Sus servicios se consideran por el gobierno como un trabajo esencial, pero las empresas no los reconocen como trabajadores. Tampoco hay ley que los proteja, pues los proyectos duermen en el Congreso. Ante eso, la respuesta ha sido la sindicalización y la judicialización de sus casos, como lo es el primer juicio colectivo contra Pedidos Ya, aplicación que desvinculó a varios ridders por protestar por sus derechos laborales. 

Lo que para varios especialistas era considerada la oferta pública de venta más esperada del año terminó con un desplome de 7,56% en sus acciones, decepcionando al mercado y a inversores cada vez más escépticos sobre la rentabilidad de la compañía.