De allí que sin dejar de destacar hitos relevantes, convenga analizar su actuación en los años recientes desde una óptica que obligue a mirar no solo el ámbito económico y político, sino sobre todo el cultural e ideológico. Y es que bajo la legitimidad democrática, los Matte han actuado como articuladores del poder, cumpliendo un papel clave en el estado actual de colonización empresarial de la política. Además, han tratado de profundizar un proyecto ideológico de larga data en su familia.

Punto de inflexión en la transición

Aunque Eliodoro Matte Larraín ejerce como presidente del directorio, basta una rápida mirada a la estructura organizacional del Centro de Estudios Públicos (CEP) para notar la presencia de representantes de las más connotadas familias empresariales, dirigentes y ex dirigentes políticos, sobre todo de la derecha –varios asociados a la dictadura-, y lo más granado de la intelectualidad liberal y conservadora del país. Esa tendencia no ha impedido que el CEP instituya en torno suyo un aura de imparcialidad, edificada sobre la base del carácter premonitorio que el sistema político le otorgó a su encuesta semestral.

El logro de esa legitimidad fue posible solo al hegemonizar el espacio intelectual que acompaña a las decisiones políticas en Chile. Con Arturo Fontaine a la cabeza, el CEP pasó de ser un férreo defensor de la obra de la dictadura, a una suerte de espacio de diálogo “neutral y técnico”, desde donde el gran empresariado, y especialmente los grupos Matte y Edwards, han tenido la oportunidad de interactuar con el poder político sin necesidad de asumir cargos en las organizaciones gremiales. Llegada la democracia, la Concertación mantuvo como uno de sus objetivos políticos la generación de un frente con el empresariado, que le proveyera gobernabilidad y dinamizara la economía. Sin embargo, durante su primera década en el poder, habría de encontrar más desencuentros que afinidades ante la elite económica más ideologizada del continente, que abiertamente desconfiaba del Estado y la política.

Pero el escenario cambia en el gobierno de Ricardo Lagos, incluso tras dificultades iniciales. La presión de los gremios ante el temor, real u oportunista, de un nuevo presidente socialista luego de Salvador Allende, fueron acalladas rápidamente por el giro que comienza a dar el nuevo presidente. Inaugura aquello con su asistencia a los salones del CEP para reunirse con el empresariado, a cuatro días de asumir el cargo. La imagen de hacerse acompañar por el futuro gabinete económico y quedarse durante toda la larga reunión, marcó distancia con Aylwin y Frei, quienes habían desistido de sendas invitaciones hechas por el CEP, prefiriendo enviar a sus ministros técnicos como representantes. Lagos, por su parte, no solo mostraba deferencia, sino que debatía sobre temas sectoriales y de interés nacional que ocuparían su agenda de gobierno. A su lado, comenzaban a estrechar vínculos con los equipos técnicos del CEP Álvaro García, ministro Secretario General de la Presidencia; Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda; y José de Gregorio, titular de Economía.

Luego de una segunda visita en 2001, para tranquilizar la inquietud empresarial ante posibles cambios en el ámbito laboral, es en 2003 cuando definitivamente se fija un punto de inflexión. Este llega en junio, con la promulgación en el CEP de una “agenda corta” de modernización del Estado, con la cual el Ejecutivo y el sistema político en conjunto buscaban poner atajo a los escándalos de corrupción vinculados al caso MOP-Gate. La oposición –liderada por Pablo Longueira- y el oficialismo –encabezado por el ministro del Interior, José Miguel Insulza-, llegaban a un acuerdo político en el que las propuestas de los investigadores del CEP eran predominantes. Las reuniones periódicas entre las tecnocracias concertacionistas y los técnicos del CEP comenzaban a dar frutos, demostrando que aquella reunión no solo constituía el cierre elitario para una crisis en potencia, sino que la consolidación de un lazo que permitiría legitimar, bajo la estricta vigilancia del empresariado, una serie de decisiones “técnicas” que han afectado la vida de los chilenos.

