Chile atraviesa un momento de creciente incertidumbre política y económica. Como ha ocurrido en otros períodos de crisis, ese escenario ha sido aprovechado por los intereses empresariales para impulsar una agenda que busca acelerar las inversiones y remover las barreras que limitan la expansión del extractivismo.

La historia reciente de nuestro país da cuenta de ello, en un contexto regional donde América Latina vive procesos similares y en el que el discurso de la permisología, la desregulación en favor de la inversión y la defensa de un modo de desarrollo basado en la explotación de bienes comunes naturales siguen siendo el único horizonte que plantea la clase política-empresarial.

En este marco, es sumamente relevante considerar el aspecto geopolítico. Durante décadas, Chile ha sido parte de aquellos países que se encuentran al servicio de los intereses de potencias en un escenario cada vez más inestable; pero lejos de que las y los representantes políticos miren hacia la región latinoamericana, el país se sigue condenando a la dependencia.

Pero esta dependencia ya no se centra solo en los niveles económicos, sino que es un fiel reflejo de cómo se ha entregado la soberanía a disposición del mejor postor, en un escenario donde Pekín y Washington ven al país como un espacio para sostener sus propias disputas y, además de abastecer sus cadenas de suministro, correr el cerco del poder.

Un pueblo al sur de Estados Unidos, y del Sur

La economía chilena, fuertemente neoliberalizada y dependiente del mercado exterior, ha concentrado durante años su interés en China y Estados Unidos como “socios estratégicos” para sostener un modelo basado en el extractivismo. En este plano también entran otros actores, como la Unión Europea, pero para efectos de este análisis se acotará en la relación China-EE.UU.

En el actual escenario, con una transición energética corporativa que mercantiliza la crisis climática, un país como Chile con disposición política-institucional de fomentar fuertemente el ingreso de inversiones, sumado a la latente guerra comercial entre China-EE.UU., la soberanía del país se encuentra cada vez más en riesgo.

Al igual que muchos países de la región latinoamericana, Chile ha mantenido una matriz político-económica fuertemente dependiente del mercado internacional. 

De ahí que el ejercicio de la soberanía haya quedado en entredicho al disponer sus políticas públicas a intereses foráneos que se han anclado en el país, con una historia reciente de administraciones gubernamentales que han favorecido someter al país a la presión internacional.

Durante décadas, Chile ha sido parte de aquellos países que se encuentran al servicio de los intereses de potencias en un escenario cada vez más inestable; pero lejos de que las y los representantes políticos miren hacia la región latinoamericana, el país se sigue condenando a la dependencia irrestricta.

Uno de los casos más recientes e icónicos que da cuenta de esa situación ocurrió en un momento donde, justamente, se utilizó a Chile como espacio de disputa geopolítica. 

Durante años ha existido la intención de desarrollar una conexión submarina por el Pacífico, entre Chile y Asia. Con esta intención, el gobierno del expresidente Gabriel Boric habría gestionado un proyecto de cable submarino para fibra óptica entre Chile-China.

Conocida las gestiones, en pleno contexto de transición entre el gobierno de Boric y el ultraderechista José Kast, la situación significó un remezón en las relaciones internas del país como también para con las potencias. 

Mientras la administración Boric veía con buenos ojos el proyecto, desde Washington la gestión de Donald Trump golpeó la mesa, se mostró alertada por la iniciativa e incluso revocó las visas de tres funcionarios del gobierno, entre ellos el entonces ministro de Transportes.

La situación escaló a tal nivel que el ahora presidente Kast se cuadró con la perspectiva estadounidense, y el paradero actual del proyecto se desconoce. Sin embargo, existe un proyecto similar que es actualmente impulsado por el gobierno llamado “cable submarino Humboldt”. Este último, impulsado por Google y la estatal Desarrollo País, busca conectar Sudamérica con el eje Asia-Pacífico, donde Chile jugará un rol clave al unir Valparaíso con Sidney, una iniciativa que avanza hacia su consolidación con el visto bueno de Washington.

Lo que sí quedó en evidencia en esta antesala es que Chile se constituiría como un campo de disputa entre los intereses estadounidenses y chinos, sin que exista espacio para que la población del país tenga la oportunidad de definir su futuro. 

“En todos lados se cuecen habas”

El dicho popular alude a que las dificultades pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. En el caso de Chile, y las amenazas que vive en plena guerra comercial entre Pekín y Washington, esto es clave.

Políticos chilenos de larga y cuestionada trayectoria han bautizado al país como el “salvavidas del mundo”, debido a que la cantidad de bienes comunes naturales (mal llamados “recursos”) que existen en Chile permite ser un lugar perfecto para la explotación desmesurada que tribute al beneficio empresarial, de los Estados y avanzar en una transición pintada de verde.

Pero Chile no sería “ideal” solo por la existencia de bienes naturales, sino también por un sistema político altamente flexible a los intereses del capital, que ha permitido la profundización del neoliberalismo y la continuidad de un modelo de desarrollo extractivista durante décadas. 

La apertura comercial del país permite que esas mismas dimensiones se conviertan en focos de conflictividad socioambiental, donde políticas y proyectos de inversión protagonizados por empresas chinas y estadounidenses entran en tensión con comunidades locales y organizaciones sociales.

Mientras la institucionalidad del país se inclina por el mejor postor transnacional, al interior la conflictividad se acelera, diversifica y expande ante un extractivismo que se mantiene vivo y fortalecido por el propio Estado de Chile.

Pero esto no pareciera importarles a los representantes de Pekín y Washington en Chile.

Si bien el gobierno de Kast ha optado por una línea mucho más pro-Trump, que se evidencia en la firma de acuerdos para obtener minerales “críticos” y su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el país mantiene una fuerte dependencia hacia China.

A nivel institucional, el embajador de China en Chile se ha desplegado en una gran cantidad de reuniones con funcionarios del país, que van desde la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, alcaldes de comunas, partidos políticos hasta gremios empresariales. 

Por su parte, la embajada estadounidense no ha compartido más información sobre su participación en este plano. Pero esto no significa que aquello no ocurra.

Mientras China realiza un lobby periódico, Estados Unidos golpea la mesa y ordena. Y entre ambos, Chile no decide, sino que se mantiene sumiso según el momento.

¿Existirá el salto postextractivista?

El gobierno de Kast ha optado por la regresión generalizada de los derechos sociales y de la Naturaleza como parte de su programa político. Esto, de la mano de una aceleración de las inversiones en el país.

Ese contexto, propicio para Estados Unidos y China, empuja a Chile al derrumbe de su soberanía, en el que estos países han encontrado un espacio más para presionar y ejercer sus intereses sobre este territorio.

Así, en un contexto en el que el tablero geopolítico se resquebraja cada día más, los países del Sur vivimos la presión constante de los intereses foráneos. 

Esta situación no nos permite ver más allá del inmediatismo. En lugar de buscar una alternativa regional como América Latina, Chile sigue mirando hacia el Norte o apelar a una colaboración Sur-Sur que está lejos de lo que prometió ser.

El país debe avanzar en un legítimo derecho de soberanía para decidir su presente y futuro, donde se construyan alternativas y proyectos que superen el extractivismo, sin tropezar cada vez más con el interés de Pekín y Washington.

Por ende, la salida postextractivista también conllevará la tensión con aquellas potencias que, hoy, tienen más espacios de disputa en Chile.

(*) Javier Arroyo Olea es investigador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) organización miembro del Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)