En un total hermetismo y a la defensiva se encuentra la plana mayor de quienes acompañan la alcaldía de Jorge Sharp en Valparaíso. 

Esto luego de que el pasado martes INTERFERENCIA publicó que Paulo Gómez Palma, militante de Convergencia Social (CS) y jefe de prensa del alcalde de Valparaíso por el mismo partido, Jorge Sharp, trabajó como lobbista para la agencia Extend, desde donde representó a empresas como SQM, Puerto Ventanas y Mall Barón.

Pese a que este periódico intentó comunicarse con el jefe comunal por este hecho, no quiso pronunciarse. Incluso fue consultado por TVN en un punto de prensa por lo mismo, pero dijo que había que preguntarle a Gómez. Según altas fuentes del Frente Amplio que hablaron con nuestro medio, la orden de las cúpulas de CS fue que nadie se refiriera al tema, incluidos los diputados de la agrupación, lo cual se comprobó a través del diputado CS por Valparaíso, Diego Ibáñez, quien guardó silencio ante la solicitud de este periódico de referirse al caso.

El único actor que salió en defensa de Paulo Gómez en esto fue el diario El Mercurio de Valparaíso. En su editorial del miércoles 3 de octubre, el director del matutino de la familia Edwards acusa que el artículo de INTERFERENCIA se trataría de una “filtración” -sin entregar ningún antecedente que pruebe esto- y defendió al asesor de Sharp señalando lo siguiente:

"Vuelve a aparecer una información sabida y con excedidas pretensiones de escándalo público, como es que el director de comunicaciones municipal, Paulo Gómez, trabajó en la empresa Extend Comunicaciones, de las hermanas Velasco, hijas del emblemático líder DC y exministro del Interior de Bachelet 1, Belisario Velasco. En ese escenario, se le acusa de ser 'lobbista' de empresas como Mall Plaza, SQM o Puerto Ventanas, a las cuales se les imputa una demonización que no viene al caso ni tampoco es justa", dice el editorial.

¿A qué se debe esta sobrereacción, que incluye la defensa del principal periódico de derecha de la región?

INTERFERENCIA buscó y encontró antecedentes que muestran situaciones impropias que van más lejos que el caso de Paulo Gómez Palma, y que tienen, pese al silencio, muy conflictuado a CS, donde ya hay renuncias al Comité Central. 

Y es que detrás del carisma del joven Jorge Sharp -el primer alcalde del Frente Amplio- se teje una profunda historia de maltratos laborales e incluso un abuso sexual ocurridos dentro de gestión municipal, cuyas acusaciones apuntan a lo que se conoce como el Círculo de Hierro de Sharp; un puñado de altos funcionarios municipales ligados a CS.

INTERFERENCIA accedió a una serie de denuncias ingresadas en el mismo Municipio de Valparaíso, y a una larga lista de demandas en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, más de 50, las cuales demuestran la existencia de varios casos de abusos que siguen patrones comunes, en la línea del acoso laboral y los despidos injustificados. Entre las más de 50 demandas laborales, hay casos de funcionarios que fueron despedidos estando con cáncer, a uno de ellos le argumentaron que su despido fue por "complicaciones de salud incompatibles con sus labores".

Se trata de una elevada cifra, además, si es que se considera que durante los dos periodos anteriores -con ocho años de duración- el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Castro (UDI) acumuló solo cerca de 27 demandas por los mismos motivos.

Más allá de los números, este periódico conversó con al menos una decena de personas afectadas o testigos, de los cuales sólo algunos quisieron aparecer públicamente en este artículo, mientras que otros solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias de parte del grupo cercano a Sharp.

El Círculo de Hierro 

"Me costó despontificar a Sharp", dice un funcionario del Municipio, quien recibió a los periodistas de INTERFERENCIA en un recinto privado en Valparaíso para entregar antecedentes sobre estos casos, con la condición de que no revelar su identidad. 

Esta persona señala que alrededor del jefe comunal existe un grupo cercano, al cual le atribuye la responsabilidad por el clima hostil que hoy viven varios trabajadores al interior de la Municipalidad de Valparaíso.

Según dicen varios personas que han seguido la carrera edilicia de Sharp, este era accesible en un principio. Hoy no tanto. Siempre está vigilado y controlado por un grupo reducido, al cual se le conoce hoy como el Círculo de Hierro, aunque sus detractores les llaman Círculo de Lata.