La actuación del CEP –así como de otros centros de pensamiento- ha buscado ser asociada a una visión neutral y aséptica de los asuntos públicos, independiente de intereses políticos y económicos. Esa aura de “cientificismo”, que se remonta a las campañas mediáticas que los equipos económicos y de planificación social de la dictadura realizaran desde mediados de los setenta, se consolida fuertemente con alianzas como ésta. Tanto así, que la incidencia política de propuestas que parecen incidir tangencialmente -pero que en el caso del CEP tiene sello empresarial-, y que se disfrazan de acuerdos y resoluciones “técnicas”, en el caso del gobierno de Ricardo Lagos se torna evidente: bajo mano empresarial, se promulgaron las leyes de mercado de capitales I y II –esta última definitivamente en el primer gobierno de Michelle Bachelet- y la Agenda Pro Crecimiento, todas iniciativas gestadas sobre la base de propuestas presentadas por la Sofofa.

Con todo, aquello no habría sucedido sin un ajuste al interior del propio empresariado. Los vaivenes de la economía y la propia legitimidad alcanzada por la Concertación en el gobierno, llevan a los gremios empresariales a reconocer la inoperancia de una posición absolutamente contraria al gobierno. Si el objetivo es defender los pilares del modelo económico de la dictadura, se hace necesario poder negociar con quienes conducen un Estado que se necesita para superar el estancamiento y reanimar la acumulación afectada hacia fines de los noventa.

En esa línea, algunos de sus miembros más jóvenes impulsaron un relevo en las dirigencias, con el fin de adaptarse a los nuevos dilemas. Entre los símbolos de esa pléyade, destacó Juan Claro, a la sazón, representante de la Sofofa desde 2001, tras ganar las elecciones a un dirigente industrial más cercano a una línea política tradicional como Hermann von Mühlenbrock. Es la Sofofa la que permite un acercamiento con el gobierno, el cual logra finalmente la legitimidad empresarial que venía buscando desde el comienzo. Lo que partía como un gesto de Lagos ante el miedo patronal, se transforma progresivamente en un vínculo entre política y empresariado que, como ya se vislumbra en ese momento, excederá los meros aportes a campañas políticas.

Se instala una forma de gobernar, que obtiene sus límites no de la ciudadanía sino de grupos particulares que fuerzan una cierta orientación del Estado, sobre todo a través del visado de los proyectos de ley que ingresan al Congreso. Los equipos económicos –y especialmente los ministros de Hacienda- juegan un papel central: se transforman en mediadores entre el interés empresarial y el gobierno. A su vez, el vínculo con los equipos técnicos de los centros de pensamiento empresarial, funciona tanto para llenar de contenido esas propuestas como para legitimarlas ante la gran empresa y propia ciudadanía, la cual acepta como verdades científicas –y neutras- decisiones que tienen consecuencias políticas reales en sus vidas. Así, si Nicolás Eyzaguirre mantiene contacto permanente y reservado con los investigadores del CEP -y abre nexos similares con otros centros opositores- para “testear” los proyectos de ley, Andrés Velasco apelará a la legitimidad “técnica” de estos espacios para, por ejemplo, limitar a un dígito el alza del gasto fiscal, alejando cada vez más la posibilidad de retomar derechos sociales universales.

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Bernardo Larraín Matte

Ahora bien, la hegemonía del CEP fue puesta en duda en el último tiempo, paradójicamente por la derecha. Los resultados de la Encuesta CEP que coincidían con el inicio de la penúltima campaña presidencial –dando amplia ventaja a Michelle Bachelet, incluso con posibilidades de ganar en primera vuelta- fueron rechazados por Joaquín Lavín, generalísimo de la campaña de Evelyn Matthei. El incidente, aunque pareció una defensa desesperada ante un triunfo inminente de sus rivales, se produjo en medio de una tensa situación al interior del propio think tank, que había sufrido la inesperada salida de su histórico director. La estocada de Lavín aprovechaba esa debilidad, y de paso se mostraba como síntoma de disgusto ante un empresariado volcado a la candidatura concertacionista. De todos modos, un nuevo golpe a la legitimidad de la encuesta se lo propinarían sus mismos responsables -ahora con Harald Beyer a la cabeza al incluirse preguntas tendenciosas sobre el debate educacional, en medio del ánimo reformista que balbuceaba el gobierno.

