Un nuevo informe de la Contraloría realizado por el Departamento de Seguimiento concluyó que dos de las funcionalidades técnicas consideradas críticas en la licitación de cámaras corporales aún presentan deficiencias o no han podido ser verificadas por el ente contralor. y otorgó un plazo de 60 días para que Carabineros subsane las indicaciones.   

Luego que Interferencia revelara que el Tribunal de Contratación Pública declarara ilegal la resolución que adjudicó el concurso, además de irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso, un grupo de parlamentarios republicanos oficiaron al Ministerio de Seguridad para recabar antecedentes del proceso. 

El magistrado a cargo aludió al ex defensor de Martorell, Luis Hermosilla, quien es investigado en el caso Audios. “Lamentablemente, también, el abogado anterior (Luis Hermosilla) de la señora Martorell, escuchamos todos unas declaraciones, donde decía que las cosas se arreglan con plata”, apuntando a que la investigación lleva más de tres años tramitándose.

El pasado viernes Interferencia reveló que Carabineros pagó por el soporte de 300 cámaras corporales compradas en el gobierno de Piñera "fuera del marco legal y reglamentario”. La entidad explica que esto se realizó "por aspectos de costos y cumplimiento de expectativas institucionales".

El contrato por la adquisición de 300 cámaras durante el gobierno de Piñera -licitación que el tribunal de contrataciones declaró como “ilegal”– venció en mayo de 2021.  Sin embargo, Carabineros siguió pagando a la multinacional por el servicio de soporte, algo que está “fuera del marco legal y reglamentario” según resoluciones emitidas por la propia institución policial.