En términos generales, el perfil de este clan corresponde a un puñado de personas de Convergencia Social (CS) provenientes de Santiago, que llegaron a trabajar a la Municipalidad después del triunfo electoral de Sharp en 2016. Hoy reciben sueldos altamente superiores a los de funcionarios que trabajan a honorarios desde hace años en el recinto edilicio y son los guías del alcalde en términos políticos.

Los líderes son el antropólogo Rodrigo Ruiz Encina y la socióloga Tania Madriaga Flores. Son pareja y también militantes CS, cuyos sueldos líquidos actualmente son de 1 millón 261 mil y 2 millones 969 mil, respectivamente.

La primera en llegar al Municipio fue Madriaga, quien durante el gobierno de Michelle Bachelet trabajó en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Desde el 1 de abril de 2017 es la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), organismo clave por estar a cargo de los proyectos de infraestructura de la ciudad y del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco).

En tanto, Ruiz Encina, quien fue miembro del movimiento de izquierda SurDa y fundador de El Desconcierto, llegó el 1° de enero de 2018 como director de comunicaciones de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval).

La cercanía entre ambos personajes y Sharp se dio en los tiempos del quiebre de Izquierda Autónoma (IA), cuando un sector se inclinaba por un camino más electoral que otro. Después el lazo se fortaleció durante la existencia del Movimiento Autonomista (MA), lo que llevó a Madriaga y Ruiz a tener un fuerte protagonismo ideológico dentro de la colectividad en Valparaíso. Actualmente, tanto dichos asesores como Sharp, conforman uno de los sectores más fuertes de Convergencia Social, donde la tesis política que ellos impulsaron triunfó por sobre a la de otros sectores, como el de Gabriel Boric, tal como informó INTERFERENCIA.

Además de Ruiz y Madriaga, existen otros nombres de CS que pertenecen al Círculo de Hierro y aparecen vinculados a los casos denunciados, de alguna forma. Tales como su jefe de gabinete, Javier Valenzuela, con quien trabaja desde tiempos universitarios cuando ambos eran afuerinos estudiando en Valparaíso. También está Liber Muñoz Concha, quien coincidió con el alcalde en el centro de pensamiento vinculado a IA, Crisol, y quien hoy es parte de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco). Sus sueldos son de 2 millones 165 mil pesos y 1 millón 544 mil pesos, respectivamente. También están el ya conocido Paulo Gómez Palma; la jefa de Gestión de Personal, Cecilia Ugalde Oliveros (3 millones 653 mil pesos de sueldo). 

Más hacia el exterior del Círculo de Hierro, se encuentran Osvaldo Jara, quien trabaja actualmente en la Oficina de Vivienda del Municipio, ganando 1 millón 260 mil pesos líquidos; Mónica González Catalán, quien es funcionaria de la Oficina de Turismo por 1 millón de pesos; y Patricio Aeschlimann Carvajal, trabajando en la Dideco por 2 millones 634 mil pesos líquidos.

Todas estas personas adquirieron mayor poder luego de la renuncia de Romina Maragaño, antigua directora de Dideco, quien salió del cargo después que se conociera que dineros del Estadio O’Higgins de Valparaíso no ingresaron al presupuesto municipal cuando correspondía. Ella fue una de las asesoras políticas principales tras el alcalde en tiempos de la candidatura.

Hay algunas otras personas que también orbitan el Círculo de Hierro, pero no fueron mencionadas en este artículo, pues no están relacionadas con la denuncias.

El caso de Andrés Cruzat

Este caso ocurre en la Oficina de Imagen Corporativa de la Municipalidad, tiene como acusados a los jefes de comunicaciones del municipio y de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), Paulo Gómez y Rodrigo Ruiz; y a Andrés Cruzat como denunciante. Algunos medios como El Mercurio de Valparaíso y Radio Cooperativa recogieron en su momento parte de la historia. 

