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Domingo, 28 de Junio de 2026
[Cortocircuito]

Net Now: cuestionamientos a empresa proveedora del Estado abre potencial crisis en infraestructura digital de hospitales y universidades

Maximiliano Alarcón G.

La Fiscalía estaría investigando eventuales delitos en licitaciones entre Junaeb y la compañía de tecnología. Según una denuncia de 2021, el entonces director de la entidad, Jaime Tohá, adjudicó millonarias compras a Net Now, pese a que su dueño era cercano a él y financista de la campaña presidencial de su amigo Sebastián Sichel. Un revés judicial podría afectar contratos de la empresa con otros organismos públicos.

Una historia que partió en 2021 podría tener graves consecuencias en el futuro próximo para distintas instituciones del Estado, dado que el Ministerio Público tendría en la mira a una de las principales proveedoras de infraestructura digital en hospitales, universidades e incluso Carabineros y el Ejército.

Según fuentes que conocen el caso y que hablaron con Interferencia fuera de micrófono, la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía mantiene diligencias activas bajo estricto secreto para dar con eventuales delitos en torno a licitaciones entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con la empresa de tecnología Net Now, ocurridas desde 2017 a 2021.

Esta situación podría significar que otros servicios que presta Net Now al Estado en la actualidad, vinculados al soporte digital de los organismos, se vean afectados por una eventual inhabilidad producidad por una situación judicial negativa.

De acuerdo a información disponible en Mercado Público, esta compañía –representante de Acer en Chile– es habitualmente una de las favoritas del Estado. Tan sólo en 2026 se han adjudicado 158 compras por un monto de $31.827 millones, por lo que ocupa el lugar 21 entre los principales vendedores de la plataforma. Mientras que en 2025, lograron 258 compras por un monto de $37.437 millones.

Entre sus clientes, actualmente se encuentran hospitales como El Carmen, el Van Buren y el de Puerto Montt; casas de estudio como la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago; la Dirección de Logística de Carabineros y la Zona de Bienestar del Ejército; además de otras entidades como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Servicios Locales de Educación Pública (Slep).

Pese a que en Mercado Público Net Now se mantiene habilitada para realizar contratos con el Estado, la empresa aún carga con los problemas surgidos en 2021, cuando la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Afaeb), presentó una denuncia en Contraloría en torno a la compra de computadores realizada por la entidad a la la compañía mencionada.

Según publicó El Mostrador en 2021, los trabajadores acusaron que entre 2017 y aquel año, mientras Jaime Tohá Lavanderos era secretario general de Junaeb, Net Now se adjudicó ocho compras con el organismo, por un monto que en total superaba los 100 mil millones de pesos, de acuerdo al documento presentado.

El conflicto es que, de acuerdo a lo señalado por los funcionarios, Tohá era estrechamente cercano a Jorge Tuñón, propietario de Net Now.

Pero esto no quedaba sólo en dicho lazo, sino que además la denuncia indicó que Tuñón fue uno de los principales financistas de la campaña presidencial en 2021 de Sebastián Sichel, actual alcalde de Ñuñoa, quien además es amigo desde la universidad de Tohá Lavanderos.

Otro dato delicado agregado por Afaeb fue que en 2017 el jefe del Departamento de Procesos de Compras y Contrataciones de Junaeb era Matías Kuhn, quien además fue asesor jurídico de Jaime Tohá, pero que en 2020, tras dejar el organismo, pasó a ser abogado de Net Now.

En 2023 la Contraloría emitió un informe en el cual se detectó que Junaeb entregó por error 9.227 computadores del programa Beca TIC a estudiantes que no contaban con los requisitos de vulnerabilidad establecidos legalmente, de los cuales 3.500 eran de los comprados a Net Now.

De acuerdo a las fuentes que hablaron con Interferencia, entre lo que busca establecer la Fiscalía es la existencia de “dádivas o promesas” a funcionarios públicos para asegurar adjudicaciones o pagos, así como también la eventual presión para la entrega de fondos estatales.

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