El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella presentada por ex gerentes y ex subgerentes de Corona por la apropiación indebida del pago del Formulario 29, que contempla impuestos como el IVA y obligaciones laborales, como el impuesto a la renta.

Según la querella, admitida el pasado 30 de octubre, Multitiendas Corona S.A. habría retenido y desviado “sumas correspondientes al impuesto único de segunda categoría y otros componentes”, contempladas dentro del Formulario 29. 

La acción patrocinada por el abogado Matías Berríos Fuchloscher, socio del estudio jurídico Berríos & Palavecino | Pinochet, acusa que desde Corona “decidieron destinar dichos fondos retenidos a solventar gastos de caja y liquidez interna de la empresa, en el contexto previo a su proceso de liquidación”.

En detalle, la querella describe que Corona acordó con el Servicio de Impuestos Internos (SII) el pago del monto adeudado en cuotas a partir de noviembre de 2024. Sin embargo, “tales convenios fueron cumplidos solo parcialmente”.

En el caso del IVA, “se pagaron cinco cuotas de las veintitrés pactadas, con vencimiento al 31 de mayo de 2025”. Para abril de 2025, “solo se pagó el pie inicial, quedando 23 cuotas pendientes”.

El abogado Berríos señala que “nos consta que no se enteró el impuesto único de segunda categoría, que la empresa debe pagar reteniendo los montos recibidos por los trabajadores”.

Si bien no existe un cálculo exacto del monto desviado, fuentes al tanto estiman que unos 100 ex trabajadores de Corona se verían afectados por el no pago de su impuesto a la renta.

Estas fuentes acusan que el acuerdo de pago entre del retailer de la familia Schupper y el SII era desconocido para los trabajadores y que, de no ser por algunos informantes y la querella presentada, se habrían enterado de los hechos denunciados cuando el Servicio hubiera objetado su Operación Renta 2026.

En esta línea, aseguran que la propuesta de convenio de pago, así como dejar de pagar las cuotas adeudadas, habría sido propuesta por el gerente general, Allan Hornig, en acuerdo con el directorio.

Consultado por la admisibilidad de la querella, el abogado Berríos señala que “nos consta que no se enteró el impuesto único de segunda categoría, que la empresa debe pagar reteniendo los montos recibidos por los trabajadores. Además de esto, sabemos que esos montos sí fueron retenidos”.

“Hemos decidido presentar la querella para que se lleve a cabo una investigación eficaz que determine el destino de esos fondos. Tenemos plena disponibilidad para colaborar con la investigación”, concluye.