"El día jueves 6 de Diciembre del 2018, en la mañana, fui agredido con insultos de grueso calibre y delante de mis compañeros de trabajo, por el director de comunicaciones de la municipalidad, Paulo Gómez y por el director de comunicaciones de Cormuval, Rodrigo Ruiz", dice la denuncia ingresada por Cruzat, diseñador gráfico y fotógrafo que entró al municipio en 2017, quien en 2014 apareció en BBC por su obra en que mezcló fotos del Golpe de Estado de 1973 con imágenes actualizadas. 

En su relato, Cruzat dice que durante el andar de la gestión de Sharp, los roces con el equipo de prensa fueron constantes. Principalmente venían del ya mencionado Patricio Aeschlimann, quien les decía "lentos" y "pencas", denostaciones que eran conocidas incluso en otros departamentos del Municipio.

En medio de esto ocurrió un hecho clave.

Pese a que existía una Oficina de Imagen, la Cormuval llamó a un concurso por 500 mil pesos para crear un nuevo logotipo del organismo. El ganador fue Pablo Marchant, un diseñador que había trabajado en una investigación anteriormente con Ruiz, quien a su vez era entonces el encargado de comunicaciones de la Corporación. Además, se descubrió que su creación fue un plagio a una ONG brasileña, según consignó El Mercurio de Valparaíso en julio 2018.

El 6 de diciembre de 2018 uno de los colegas del denunciante fue despedido, durante el mismo día en que también fue padre. Cruzat, molesto, publicó en un grupo de Twitter interno del Frente Amplio, utilizado para viralizar noticias, una crítica frente a los hechos, apuntando a que a Rodrigo Ruiz no le pasó nada tras el incidente del logotipo de Cormuval, puesto que no recibió ninguna sanción.

"Cuando ambos directores vieron el mensaje (Gómez y Ruiz), llegaron a nuestra oficina donde los hice pasar a la oficina del lado para que conversáramos con tranquilidad y privacidad, sin embargo la situación decantó en una serie de insultos y amedrentamientos por parte de ambos, comenzando por el señor Ruiz, refiriéndose a mi comentario como 'una mariconada'", dice la denuncia.

El relato de Cruzat señala que tras los insultos, él salió de la oficina donde estaban reunidos, pasando al espacio en donde estaban sus colegas de Imagen Corporativa. Gómez y Ruiz lo siguieron hasta ahí sin cesar sus agresiones verbales.

"Incluso abalanzándose el señor Paulo Gómez sobre mi escritorio de trabajo insultándome y amedrentándome violentamente. Una vez que el señor Ruiz lo arrastró a la puerta de salida, los insultos continuaron desde la puerta de nuestra oficina, todo esto delante de mis compañeros de trabajo, quienes quedaron quedaron completamente shockeados. Al rato me mandaron a decir que no volviera a la oficina, de manera totalmente informal y por sobre las normas acerca de funcionarios públicos. Esto me produjo un cuadro de estrés agudo por lo cual debí consultar a un médico, quien a la luz de los hechos y con mi antecedente anterior de una enfermedad por depresión, me recetó medicamentos y me otorgó licencia por siete días” sigue el relato.

Tras los hechos, Cruzat denunció ante al Tribunal Supremo de CS, pero se declararon incompetentes, puesto que los hechos ocurrieron antes de crearse el organismo. También recurrió a Contraloría, que se limitó a enviar los antecedentes al Municipio para que investigara a Gómez. Además, ingresó una demanda por tutela laboral en contra de la Municipalidad, la cual aún está en desarrollo. Sobre esta última, el municipio presentó un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero fue retirado después de las críticas generadas, según informó Emol.

Entre las respuestas que han dado los cercanos a Sharp sobre estos incidentes, está el mismo Aeschlimann, quien tuvo un encontrón en Facebook con Cruzat. Aeschlimann dijo que esto se trata de una "operación política" y que el diseñador gráfico en realidad fue mal evaluado por su superior directo. Sin embargo, según los testimonios que posee Cruzat para impulsar la demanda, se encuentra una declaración que desmiente eso.

Un abuso sexual bajo la alfombra

Entre las múltiples denuncias contra el Círculo de Hierro, hay una que reviste particular gravedad.

Durante la última semana de marzo de 2019, el entonces encargado de prensa del gabinete de Sharp, Patricio Aeschlimann -según acusa una mujer que para estos efectos llamaremos Paula- la encerró en una oficina, la tomó de las muñecas y varias veces intentó forzarla a que lo besara. Ella resistió hasta que Aeschlimann la soltó.  