Pero si la encuesta está dañada, el CEP no lo estaba del todo. En 2015, en una exclusiva reunión el centro lanzó un libro que recoge las propuestas de 30 académicos y profesionales del Derecho, para una eventual reforma constitucional. Como si no pasara el tiempo, los presentadores fueron Enrique Barros y Ricardo Lagos, el mismo que pasó intempestivamente a liderar esta discusión con el apoyo de expertos en el tema. Y es que el anuncio mediático de Bachelet llevó transversalmente a las fuerzas políticas a poner en ruedo a sus equipos de constitucionalistas. Los miembros y financistas del CEP, con los Matte encabezando, parecen querer participar, sobre todo si pueden liderar el proceso.

La devoción por la pobreza

Patricia Matte se encarga de dirigir un proyecto ideológico enraizado en la educación chilena, que aunque tiene dos caras, da cuenta de una visión estratégica del poder que excede lo meramente económico. Por una parte, es la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), constituida por una red de 17 colegios particulares subvencionados y sin fines de lucro, que tienen a su haber la educación de más de 18 mil estudiantes, según cifras de la propia institución. Las “escuelas Matte” son reconocidas por sus resultados académicos y por abocarse a los sectores más pobres de Santiago, conformando una historia más que centenaria, en la que generaciones de niños chilenos se han formado al alero del método de lectoescritura que el tío bisabuelo de la familia, Claudio Matte, creara en 1884. Por otro lado, también es la encargada de la Fundación Los Nogales, entidad sostenedora del colegio del mismo nombre emplazado en la comuna de Puente Alto, que defiende un proyecto educativo religioso, con reminiscencias del discurso confesional de la elite económica chilena, al que adhieren Patricia y Eliodoro Matte.

Los objetivos generales de ambas iniciativas son los mismos: atender a los más pobres y buscar nuevas y mejores metodologías de enseñanza que aporten al sistema educacional chileno. Pero sólo la SIP ha apostado por replicar sus metodologías por fuera de las “escuelas Matte” y ha ido consiguiéndolo gracias a los incentivos de las políticas educativas neoliberales.

En efecto, dentro de la desprofesionalización a que se han visto expuestos lo profesores desde los años ochenta, destaca su pérdida de la tuición profesional y ética sobre los contenidos y la forma de realizar las clases, los cuales han sido traspasados progresivamente a los sostenedores de las escuelas. Como un modo de consolidar esto, la Ley de Subvención Escolar Preferencial incluye un subsidio escolar para niños vulnerables, que ha alentado a los colegios a contratar asesorías que los ayuden a mejorar la calidad de su enseñanza, en tanto se torna requisito para recibir las subvenciones estatales. Tales Asesorías Técnicas Educacionales (ATE) han dado forma a un nuevo negocio que, sin embargo, los Matte no han usado como tal, sino como vehículo para difundir su modelo.

Esto lo han hecho a través de Aptus Chile, corporación sin fines de lucro que transfiere sus productos y metodologías pedagógicas y de gestión educativa, y que nace de la alianza entre la SIP y la Fundación Reinaldo Solari –de la familia controladora del Grupo Falabella/ Sodimac. De modo extraordinariamente agudo, esta organización, que para los Solari es parte de su responsabilidad empresarial y para los Matte parte de su proyecto histórico, ha logrado introducir sus productos valiéndose del abandono del Estado y de la Concertación a la formación y fortalecimiento docente. La pérdida de tuición sobre el aprendizaje y la falta de tiempo para preparar las clases, ha obligado a los profesores (con el apoyo de sus sostenedores) a consumir este tipo de paquetes pedagógicos, que incluyen planificaciones de asignaturas, pruebas y evaluaciones, además de otros materiales necesarios para realizar su labor. Sin embargo, al no estar orientada al lucro, esta ATE tiene como objetivo central la expansión de una visión y contenidos educativos particulares. De alguna manera, al igual que las universidades de la elite, en su afán educativo predomina lo ideológico antes que lo lucrativo, con la salvedad, en este caso, de dirigirse a sectores diferentes, generalmente del mundo popular.

