"Creo que primó en algunos diputados que la sanción a Chadwick era ya suficiente en términos de responsabilidad política y que ésta no tenía que escalar al Presidente", afirma el académico experto en derechos humanos de la Universidad de Chile. Algo que considera que es un profundo error, pues no hay razones de justicia como para no haber iniciado el proceso de acusación constitucional contra el Presidente. Sin embargo, dice que para evitar la impunidad, la última palabra todavía la tienen los tribunales.