Sanciones penales a quienes ocasionen un daño ambiental, un rol protagónico a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la persecución de estos delitos y responsabilidad penal de las personas jurídicas, fueron los puntos estrella del proyecto de ley. Sin embargo, el texto de la ley no cumple lo prometido por las autoridades y lo engorroso de los procedimientos podría anular las sanciones.