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Uno de los colegios de los Matte.

La cara confesional del proyecto ideológico la proveen los principios esbozados en el modelo educacional del Colegio Los Nogales. En él, se repiten nociones como “el amor por la excelencia, el trabajo bien hecho, la disciplina y el orden”, además de una concepción del ser humano como expresión terrenal de Dios. Aquello que podría encontrarse en cualquier proyecto educativo privado, adquiere sentido al cotejarse con la afiliación confesional de algunos miembros del Grupo Matte y con el proceso de reapropiación del catolicismo que la elite económica chilena ha experimentado. 

Cuando en los sesenta la Iglesia se quiebra cultural y políticamente por la cercanía de algunas de sus facciones con proyectos políticos progresistas, muchas familias comienzan a “refugiarse” en agrupaciones ultraconservadoras como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que desde la dictadura en adelante cambian a su favor el mapa de correlaciones de fuerza al interior de la Iglesia. Lo logran vinculando en su mensaje los axiomas del libre mercado con valores como el orden, la voluntad y el autocontrol, además de una especial devoción por la familia y el trabajo. Pero sobre todo, lo hacen transformando la acumulación de riquezas en una consecuencia no negativa ante los ojos de Dios.

Tanto Patricia como Eliodoro Matte adhieren a esta cosmovisión -sobre todo por su vínculo con los Legionarios de Cristo- en torno a la cual ha surgido un proyecto como Los Nogales, siguiendo la tendencia al trabajo social doctrinario que, valiéndose de la libertad de enseñanza, han desarrollado congregaciones y personas ligadas a la religiosidad elitaria  en los sectores populares.

Ahora bien, la doble dimensión del proyecto ideológico de los Matte, coincide con la trayectoria reciente de la educación chilena y con la incidencia que ellos mismos han ejercido. Como socióloga, Patricia Matte trabajó bajo la dictadura en el departamento de estudios de Odeplan, aportando en la construcción del modelo de política social focalizada que predomina hasta hoy. Allí la clave es el reemplazo de los derechos sociales universales por políticas focalizadas, dirigidas a “los más pobres”. Esta visión subsidiaria, que traspasa a instituciones privadas tareas cumplidas por el Estado, da luz verde a la difusión de su propio proyecto educativo, ya sea en su variante más laica y tradicional -la SIP-, centrada en el ascenso social individual, o en su versión religiosa –Los Nogales-, anidada a un conjunto de iniciativas elitarias que buscan reproducir una cosmovisión particular en el mundo popular. En ese sentido, la parte interesada participa en la imposición de los propios términos de la discusión educacional, pero valorizando esa influencia en un proyecto ideológico de más largo alcance. Por tanto, al proveer los colegios particulares subvencionados la llave para introducir la libertad de enseñanza en el mundo popular, se explica la defensa de Patricia Matte al lucro en educación, no porque lo ejerza, sino porque sostiene la existencia del tipo de colegio que le permite conquistar espacio en aquel sector social.

HidroAysén y Máximo Pacheco

Como ya se ha dicho, la idea original del proyecto HidroAysén derivó en un rechazo no sólo sancionado por la justicia y la opinión pública, sino que por el propio Colbún, que ya en 2012 informaba la suspensión de sus estudios de transmisión, alegando la inexistencia de una política energética. Aquello significó traspasar a la autoridad la presión sobre el futuro del proyecto, dando cuenta del lugar que esta empresa ocupa en la alianza con Endesa, si se acepta lo que defiende el Movimiento Patagonia Sin Represas. Para ellos, al no carecer la italiana Enel –dueña de esta compañía- ni de expertise, dinero o patrimonio para llevar a cabo el proyecto, habrían buscado en los Matte la influencia que ejercen en el ámbito energético chileno. Esta influencia, sin embargo, ha sido usada en el último tiempo para remarcar la importancia de construir una línea de transmisión que inyecte energía al Sistema Interconectado Central (SIC), antes que para defender al propio Hidroaysén. Bernardo Larraín Matte –presidente de Colbún y miembro de la tercera generación- ha señalado como prioritaria una nueva política energética que apuntale un gran proyecto energético integrado. Siendo el principal anhelo del empresariado la disminución de los costos energéticos para reimpulsar un nuevo ciclo de acumulación, se torna fundamental hacerse parte de la Agenda Energética impulsada por el gobierno, que ha puesto a la introducción de regulación y competencia en el mercado, como sus puntos principales.