Días después, Paula acudió a Liber Muñoz y Javier Valenzuela -otros miembros del Círculo de Hierro- para contarles del episodio. Le recomendaron hacer una denuncia formal o poner al tanto de la situación al alcalde. Una semana después, se reunieron ella, Valenzuela y Sharp, quien le aseguró que le creía y que le aseguraba que ordenaría a Aeschlimann no acercarse al perímetro del edificio donde ella trabajaba.

Poco después, en medio de las discusiones sobre las tesis de Convergencia, en uno de los afiches de campaña de La Corriente -propuesta principalmente impulsada por Sharp y la presidenta del CS, Gael Yeomans, que se plantea como feminista- apareció Patricio Aeschlimann, lo que causó la indignación de Paula.

En junio, durante una reunión donde se citó a las mujeres CS para conversar sobre feminismo y de una denuncia de discriminación realizada por Tania Madriaga en contra de dos concejales, se hizo alusión a la acusación contra Aeschlimann. La respuesta fue: si hay una denuncia contra un compañero de militancia, la labor es educarlo. También se le mencionó a Paula que una denuncia formal podría afectar la imagen del alcalde y del proyecto político que impulsa Convergencia.

A pesar de este consejo, Paula realizó la denuncia ante la jefa de Gestión de Personal del Municipio, Cecilia Ugalde, quien le aseguró máxima confidencialidad al mismo que tiempo que le preguntó si es que tenía las herramientas emocionales suficientes como para enfrentar una posible filtración a la prensa. Con anterioridad, Tania Madriaga -según confirmó a nuestro medio Paula- le había hecho una pregunta similar. 

Con el paso de las horas, la denuncia efectivamente se filtró entre los otros miembros de la Alcaldía y de CS. Pese a la gravedad del asunto, Sharp se negó a conversar con la denunciante, argumentando que estaba ocupado, y el 27 de junio el caso fue expuesto en El Mercurio de Valparaíso, aunque ahí no se reveló la identidad de Paula.

Al día siguiente, las Trabajadoras Municipales Autoconvocadas realizaron un comunicado anónimo donde solicitaban aplicar un protocolo sobre violencia de género que pudiera proteger la identidad de la denunciante. Además, exigieron que de manera inmediata se iniciara un sumario y se suspendiera de sus funciones a Aeschlimann, mientras se realice la investigación.

"La filtración de esta denuncia supone un grave déficit interno en el Municipio en cuanto a protocolos seguros para denunciar este tipo de hechos, que protejan la identidad de la persona denunciante y eviten su revictimización. Déficit que desincentiva la denuncia por parte de mujeres violentadas, las expone y permite normalizar la violencia machista", dice el comunicado.

El alcalde Jorge Sharp realizó otro comunicado dirigido a los trabajadores de la Alcaldía. En él se refirió a la denuncia contra Aeschlimann y se comprometió a realizar un sumario justo y a elaborar un protocolo de acoso para funcionarios. Sin embargo, cuando se emitió el decreto que ordenó el sumario el 4 de julio, la fiscal designada fue la directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer, cercana amiga de Aeschlimann.

Según fuentes que conversaron con INTERFERENCIA, el 19 de julio -en una reunión entre Sharp y los representantes del Frente Amplio miembros de la alcaldía- el edil indicó que no tenía conocimiento de la acusación de acoso sexual hasta que se puso la denuncia formal ante Cecilia Ugalde. Esto, pese a que Valenzuela y Sharp habían recibido a Paula con anterioridad y mayor cercanía con los hechos denunciados.

Ya en julio, Paula se contactó con la presidenta de Convergencia, Gael Yeomans, mediante Whatsapp, recibiendo como respuesta de la diputada que ella no podía involucrarse ni intervenir en los procesos de investigación que lleva el Tribunal Supremo del Partido. Al ser contactada por nuestro medio, Yeomans dijo que independiente de la función del militante, ya sea este de base o dirigente, todos deben respetar los protocolos y no pueden entrometerse en los procesos de investigación. 

INTERFERENCIA contactó a la denunciante, quien confirmó lo presentado anteriormente y prefirió no referirse con mayores detalles respecto al caso.

