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Jueves, 5 de diciembre de 2019
Ecuador, Chile y Bolivia

En sólo dos meses, las FFAA vuelven a ser protagonistas de la política sudamericana

Pedro Pablo Ramírez

En los últimos tres meses en cuatro países sudamericanos se ha decretado estado de excepción o de emergencia para reprimir protestas sociales, movilizando el ejército en labores de orden público y seguridad interior. Debido a la represión han muerto 66 personas y diversos organismos internacionales han registrado abusos y violaciones a los derechos humanos que ponen en entredicho la imagen democrática que la derecha ha intentado construir en las últimas décadas.

América Latina vive días agitados y el calendario electoral de la región ha coincidido con una ola de protestas que sacude el continente revolviendo las aguas y su correlación de fuerzas. Tras el ciclo progresista, en el que la mayor parte de los gobiernos sudamericanos le pertenecieron a la centroizquierda, hoy la derecha ha logrado inclinar la balanza a su favor, en medio de un escenario de inestabilidad económica global, cuyos coletazos comienza a resentir. 

Si bien, en un primer momento, el desempleo y el estancamiento de la actividad económica le permitió a la derecha aprovechar el desgaste de los gobiernos de centroizquierda, anclados en el poder por más de una década, alejados de sus bases debido la implementación de políticas neoliberales y afectados por los casos de corrupción que salieron a la luz pública, hoy la derecha no ha sido capaz de revertir la situación, no ha logrado mitigar las necesidades sociales y ha despertado la protesta social. 

Bajo este fenómeno, con el orden público alterado y la movilización social desatada, la derecha se ha refugiado en su ala más conservadora, que ha encontrado eco en medio de un proceso de creciente polarización social y ha logrado militarizar la sociedad. 

De esta forma, la derecha sudamericana, criticada y dañada moralmente por su participación en las dictaduras cívico-militares que azotaron la región durante las décadas de los 70 y los 80, hoy vuelve a estar en el centro de las críticas por los derechos humanos y en los últimos dos meses, tanto en Chile como Bolivia, Colombia y Ecuador, han tendido puentes con sus viejos aliados para reprimir a la protesta social o en el caso más extremo, dar un golpe de estado, como ocurrió hace unas semanas en Bolivia. 

En concreto, durante el último trimestre, en cuatro países sudamericanos se ha decretado estado de excepción o estado de emergencia, movilizando el ejército en labores de orden público y seguridad interior, donde se han resgistrados numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos. 

Si se analizan las cifras oficiales más dolorosas que registran las muertes asociadas a las protestas sociales, en Sudamérica, desde el estallido social en Ecuador que ocurrió a comienzos de octubre, 66 personas han muerto: 7 en Ecuador, 24 en Chile, 32 en Bolivia y 3 en Colombia, donde destaca el caso de Dilan Cruz, un joven de 18 años que resultó herido por un miembro de la policía durante el sábado 23 de noviembre y quien falleció el lunes 25, como consecuencia de las lesiones cerebrales que sufrió.

Estas cifras han vuelto a asociar a la derecha latinoamericana con las violaciones de los derechos humanos, en Chile, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera ha sufrido la peor evaluación que un mandatario ha registrado en democracia, según la encuestadora Criteria, el rechazo llegó a un 84% y su aprobación llegó a tan solo el 12%. Por una situación compleja también pasa su par colombiano, Iván Duque, de acuerdo a un estudio de opinión desarrollado por la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019, el nivel de desaprobación de Duque llega al 69%, mientras que su aprobación al 26%.

Chile y Ecuador

Alarmado por las protestas en Chile, el presidente de Colombia se preparó de antemano ante un posible escenario de inestabilidad que se podría haber abierto tras el llamado a paro nacional que unificó y agrupó a las centrales sindicales más importantes del país y que llegó a ser comparado con la histórica huelga que afectó al país en 1977. 

El paro fue convocado para frenar una serie de reformas que contempla el ejecutivo en materia laboral, las que no han sido oficializadas, pero han sido comunicadas por diversos dirigentes del partido de gobierno (Centro Democrático) como parte de una agenda en conjunto con el FMI, que contemplaría, por ejemplo una rebaja del sueldo mínimo para los jóvenes que lo reduciría en un 25%. Al mismo tiempo, desde el mundo social se han levantado para alertar la creciente ola de asesinatos de dirigentes sociales que sacude el país desde que se desmovilizó una mayoría de las FARC bajo el Acuerdo de Paz.

