La nueva Constitución garantizará el derecho a la educación mediante un sistema nacional que será financiado de forma permanente por el Estado, donde se incluyen proyectos privados. De tal modo, esto implica que no se acaba la educación particular ni subvencionada, pero su financiamiento y regulación tendrá solo rango legal, cuestión que no supone ninguna innovación respecto a la Constitución de 1980.