, de gases lacrimógenos, gas pimienta, y otras sustancias que han afectado gravemente nuestra integridad física y psíquica, así como la de nuestros hijos, familias y mascotas”.

El portazo desde Tribunales a la solicitud de los vecinos de disminuir y controlar el uso de gases tóxicos en el sector no era nada nuevo. Según relatan, este recurso fue uno de los pocos que fue tramitado por la Justicia, otros ni siquiera fueron acogidos. 

El recurso fue acogido y finalmente rechazado en marzo de 2020 por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimando los argumentos de los vecinos y señalando que “no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente que en las manifestaciones hubiere acontecido alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de sus derechos a la integridad física o psíquica, inviolabilidad del hogar y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. 

El portazo desde Tribunales a la solicitud de los vecinos de disminuir y controlar el uso de gases tóxicos en el sector no era nada nuevo. Según relatan, este recurso fue uno de los pocos que fue tramitado por la Justicia, otros ni siquiera fueron acogidos. 

“Acá apelamos a una garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Legalmente, la aplicación sistemática de un químico en el ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, en base a los antecedentes que manejamos que constituye este tipo de bomba lacrimógena. Lo que nosotros argumentamos es que el problema era su uso indiscriminado y fuera de protocolo”, afirmó a INTERFERENCIA Angello Retamal, uno de los vecinos que patrocinó el recurso. 

En efecto, tal como informó nuestro medio algunas semanas atrás, la recurrencia del empleo de esta arma de disuasión química en ese lugar también ha sido objeto de investigaciones internacionales. 

El pasado 20 de diciembre, INTERFERENCIA reveló un estudio realizado por la agencia londinense de investigación, Forensic Architecture. En este, un equipo multidisciplinario de 12 expertos midió la concentración del gas CS - el agente irritante de las lacrimógenas - en Plaza Dignidad durante manifestaciones ocurridas el 20 de diciembre de 2019. En un minuto determinado, las concentraciones en el lugar superaron 135 veces el límite establecido por Carabineros para el uso del gas en su “Manual de Operaciones para el Control del Orden Público”. Asimismo, el nivel registrado del químico irritante superó en 27 veces el nivel que institutos de salud de EE. UU. califican como Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (Immediately Dangerous to Life and Health, en inglés).

Entre los efectos nocivos que provoca el gas CS, destaca la producción de cianuro en el organismo, algo que representa un “gran factor de riesgo para el cerebro, hígado, riñones, ojos y el sistema gastrointestinal” según una investigación científica francesa liderada por el doctor en biología molecular, Alexander Samuel, y el presidente de la Asociación de Toxicología Química francesa, Dr. André Picot. (Revisa acá el artículo de INTERFERENCIA que da a conocer los resultados de la investigación)

Además, múltiples estudios a nivel internacional han demostrado que el gas CS, cuando es empleado por los carros lanzaaguas - y por tanto, mezclado con el recurso hídrico - produce quemaduras en la piel. Investigaciones militares y civiles en Australia, Estados Unidos, Uruguay, Japón y Francia, entre otros; concluyen que el químico irritante es capaz de causar quemaduras de distintos grados en el cuerpo humano. (Revisa acá el contenido de distintos estudios sobre la materia).

Irací Hassler, concejala (PC) por Santiago, vecina del sector afectado y actual candidata por dicho municipio, expresó a este diario digital que “en nuestros departamentos entran los gases tóxicos incluso en días en que hay muy pocas personas manifestándose. En vez de diálogo o de disuasión de algún tipo si correspondiera, lo que hacen es afectar a todo el barrio, sin ninguna proporcionalidad. Es lo que hemos tratado de visibilizar, sin una respuesta favorable de las autoridades y lamentablemente tampoco una buena acogida por parte de la justicia”. 

Hassler complementó que “hay malestar en muchos vecinos, algunos incluso han migrado del barrio. Hay una incertidumbre permanente en cuanto a cuándo va a llegar FF.EE. a reprimir de una manera que no nos permite un normal funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Cuándo vamos a estar caminando y de pronto habrá un lanzamiento enorme de bombas lacrimógenas o del carro lanza aguas, lo que provoca un estrés que afecta la salud mental de los vecinos por un constante estado beligerante. Y también estamos alerta por las consecuencias que la exposición a estos gases puede tener para adelante, en la salud de los miembros de nuestra comunidad”.

Entre lacrimógenas

Recientemente, el grupo de vecinas y vecinos “El Barrio Que Queremos” que aglutina al sector Parque Forestal, Lastarria y Bellas Artes, realizó una encuesta entre la comunidad entre noviembre y diciembre de 2020, con el fin de conocer la situación de salud y entorno de sus miembros. 

“(...) Las patologías que han desatado los gases lacrimógenos van desde problemas respiratorios e incluso con problemas gástricos. Dado la avanzada edad de nuestros vecinos, la gran cantidad de gases que tenemos que soportar mantienen en riesgo incluso vital a nuestros vecinos. Tenemos muchos vecinos con enfermedades de base lo que hace este escenario más complejo”, señaló un vecino.

Considerando ítems como el estado de la flora y la fauna del barrio, situación respecto a la salud física, situación respecto a la salud mental, sensación de seguridad, e información personal para estadísticas, los resultados arrojaron una tendencia evidente a responsabilizar al uso de gases tóxicos por parte de Carabineros en los cambios en la flora y fauna del sector, y en la salud física y mental de los habitantes. 

Elena Stephen, presidenta de “El Barrio Que Queremos”, relató a INTERFERENCIA que “la gente comentaba que las plantas se les estaban muriendo. Cuatro mascotas fallecieron, porque las llevaban al Parque Forestal y se intoxicaron con los residuos de polvo lacrimógeno. Hemos tenido diagnósticos médicos de intoxicación por gases, tuvimos que tomar medicamentos para aliviarnos. Los vecinos de la tercera edad han optado por salir de sus casa donde sus familiares cada viernes para no estar cuando comienza la represión por parte de Carabineros. Lo mismo pasa con los niños, cada vez más los padres deciden salir del barrio para resguardar a sus hijos que desde septiembre todos los viernes deben estar encerrados”.

Por su parte, Héctor Juan Vergara, presidente de la Junta de Vecinos 1 de Santiago Parque Forestal -cuyo territorio abarca desde Plaza Dignidad, hasta el cerro Santa Lucía, entre la Alameda y el río Mapocho- manifestó a nuestro medio que “es un gran tema para nosotros. Las patologías que han desatado los gases lacrimógenos van desde problemas respiratorios e incluso con problemas gástricos. Dado la avanzada edad de nuestros vecinos, la gran cantidad de gases que tenemos que soportar mantienen en riesgo incluso vital a nuestros vecinos. Tenemos muchos vecinos con enfermedades de base lo que hace este escenario más complejo”. 

Vergara añadió que “hemos enviado cartas y sostenido reuniones con concejales, alcalde, consejeros, intendente, entre otros, haciéndoles ver lo negativo que vemos del actuar de Carabineros y no hemos tenido ninguna respuesta.El actuar de la policía es desproporcionado respecto a la cantidad de personas que se están manifestando, muchas manifestaciones con muy poca convocatoria, y aún así la represión se mantiene e incluso ha aumentado”. 

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