Alentado por el sector más conservador de su partido, que incluye al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el jefe del ejecutivo, Iván Duque informó cuatro días antes de la movilización que le otorgaría facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para que estos puedan aplicar un toque de queda en sus respectivas jurisdicciones, junto con prohibir el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas. 

Junto a esta medida, Migración Colombia anunció el martes el cierre de todas las fronteras terrestres y fluviales desde la medianoche de ese día hasta las 05:00 de la mañana del viernes 22, en una evidente alusión a una posible intervención de agentes venezolanos.  Así mismo, ordenó el acuartelamiento de las fuerzas militares bajo alerta máxima y en Bogotá, por petición de las autoridades locales, los militares salieron en labores de "acompañamiento" junto a las patrullas de la policía.

Ya iniciado el paro, cuyas manifestaciones aún no se terminan luego de 8 días de movilizaciones, se han decretado dos toques de queda, uno en en Cali, el 21 de noviembre, y otro en Bogotá, el 22. En Cali la medida fue establecida por el alcalde Maurice Armitage, mientras que en Bogotá se anunció inicialmente en tres localidades: Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, sin embargo, tiempo después, el alcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de sumar a toda la ciudad a esta medida a partir de las 9:00 p.m. 

De acuerdo a lo informado por el periódico El Tiempo, la decisión de las dos autoridades estuvo impulsada por los disturbios que se presentaron durante las jornadas. Aunque hubo ciudadanos que protestaron pacíficamente, hubo casos de vándalos intentando entrar a viviendas y conjuntos residenciales forzosamente. La situación generó un pánico social en la capital que llevó a cientos de personas a pasar la noche en vela con palos y machetes.

Consultada por la BBC, la politóloga y analista Marcela Prieto Botero afirmó que las protestas antigubernamentales chilenas explican en parte las medidas extraordinarias con las que el gobierno colombiano respondió la convocatoria al paro nacional.

"En Colombia jamás se ha restringido la posibilidad de realizar un paro, basados en un principio legal de respeto a la libertad de expresión. El temor se centra en las realidades que se han vivido recientemente en países como Chile o Ecuador", declaró Prieto. 

En la misma línea, el gobierno de extrema derecha dirigido por Jair Bolsonaro en Brasil congeló un paquete de reformas que tenía contempladas para el sector público, las que reducirían su tamaño y por tanto desataría una serie de despidos masivos que podrían desencadenar un nuevo ciclo de protestas.

Nerviosos por el estallido chileno, el ministro de economía brasileño, Paulo Guedes, explicó en conferencia de prensa desarrollada en Washington, admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas motivó al ejecutivo a desacelerar las reforma tributaria y la del sector público que pensaban presentar al Congreso en noviembre: “Es verdad que se han desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, expresó, según el diario Estadão.

Profundizando en el contenido y la posible respuesta que podrían tener estas reformas, un punto en común que se ha podido apreciar a lo largo de las manifestaciones que han ocurrido en Ecuador, Colombia y Chile ha sido el rechazo de la población a la implementación de políticas neoliberales en el contexto de crisis económica que comienza a afectar al continente. 

De forma unánime, los gobiernos sudamericanos, salvo Venezuela y en parte Bolivia, han aplicado la fórmula neoliberal desde la década de los 70. Sin alejarse de la regla, una vez que la guerra comercial entre Estados Unidos inauguró el presente ciclo de incertidumbre, la región se ha alineado con el Fondo Monetario Internacional cuya agenda de flexibilización laboral y privatización busca a toda costa recuperar el crecimiento económico. 

Esta agenda fue resistida en primera instancia al interior de Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri, el segundo en cambiar de color tras la primera victoria de Sebastián Piñera, tuvo que devolverle la banda presidencial al peronismo luego un fuerte rechazo del mundo social al préstamo que suscribió con el FMI, que terminó con Alberto Fernández ganando en primera vuelta. Una resistencia aún más feroz encontró Lenín Moreno en Ecuador cuando el movimiento indígena frenó la agenda que el ejecutivo había negociado junto al organismo financiero. Síntomas al que se suman las protestas chilenas que dejan entrever el fracaso y también un desgaste del modelo en la región. 

