La Fiscalía Nacional Económica pidió al Tribunal de la Libre Competencia revisar los acuerdos de almacenamiento conjunto que tienen estas tres compañías, ya que podrían afectar a consumidores y empresas menores del rubro. Este resolvió que, dado que existe “traspaso de información comercialmente sensible” y que la propia fiscalía habría establecido una “conducta anticompetitiva”, es un caso que debería ser sancionado. Ahora la Suprema deberá decidir cómo proseguir con el caso.