Acoso en la Oficina de Turismo

A petición de la fuente que facilitó el contenido de las denuncias, las identidades de las víctimas en estos casos no serán identificadas con sus nombre reales, por temor a represalias.

El epicentro de este caso es la Oficina de Turismo de la Municipalidad y apuntan a Osvaldo Jara, quien en un principio era director de esta sección percibiendo un sueldo de 4 millones 516 mil, y quien también pertenece al Círculo de Hierro del alcalde Sharp. 

La primera denuncia fue ingresada el 26 de abril de 2019 por una mujer a quien llamaremos Camila. Ella es profesional en Turismo e ingresó al Municipio en noviembre de 2013, llegando en su momento a estar a cargo de las informadoras turísticas de la comuna, pese a que su contrato -hasta el día de hoy- es a honorarios y por un sueldo mensual de 420 mil pesos líquidos.

Según el relato de su denuncia, cuando Jara llegó en abril de 2017 todo parecía estar bien, puesto que él decía confiar en el trabajo de los funcionarios. Incluso por esto mismo, en octubre de 2017, Camila le contó de su situación, sobre su falta de beneficios previsionales y su sueldo más bajo incluso que el de trabajadoras que tenía a su cargo. Jara le contestó que lo consideraba una injusticia y que haría todo lo posible por mejorar las condiciones, que ella era prioridad.

Pero con el tiempo el ambiente cambió. Según Camila, a fines de 2017 llegó Mónica González como asesora de Jara, lo que produjo un cambio de clima hacia uno hostil.

Para ella, los problemas serios comenzaron el 28 de junio de 2018, día en que comenzaban sus vacaciones. Aquel día, Jara le pidió que se quedara en la oficina después de su jornada, cuando ya nadie más estuviera ahí. La última en salir del recinto fue Mónica González, quien cerró la oficina con llave por fuera. Camila sentía incertidumbre.

Osvaldo Jara finalmente le pidió a Camila que realizara un Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), puesto que las dos personas que podían efectuarlo se encontraban con licencia médica (se trataba de una segunda denunciante y de otra funcionaria que sufrió un accidente vascular). Camila se negó a hacer el requerimiento, argumentando que por estar a honorarios no podía desarrollar eso, además de que no sabía hacerlo.

Pensó que no habría consecuencias, pero después de sus vacaciones, el acoso fue repetitivo. En su denuncia Camila cuenta que el 21 de octubre de 2018 envió un correo a Jara recordándole la promesa de que mejoraría sus condiciones laborales, pero que este le respondió que por su "situación familiar" (tiene tres hijos ella) era mejor que "buscara otro trabajo".

Con el tiempo los malos tratos de Jara y González contra la funcionaria aumentaron. 

"El miércoles 9 de enero de 2019 se nos hizo una presentación sobre la aplicación VLPO al equipo, funcionarios de otros departamentos y empresarios. Al dar mi parecer, cuando decía que la nueva versión de la aplicación puede ser irregular, Osvaldo Jara me quitó el micrófono sin dejarme terminar de hablar. Cuando lo intenté otra vez, Mónica me hizo callar fuertemente delante de todos. Fue la primera de muchas veces que se me ha maltratado en público”, dice la denunciante.

Tras la amarga experiencia, a Camila le fueron cambiando sus funciones, la aislaron de la oficina enviándola como punto fijo a un ascensor de Valparaíso y cuando compartía con el resto del equipo, fue humillada frente a todos. Jara le dijo en una oportunidad que era "solo una informadora", le pidió un informe que no correspondía a sus funciones con una semana de antelación y luego de recibirlo -según cuenta Camila- le lanzó los papeles diciéndole frente a todos que lo hiciera de nuevo.

La segunda denuncia en contra de Jara fue ingresada el 8 de abril de 2019 por una funcionaria a quien llamaremos Catalina, quien entró a trabajar al Municipio en diciembre de 2006. 

Diez años después de comenzar a trabajar en dicho lugar, la trabajadora se encontraba embarazada. En ese momento comenzaron sus problemas con Osvaldo Jara.

Sin embargo, no fue hasta febrero de 2017 que Catalina se reintegró a sus funciones en el Municipio después de terminar su posnatal. Por tener ocho meses de vida su hijo, la mujer tenía derecho a retirarse una hora antes del horario normal. Pero Jara comenzó a pedirle trabajos poco antes de que terminara su jornada, lo que le impidió cumplir con su fuero maternal en reiteradas ocasiones.

