La noche de ayer jueves, el Tribunal Constitucional (TC) acogió de forma parcial las impugnaciones impulsadas por la oposición frente al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast. En su resolución, el organismo declaró la inconstitucionalidad total de los artículos 12 y 13 de la megarreforma del mandatario, que buscaban establecer el derecho a indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuese anulada por sentencia judicial firme. Asimismo, el pronunciamiento abordó los requerimientos asociados a la invariabilidad tributaria y a los cambios introducidos a la Ley N.º 20.434 sobre relocalización de concesiones de acuicultura.

El acuerdo sobre los tres requerimientos fue alcanzado por el pleno del TC tras la audición de los alegatos de las partes. La deliberación estuvo a cargo de su presidenta, María Pía Silva, junto a los ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

Diversos legisladores del bloque opositor expresaron su conformidad tras el fallo del Tribunal Constitucional, instancia que en el ámbito ecológico ratificó los cuestionamientos planteados por ambas cámaras del Congreso. Respecto a la invariabilidad tributaria, el TC acogió de forma parcial la impugnación, por lo que los parlamentarios recalcaron la importancia de aguardar la redacción del dictamen final para determinar con exactitud las implicancias de esta resolución.

Frente al fallo, el líder del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó: “Valoramos en parte la decisión del TC de acoger algunos aspectos de estos requerimientos que, como oposición, hemos presentado, porque consideramos que aspectos de esta megarreforma son inconstitucionales”.

Al respecto, la líder de los diputados PPD-Independientes, Andrea Parra, sostuvo que “tuvimos que llegar hasta las últimas consecuencias y acudir al Tribunal Constitucional, porque en la discusión parlamentaria nos encontramos con un Gobierno y un ministro Quiroz inflexibles y además muy poco dialogantes”.

En esa misma línea, la congresista destacó la anulación por inconstitucionalidad de los polémicos artículos sobre normativa ambiental y manifestó su anhelo de que el Ejecutivo inicie una profunda autocrítica sobre su actual conducción política.

Por su parte, el legislador del PPD e integrante de la instancia de Constitución, José Montalva, afirmó que el dictamen del organismo ratifica las críticas formuladas en torno a la invariabilidad tributaria y las prerrogativas de carácter ecológico.

Al respecto, el parlamentario aseveró que “siempre lo dijimos, con esta reforma tributaria, el Gobierno quiso ir demasiado lejos. No solo pretendió entregar beneficios que superaban incluso los que existieron en dictadura, sino que además cruzó los límites de nuestra Constitución”. En ese sentido, recordó que la actual Carta Magna fue validada en dos ocasiones por la ciudadanía y enfatizó que la nación requiere de incentivos a la inversión, mas no de granjerías o normativas diseñadas para favorecer intereses particulares.

Por su parte, el diputado Marcos Barraza (PC), quien fuera uno de los principales promotores de impugnar el eje central de la megarreforma ante el organismo, realizó un balance sobre los alcances del dictamen.

Al respecto, Barraza aseveró que “el fallo del Tribunal Constitucional debe ser analizado en profundidad, pero en principio nos dio la razón en cuestiones importantes”.

En ese sentido, el legislador enfatizó que se consiguieron establecer restricciones al blindaje tributario destinado a los grandes capitales, junto con la anulación de las disposiciones sobre resarcimiento económico en materia ecológica. Pese a que el requerimiento no fue admitido en su totalidad, el parlamentario recalcó que la sentencia evidencia que la reconstrucción del país no puede servir de pretexto para instaurar privilegios impositivos o para socavar la normativa ambiental vigente.