En medio de la pandemia del Coronavirus, la Cámara de Diputados ayer vivió una intensa jornada de confrontación con el gobierno y no por un tema relacionado al Covid-19, sino porque el Ejecutivo busca aprobar rápidamente el proyecto que reforma la Ley 19.974, la que regula el Sistema de Inteligencia del Estado.

En la Cámara -a grandes rasgos- existen dos cuestionamientos a la iniciativa del Ejecutivo que ya fue aprobada por el Senado. Por un lado la celeridad con que intentan despachar este proyecto ingresado en 2018, puesto que el gobierno ordenó discusión inmediata en medio de la emergencia sanitaria. Por otro, los congresistas de oposición tienen una serie de reparos sobre el contenido, los cuales aseguran deben ser discutidos en profundidad.

Al revisar lo que se aprobó en el Senado y hoy se discute en la Cámara, varios puntos llaman la atención, algunos de seguro alimentarán la discusión entre abogados. Pero en términos políticos, el proyecto de Piñera propone una medida que no existe en la ley vigente.

De tal modo, el proyecto busca modificar al artículo 6 de la ley, el cual señala que la coordinación técnica de los organismos que constituyen el sistema de inteligencia (los de Fuerzas Armadas y también de las policías) será a través de un comité que integran los jefes de los distintos organismos, citados por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (Ani), quien posteriormente informa al mandatario.

Además, según el artículo 12 de la ley actual, “corresponderá especialmente al Director [de la Ani]”, entre otras cosas, “convocar al Comité de Inteligencia establecido en el artículo 6º, presidir sus reuniones y solicitar la asistencia de los funcionarios de la Administración del Estado, según lo considere pertinente”. 

Esto es lo qie cambiaría con las modificaciones que impulsa Sebastián Piñera a través de su ministro de Defensa, Alberto Espina.

El texto original ingresado en 2018 sufrió una alteración clave dentro del Senado durante su aprobación en enero del presente año, la cual crea un Consejo Asesor de Inteligencia para asesorar al Presidente, el cual estaría integrado por los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa, el subsecretario del Interior y los jefes de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las policías (Carabineros y PDI).

De manera textual, la indicación que hoy promueve Sebastián Piñera señala que “el Consejo deberá reunirse con el Presidente de la República al menos semestralmente. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República podrá convocar sesiones extraordinarias cuando así lo estime necesario. Un decreto supremo determinará las normas relativas al funcionamiento del Consejo”.

Además de esto, durante su presente tramitación en la Cámara, el gobierno añadió otra indicación a este punto, en donde especifica que estas reuniones y su contenido serán de carácter secreto.

En conversación con INTERFERENCIA, Matías Palma, abogado ayudante del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, analizó críticamente esta modificación.

“Este consejo es relevante y problemático. Es la primera instancia en la que el Presidente puede interactuar directamente con los jefes de inteligencias de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Además, el modo en que se regula es bastante amplio, dice que se van a juntar semestralmente al menos y que el Presidente lo podrá convocar cuando estime necesario, pero no establece ningún requisito ni motivación para convocar el consejo. Después delega la facultad de regular el funcionamiento en un decreto supremo, una potestad que el Poder Ejecutivo va a concretar sin límites establecidos. Así como está puede salir cualquier cosa de este artículo”, dice Palma.

De esta manera, Piñera podría estrenar en el caso hipotético de un resurgimiento del estallido social, una reunión secreta con los organismos de inteligencia del país. En esta instancia será un misterio qué información circulará o las medidas que se decidirán, hecho bastante delicado considerando que en la historia reciente del país ha quedado demostrado que tanto Fuerzas Armadas como policías han sobrepasado lo establecido por Ley de Inteligencia, por ejemplo, las escuchas ilegales del Ejército al periodista Mauricio Weibel o la Operación Huracán de Carabineros ocurrida durante el último gobierno de Michelle Bachelet.

La prisa del gobierno y otras dudas del proyecto

A comienzos de mayo, el presidente Piñera estableció suma urgencia al proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) conformado, entre otros actores, por la Ani y representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI.

Este proyecto fue ingresado en noviembre de 2018 y ha recibido distintas indicaciones en el camino. En enero de este año, tras ser aprobado de forma unánime en el Senado, el ministro de Defensa Alberto Espina señaló que “en la práctica significa que los chilenos estaremos más protegidos frente a las amenazas externas e internas que atenten contra la seguridad del país y afecten la paz social. Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en el mes de octubre [de 2019] se podrían haber impedido”. 

Entre otros aspectos, la medida pretende la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia que aconseje al Presidente, instancia que estará integrada por el ministro y subsecretario del Interior, además del titular de Defensa Nacional. Además, busca diseñar la Estrategia Nacional de Inteligencia, que contenga los objetivos estratégicos del Estado. Los lineamientos serán elaborados cada cuatro años por el director de la Ani, con el consentimiento de los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional; y deberá ser aprobada por el Presidente de la República.

La discusión inmediata –que ayer martes se aplazó dos semanas más para dar tiempo a una discusión técnica– que el Ejecutivo le ha puesto al proyecto ha generado una ola de críticas de la oposición, académicos y de organizaciones de de derechos humanos. La propuesta gubernamental “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de ‘grupos nacionales”, advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

A su vez, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF), por medio de una carta abierta dirigida al parlamento, advierte que “en la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían sólo residuales y toda vez que el proyecto del gobierno –que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armandas– les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones, generando las bases de un Estado policial”

En conversación con INTERFERENCIA, el diputado Jorge Brito (RD), quien preside la Comisión de Defensa, afirmó que “el proyecto no menciona ni siquiera una vez la palabra narcotráfico, crimen organizado o habla siquiera algo de la corrupción. Se pide un voto de confianza del presidente Piñera para que utilice los 6 mil millones de pesos anuales de Inteligencia en lo que el presidente estime, sea esto policial o militar, asuntos externos o internos”.

Asimismo, el parlamentario dijo: “imaginen un sistema completo liderado por el presidente y sus empleados directos, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto es un exceso de facultades al Presidente de la República, está pidiendo que le aumentemos su poder para utilizar a las policías y a los militares. Esto no puede continuar”. 

En esa línea, Brito cree que “acá hay que escuchar a los académicos, a los expertos en el área, tenemos que conversar a algunos ex agentes que ya han manifestado su interés en participar de esta conversación, a organizaciones sociales que han sido víctimas de medidas ilegales por parte de las unidades de inteligencia de Carabineros en el caso de la Operación Huracán. Un sistema de inteligencia es del Estado, no del Gobierno ni de los partidos políticos del momento y no estamos disponibles para tramitar con tanto apuro, en medio de una pandemia, algo de esta envergadura”.