En los últimos tres meses en cuatro países sudamericanos se ha decretado estado de excepción o de emergencia para reprimir protestas sociales, movilizando el ejército en labores de orden público y seguridad interior. Debido a la represión han muerto 66 personas y diversos organismos internacionales han registrado abusos y violaciones a los derechos humanos que ponen en entredicho la imagen democrática que la derecha ha intentado construir en las últimas décadas.