Un total de 128 organizaciones advirtieron que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 reduce de forma sostenida los recursos para buscar a los detenidos desaparecidos y para mantener los lugares donde se preserva la memoria de la dictadura. Lo hicieron en un comunicado público firmado por sitios de memoria, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares y federaciones estudiantiles, entre ellas la Confech, la FECH y la FEUC.

Según ese análisis, elaborado a partir de cifras de la Dipres y del Ministerio de Hacienda, el presupuesto consolidado del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) baja de $1.526 millones a $1.135 millones, una diferencia nominal de $391.282.000.

De acuerdo a las organizaciones, el presupuesto 2027 es descrito como el mayor retroceso en memoria y derechos humanos desde el retorno a la democracia.

Búsqueda con menos recursos

El recorte de 2027 se suma a uno previo. Según el comunicado, los decretos 135 y 332 le quitaron este año $91.294.000 al Programa de Derechos Humanos, ejecutor del PNB, lo que equivale a 8,8% de su presupuesto original. La Subsecretaría de Derechos Humanos informó en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del plan que el ajuste golpearía el ítem “Diligencias”, que financia la prospección, el levantamiento de testimonios y la investigación en terreno.

Para 2027, el Programa de Derechos Humanos pasa de $1.036.658.000 a $843.876.000, una caída real de 20,88%. El Servicio Médico Legal, que ejecuta las pericias forenses del plan, cae de $489.514.000 a $291.014.000, lo que representa una baja real de 42,21%. Las organizaciones también cuestionan la eliminación del Subtítulo 24 del programa, que permitía transferencias corrientes y financiaba conmemoraciones y encuentros nacionales de agrupaciones de familiares, y piden a la Subsecretaría que explique cómo imputará esos gastos.

Sitios de Memoria sin inversión

El presupuesto ordinario exclusivo del Programa de Sitios de Memoria cae 60,69%, de $1.688.953.000 a $683.075.000. La baja incluye la eliminación total del Subtítulo 33, el fondo destinado a proyectos de inversión, rescate arqueológico y estabilización de infraestructura. Al sumar la glosa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, los fondos globales descienden 36,74% en términos reales, desde $2.887.547.000 a $1.879.195.000.

El comunicado recuerda que el decreto 332, del 24 de abril de 2026, ya había rebajado en 43,9% el Subtítulo 24 de la Subsecretaría para estos sitios y dejado sin financiamiento estatal a ocho de ellos, entre otros la ex Clínica Santa Lucía, Cerro Chena, José Domingo Cañas y Mulchén. Las organizaciones sostienen que eliminar la inversión vulnera el principio de no regresividad en los derechos económicos, sociales y culturales.

Glosa eliminada en Judicial

El proyecto también suprime la Glosa 03 de la partida del Poder Judicial, que resguardaba $384.637.000 para el programa “Búsqueda y Digitalización de Causas de Derechos Humanos”. La glosa obligaba además a entregar reportes trimestrales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Las agrupaciones reconocen que la comparación con 2026 no muestra una reducción equivalente, pero afirman que su ausencia siembra dudas sobre la continuidad del proyecto y debilita la fiscalización.

A esto se suma el rezago en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde hay 63 solicitudes de declaratoria o ampliación de protección de sitios pendientes desde marzo. Según el comunicado, la demora se debe a que organismos como la Subsecretaría de Derechos Humanos no han entregado los antecedentes que respaldan los expedientes. La declaratoria es requisito para postular a fondos públicos o acceder a los recursos del futuro proyecto de ley de financiamiento de los sitios.

Lo que piden al Congreso

Las organizaciones piden a los parlamentarios exigir la reposición inmediata, indexada por IPC, de las glosas del SML para pericias forenses y de las vinculadas al fondo de inversión de los Sitios de Memoria. También solicitan que el Congreso pregunte al Ejecutivo por qué eliminó la Glosa 03 y si dará continuidad a la digitalización de las causas de búsqueda.

Al Consejo de Monumentos Nacionales le piden resolver con prioridad las 63 solicitudes pendientes. El proyecto sigue en tramitación y esas reposiciones deberán discutirse en las instancias del Presupuesto 2027.

El mensaje de la campaña resume el reclamo en una frase: sin recursos no hay justicia, y sin memoria no hay futuro. Para las agrupaciones, lo que está en juego no es solo la ejecución de un programa, sino la continuidad de la búsqueda de las víctimas y el resguardo de los lugares donde se preserva su historia.