Hagamos un ejercicio de ciencia ficción. Imaginemos por un momento que estamos en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. Que el ministro de Justicia, Luis Cordero, o su sucesor, Jaime Gajardo, hubiesen firmado decretos para rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Que entre ellas hubiese 29 violadores y 27 abusadores sexuales. Que algunos de estos condenados incluso hubiesen recuperado su libertad anticipadamente.

¿Qué habría pasado?

Probablemente no habrían pasado ni unas horas antes de que tuviésemos a toda la oposición exigiendo la renuncia de los ministros y pidiéndole explicaciones al Presidente. Habríamos visto puntos de prensa, declaraciones cruzadas y anuncios de acusaciones constitucionales. No habría faltado quien intentara vincular al Partido Comunista con el Tren de Aragua, o quienes salieran a advertir que había que proteger a los niños de los monstruos progresistas. La protección de la infancia se habría convertido en una consigna para golpear al Gobierno.

Y no necesitamos imaginar demasiado para saber cómo habría reaccionado la derecha. A Carolina Tohá, el Partido Republicano le dio un plazo de 72 horas para que el Presidente solicitara su renuncia, bajo amenaza de una acusación constitucional. Cumplido el plazo, presentaron el libelo. A Carlos Montes lo acusaron constitucionalmente por su supuesta falta de control jerárquico en el traspaso de recursos a fundaciones, en el marco del Caso Convenios. Incluso Marcela Ríos, después de renunciar por los errores administrativos en la nómina de indultos, enfrentó una acusación constitucional de Chile Vamos, cuyo argumento fue que “la renuncia no evade la responsabilidad”.

Volvamos al presente. Fernando Rabat sostuvo públicamente que “el Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación”. El ministro explicó que se trata de una fórmula administrativa vinculada a la delegación de facultades. ¿Qué habría pasado si Boric hubiese dicho que sus ministros firmaban decretos por orden suya sin que él estuviese al tanto? ¿Cuántos parlamentarios habrían salido a preguntar quién gobernaba realmente el país? ¿Cuántas veces habríamos escuchado que el Presidente no podía desentenderse de las decisiones de sus ministros?

Y hay algo más. El propio Kast, durante su gira por Europa, salió a respaldar a Rabat y afirmó que la responsabilidad política la asumía él, agregando que los ministros los nombra y remueve el Presidente, no los diputados ni los senadores. Una declaración que, puesta en el escenario hipotético de un gobierno de Boric, cuesta imaginar que la derecha hubiese recibido con la misma tranquilidad.

Mientras tanto, Luis Silva, subsecretario de Justicia, dejó su cargo después de publicar un video en el que explicaba su participación en los decretos y afirmaba haber actuado siguiendo el criterio establecido por Rabat. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se encargó de aclarar que no había salido por las firmas ni por los decretos, sino por publicar el registro sin avisar a sus superiores. Es decir, la razón que el propio Gobierno destacó para explicar su salida fue la comunicación interna, mientras el ministro que asumió la responsabilidad política permaneció en su cargo.

La defensa política tampoco se ha quedado ahí. Mientras el diputado republicano Cristián Araya calificó las acciones de la centroizquierda como un “show político”, el vocero de Gobierno cuestionó las motivaciones de la oposición y Kast emplazó a los parlamentarios a presentar de una vez la acusación constitucional. El 6 de noviembre, tras regresar de su gira europea, el Presidente volvió a mostrar públicamente su respaldo a Rabat. Ambos se reunieron en La Moneda y Kast lo invitó a participar en la ceremonia de izamiento de la Gran Bandera Bicentenario.

Mientras eso pasaba, los antecedentes han seguido acumulándose. Una investigación de Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia también rebajó las condenas de extranjeros sentenciados por delitos relacionados con drogas, incluyendo casos vinculados a importantes operaciones de narcotráfico en la frontera norte. 

Entonces volvamos al ejercicio inicial. ¿Qué habría ocurrido si, durante el gobierno de Gabriel Boric, se hubiesen rebajado las condenas de violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes? ¿Y si, mientras el propio Gobierno advertía sobre una crisis de seguridad y prometía combatir al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, hubiese terminado reduciendo las penas de condenados por delitos relacionados con drogas, incluso de personas vinculadas a operaciones de narcotráfico? ¿La derecha habría hablado entonces de una simple fórmula administrativa? ¿Habría aceptado que el Presidente no estuviera al tanto, que un subsecretario dejara su cargo por un problema de comunicación interna y que el ministro responsable permaneciera en sus funciones? ¿O habríamos visto cómo cada firma, cada explicación y cada silencio se convertían en nuevos argumentos para exigir responsabilidades al propio Presidente?

Al final, quizás la pregunta más incómoda no sea qué habría hecho Boric frente a una crisis como esta. Es qué habría hecho la derecha si hubiese tenido que enfrentarla desde la oposición.

Y para comprobarlo, no necesitamos ciencia ficción. Basta con cambiar el nombre del Presidente.

(*) Por Benjamín Muñoz Rojas, estudiante Ciencia Política UC