Ayer 16 de junio la Anef pidió a Jorge Abbott investigar un posible delito al interior de la Agencia Nacional de Inteligencia, por haber entregado a inicios de este mes al Tribunal Constitucional un informe sobre las organizaciones y personas que, supuestamente, azuzaron los ánimos que llevaron a un atentado incendiario en contra de una instalación del Ejército en Iquique el pasado 19 de octubre. El procedimiento, según los denunciantes, es ilegal.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.

Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.