En ese escenario adquiere (en 2015) relevancia la figura del ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, aun cuando este haya vetado el proyecto Hidroaysén y, más aún, haya manifestado públicamente su apoyo al proyecto Alto Maipo, que beneficia a la competencia de Colbún, AES Gener, y al Grupo Luksic. Los lazos de Pacheco con los grupos económicos lo posicionan como un articulador estratégico para destrabar el atasco energético que desvela al gran empresariado. Y en los hechos ya ha dado muestras de su capacidad, primero, rompiendo el oligopolio del mercado generador de electricidad, al impulsar el ingreso de las multinacionales GDF Suez y EDF; y segundo, impulsando la conexión del SIC con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). De tal suerte, a la espera de qué suceda, los Matte parecen cuadrarse con el sentir de la elite económica, antes que apostar por beneficios propios de corto plazo.

La maniobra de Larraín Matte

Los tropiezos de Hidroaysén y del CEP dan cuenta de una cierta debilidad del Grupo Matte, aunque eso no signifique que sus miembros caigan en el inmovilismo. Esto vale sobre todo para Bernardo Larraín Matte, quien recientemente propuso y apoyó levantar una candidatura alternativa a la de Hermann von Mülenbrock, en las últimas elecciones de la Sofofa. Junto a empresarios como Alfonso Sweet, Enrique Cueto y otros miembros de tono más liberal dentro de los industriales, apoyó a Andrés Navarro –dueño de Sonda y cercano a la DC y Sebastián Piñera-, defendiendo un discurso autocrítico con los propios empresarios, a los que llamaron a hacerse responsables de su desprestigio reciente, a la vez que ha reposicionar a la Sofofa a la cabeza del debate público. El resultado, sin embargo, fue una clara derrota de Navarro. Las amenazas reformistas del gobierno y la desaceleración económica, parecen haber permitido que la postura dura que von Mülenbrock ha manifestado frente al gobierno se impusiera ese año 2015.

¿A qué responde esta maniobra? Una interpretación surge al constatar lo que dejó la apuesta de Larraín Matte y Navarro. En primer lugar, significó la vuelta de un miembro del Grupo Matte a la primera línea de la disputa política gremial, que aunque no obtuvo el premio mayor, le permitió ingresar al Consejo General y mantenerse expectante durante la nueva etapa que comienza. Esto coincide con el deterioro de la posición hegemónica del CEP en el debate público, que como se dijo, fue la institución tras la cual los Matte, y buena parte del gran empresariado, se atrincheraron sin necesidad de ensuciarse directamente en el juego político gremial. En segundo lugar, este reagrupamiento contrario a una nueva gestión de von Mülenbrock da cuenta de una crítica manifiesta a su conducción, sobre todo si se considera la intransigencia que ha mostrado ante el gobierno. De allí que la figura de Navarro no sea casualidad, sobre todo por la estrecha relación que tuvo con la conducción empresarial que dominó a principios de los dos mil. Finalmente, en los argumentos significó volver a la conocida fórmula de la colaboración público-privada para reactivar la economía, buscando aprovechar el “rol regulador del Estado con el emprendimiento y la gestión privada”, y con lo dicho por el propio Ricardo Lagos al constatarse la desaceleración económica. 

Actualmente, no obstante, se ha adornado este discurso con un lenguaje más vinculado a la responsabilidad social de las empresas, el cual el mismo Larraín Matte difunde entre sus pares a través de su cargo de vicepresidente en Icare y como responsable del Círculo Empresa y Sociedad.