El 15 de junio de 2017 Catalina debía salir a las 16:15 horas. Pero como Jara le había pedido un informe a las 15:55, tuvo que quedarse más tiempo nuevamente, terminando su tarea recién a las 17:30. Su jefe estaba en una reunión, así que ella le envió el documento y se retiró sin avisarle. Esto motivó el maltrato de Jara. "Al día siguiente apenas ingresé a la oficina me llamo el Sr. Jara a su oficina a puertas cerradas, me dijo que ‘como se me ocurría haberme ido el día de ayer, que eso no se hacía, que yo era poco profesional, que hablaba mal de mi persona, que no sabía nada de lo que estaba haciendo, que como se me ocurría irme, que eso no correspondía’. Yo solo le respondí que él se encontraba en reunión por lo mismo no lo molesté. Por todo lo demás que me dijo no emití comentario, ya que me bloqueé y no iba a discutir con él. Me retiré con la sensación de impotencia”, relata en su denuncia.

Las crisis con Jara eran constantes y los programas de mejoramiento de gestión (PMG) eran el mayor problema del jefe. Según mencionó Catalina en la denuncia, el entonces director de la Oficina de Turismo desvinculó a un diseñador que trabajaba en estos programas, argumentando que ya había uno dentro del departamento. Esto generó un exceso de carga laboral que complicó la gestión normal de los funcionarios a cargo de los PMG.

Jara estaba preocupado por no alcanzar la meta de estos proyectos así que le pidió a Catalina averiguar cuál era la sanción en caso de no presentarlos. "Anotación negativa en la hoja de vida de la jefatura de la Dirección, además de una sanción que la determinaría el alcalde por el no cumplimento de lo establecido a nivel municipal", le respondió la funcionaria. 

Ante la urgencia, Jara citó al equipo a cargo de los PMG y les dijo que la única forma de terminar la labor era que ellos tres pagaran de su bolsillo los servicios de un diseñador de apoyo. Ante la presión aceptaron y terminaron todos pagando $720 mil pesos.

Uno de los momentos más tensos los vivió Catalina en 2018, mientras se encontraba en su segundo embarazo. Después de un control ginecológico en el que por recomendación médica se le adelantó su prenatal, fue igualmente a la oficina ante la falta de algunos funcionarios dadas las Fiestas Patrias. Al llegar, Jara había sacado todas las cosas de su puesto de trabajo y al rato le preguntó qué le había pasado. Catalina le explicó y su jefe le respondió "ah, ya, eso no más. Yo pensé que se iba a morir tu bebé".

Según publicó El Mercurio de Valparaíso en julio de este año, Jara fue removido de su cargo por “supuesto maltrato laboral”. En dicho artículo, la Municipalidad dijo que fue porque "no cumplió las expectativas de la administración". Sin embargo, según constató INTERFERENCIA, hasta hoy se encuentra trabajando en el Municipio, solo que fue trasladado a Vivienda, esta vez con un contrato de honorarios.

Renuncia de Jessica Jerez al Comité Central de CS

En medio de la investigación de estos casos, INTERFERENCIA tomó conocimiento de que Jessica Jerez, ahora ex integrante del Comité Central de Convergencia Social, renunció a su militancia en el partido. Entre sus motivos señaló que se enteró de "una serie de hechos que transgreden los principios y la ética que definimos como rectores en los espacios colectivos compartidos".

Contactada por nuestro medio, señaló lo siguiente:

"Te comento que en esta pasada estoy en condiciones de confirmar que parte importante de mis razones para renunciar a CS tienen relación con los hechos de violencia sexual, psicológica y abuso de poder que conocí estando en el Comité Central del Partido. Muchos de estos hechos tienen domicilio en Valparaíso y tienen una data anterior a la Convergencia, lo que da cuenta de que no ha existido voluntad política para terminar con estas prácticas y tener una gestión municipal consistente con el proyecto político que se enarbola”, dijo Jerez.

En tanto, INTERFERENCIA se contactó directamente con Jorge Sharp, su jefe de gabinete y su equipo de comunicaciones, sin embargo al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.