Jair Bolsonaro, José Antonio Kast y Manini Ríos: la politización de las FFAA

Meses antes de que estallaran los conflictos sociales de Chile y Ecuador, la derecha uruguaya comenzó a presionar y tensionar al oficialismo con una agenda de seguridad pública. En la recta final para las elecciones presidenciales, aprovechando el desgaste del Frente Amplio, lanzaron una ofensiva para ganar el debate público. 

Alentados por un dirigente del Partido Nacional (PN), el senador Jorge Larrañaga, la derecha logró abrir un plebiscito para reformar la constitución y permitirle a los militares ejercer labores de orden público. 

La votación se realizó durante la primera vuelta presidencial y alcanzó un 47% de apoyo, siendo rechazada por tan solo un 3% de los electores, en un país donde el voto es obligatorio. Ese mismo día, la suma de las derechas presagió una victoria del sector que terminó de oficializarse este jueves con una estrecha victoria que favoreció en el balotaje al candidato del PN, Luis Alberto Lacalle, por 150 mil votos.

Para el politólogo, académico y periodista del semanario Brecha, Gabriel Delacoste, uno de los factores que permitió la victoria de la derecha fue su reorganización que logró incorporar a un nuevo sector gracias a la politización de las fuerzas armadas desde donde emergió un nuevo referente de la extrema derecha. 

“En Uruguay la derecha se ha reorganizado y ha adquirido una potencia política que no tenía: en primer lugar, en enero 2018 apareció un movimiento ruralista que agrupó a productores y terratenientes y que produjo una fuerte movilización en contra del Gobierno en el interior donde sufrió la mayor pérdida de votos. Además, está el crecimiento al interior de la población de las iglesias pentecostales evangélicas y finalmente la politización de las fuerzas armadas, con la creación Cabildo Abierto, que termina definiendo la elección”, reflexionó Delacoste en conversación con Interferencia. 

Revisando los números, Cabildo Abierto logró ingresar al Congreso con 3 senadores y 11 diputados, mientras que su líder y candidato a la presidencia, el ex general del ejército, Guido Manini Ríos, consiguió un 11% de los votos, en un fenómeno similar al que alcanzó José Antonio Kast en las últimas elecciones presidenciales. 

De esta manera, la alianza entre militares, evangélicos y extremistas de derecha comienza a encontrar un camino y quedarse a la interna de la política sudamericana. El fenómeno lo inauguró Bolsonaro, en Brasil, que conquistó la presidencia sin disimular su admiración y apoyo a los generales y oficiales que violaron los derechos humanos durante la dictadura carioca. 

Con el mismo estilo irrumpió en la política uruguaya Guido Manini Ríos, quien en 2018 fue sancionado y sacado del cargo de Comandante en Jefe del Ejército que ostentaba desde 2015, luego emitir una serie de juicios políticos entre los que minimizó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército durante la dictadura militar. En febrero de 2019, poco antes de su destitución, opinó "Noto un ambiente muy favorable a una mayor participación del Ejército en la seguridad".

En estos momentos la participación de Cabildo Abierto en el futuro gobierno de Lacalle es una incógnita, pero todo presagia que van a obtener un par de ministerios. Dentro de los trascendidos que se han filtrado por la prensa uruguaya todo indica que el ministerio del Interior será dirigido por Jorge Larrañaga, el mismo que impulsó el plebiscito para sacar los militares a la calle, cuestión que dejaría la puerta entreabierta para el ingreso de Cabildo Abierto. 

Mientras tanto, desde la formación ultraderechista ya comienzan a trabajar un clima de polarización y esta semana uno de sus dirigentes, el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, quien integró las listas de Cabildo Abierto en las pasadas elecciones, aseguró que tanto el Frente Amplio como las multisindicales del país están llamando a enfrentarse con el gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou, y que si es necesario, las Fuerzas Armadas podrán ser utilizadas para restablecer el orden.

“Lo advierto porque es un fenómeno generalizado: está pasando, por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Chile. El PIT-CNT está diciendo en este momento que hay que prepararse para combatir, porque estamos hablando de combate y lucha. Otros dirigentes de la izquierda también lo han expresado. Nosotros planteamos que es un riesgo que está presente y tenemos que estar atentos”, sostuvo Silva.

Así, en menos de dos meses, los militares vuelven a la primera línea de la política latinoamericana, facilitando y consolidando el golpe de estado en Bolivia, junto a la contención de las protestas sociales en Chile, Ecuador y Colombia.

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