Aunque no es posible asegurar que los movimientos de Larraín Matte sean orgánicos del grupo, se acción parece apostar hacia los consensos que necesita el empresariado para comenzar un nuevo ciclo. Bajo esa premisa, la retórica reformista ya agotada del gobierno de Bachelet y el carácter empresarial de su gabinete, debería servir como trampolín para dar un paso hacia adelante en esta materia. Apoyar un acuerdo de proporciones en ámbitos como el energético, es más importante que la reacción desproporcionada a una amenaza que ya no existe. Por tal motivo, von Mülenbrock –que ya había perdido la elección con Juan Claro en 2001- representa antes la reacción que la proposición y, por tanto, imposibilita un liderazgo empresarial también en términos del debate público, al menos de modo “legítimo” como lo logró la Sofofa durante el gobierno de Lagos.

Encarando una nueva etapa

A lo largo de su trayectoria histórica, los Matte han hecho prevalecer en su estrategia económica, antes que el control sobre diversos sectores económicos, la consolidación de su participación en la industria forestal. En ella han logrado desarrollar una cadena de producción que abarca diversos procesos, desde la extracción del recurso forestal hasta su procesamiento industrial y posterior transformación en productos, con diversos niveles de agregación de valor. Su posición en la industria ha contado, como ocurre con los demás grupos empresariales, con el concurso del Estado por medio del subsidio a la acumulación privada. Al comienzo, con la dictadura favoreciendo la concentración de la propiedad y poniendo a disposición del grupo subsidios públicos para fortalecer el carácter exportador del sector forestal, que fue una de las medidas para hacer frente al giro sin retorno que la Reforma Agraria había provocado. Luego, gracias a los gobiernos de la Concertación, no solo por no modificar en lo sustancial la institucionalidad que sustenta el poder y la posición dominante de estos conglomerados, sino por propiciar la concentración directamente, tal como sucedió con la privatización de Colbún, de la que el Grupo Matte salió beneficiado.

Por otro lado, los Matte dan continuidad en el plano ideológico y cultural al proyecto de dominación elitario, a partir de diversos dispositivos con los que ejercen influencia social y política. Esto lo hacen en el debate público, ayudando a imponer, desde la dictadura en adelante, los términos bajo los cuales se piensan y operacionalizan cuestiones clave para la vida social y política chilena. Aunque también lo hacen expandiendo un proyecto educativo de larga data en su familia, aprovechando el mismo Estado subsidiario que ayudaron a construir en su momento. Se genera, por tanto, una simbiosis entre un poder político, cultural y económico, que combinados fortalecen la aún mayor extensión de una variante de formación neoconservadora en importantes sectores de la sociedad. Esta se ve apuntalada no solo por el peso económico de un grupo que logra abrirse paso en el mercado mundial, sino también por un Estado que, en vez de enfrentar aquel proyecto oponiendo el acervo cultural de lo público por la vía de expandir la democracia, pone su poder a disposición del perfeccionamiento de estos procesos de acumulación.

En suma, en el entramado actual de los grupos económicos, el de los Matte es el que cuenta con mecanismos más estables y penetrantes para incidir en términos políticos e ideológicos en la sociedad chilena. Sin embargo, en tiempos en que la derecha política no tiene capacidad de incidencia, su estrecha ligazón con ella lo pone un peldaño por debajo de otros conglomerados que, como los Luksic, logran influir directamente en el gobierno bacheletista, ya sea por el aislamiento con que este opera respecto a los partidos, como por el endémico presidencialismo chileno. 

Pero la propia crisis del sistema político no asegura que se mantenga tal diferencia de modo inmediato, ante lo cual ya los miembros e instituciones ligadas al Grupo Matte comienzan a movilizarse para liderar la discusión sobre los términos en que emerja una nueva etapa. Allí es necesario centrar la mirada.

(*) Caviedes y Bustamante son sociólogos de las universidades de Chile y Católica, respectivamente. Este artículo fue tomado de la revista Cuadernos de Coyuntura de la Fundación Nodo XXI, Nº 8, Año 3, junio de 2015. La publicación original, incluyendo sus múltiples notas, puede encontrarse en http://old.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC8-Editado-a4.pdf.