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LOS SUPERAMIGOS (DE MORENO)

Cuando en marzo el presidente Sebastián Piñera anunció su gabinete y nombró a Alfredo Moreno en Desarrollo Social, muchos empezaron a especular sobre algo grande que podría pasar en la cartera, pues el ministro, un pez en el agua de los grandes empresarios, tiene ambiciones políticas y buena muñeca negociadora.

Dicho y hecho, esta semana Moreno anunció Compromiso País, una especie de Liga de la Justicia al estilo de DC Comics, compuesta por grandes empresarios, cada uno con la misión de atacar alguno de los 16 segmentos de la población considerados particularmente vulnerables, en el sentido de que no basta su propio esfuerzo para salir adelante.

Una plataforma que dará visibilidad a conspicuos hombres (y algunas mujeres) de negocios, en la mitad de la discusión sobre la Reforma Tributaria que, en los actuales términos, los beneficia. Y una plataforma política perfecta para una aventura presidencial.

Hipotéticamente, si esta alianza público privada logra tocar a cada persona incluida en estos grupos vulnerables, sumará 11,8 millones interacciones con alta probabilidad de visibilidad pública, lo que no equivale a 11,8 millones de votantes, pues una persona puede ser parte de varios grupos de vulnerabilidad, o son menores de edad, o reclusos privados de derechos, o inmigrantes que, de plano, no están considerados como un 17° grupo de vulnerabilidad. Pero, así y todo, se trata de una base ingente, visible en horario prime, que se la quisiera cualquiera.

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Fuente: Interferencia

HUMO BLANCO SUPREMO

El Gobierno tiene apuro y quiere una respuesta para el próximo miércoles, máximo, por parte de los senadores de oposición, a quienes les corresponde el segundo nombramiento de un juez supremo en lo que va del año (en julio fue nombrada Ángela Vivanco por parte de la derecha). En el actual período presidencial se nominarán un total de ocho altos magistrados, cambiando de manera importante la composición del máximo tribunal del país.

Durante este fin de semana, las negociaciones estarán al rojo, pues están todavía líquidos los apoyos a Javier Moya (el candidato promovido por Guido Girardi) y los de Mauricio Silva (la carta de Felipe Harboe), y no hay nadie que se atreva a hacer un pronóstico certero (ver artículo).

Según el conteo de votos de los senadores de oposición de INTERFERENCIA, hoy Silva y Moya estarían empatados con 8 votos cada uno. Pero Silva cuenta con cierta ventaja, pues ha tenido apoyos más transversales respecto de las bancadas, y además se anotó un punto por su fallo en contra del contralor Jorge Bermúdez, quien tuvo que aceptar preliminarmente la restitución en el cargo de la subcontralora Dorothy Pérez. Sin embargo, los apoyos de ambos pueden darse vuelta en horas, y hay una cantidad relevante de senadores opositores (7) que no ha manifestado o no se le ha atribuido preferencia.

Frente al apuro del Gobierno y el empate, no se descarta que se llegue a una tercera vía de consenso que podría favorecer a los jueces Dobra Lusic o Roberto Contreras, quienes no suman apoyos explícitos, salvo el de Juan Pablo Letelier por Lusic, pero que tampoco suman rechazos públicos.

CÓCTEL MOLOTOV

El precio de la bencina ya llegó a 1.000 pesos en cuatro comunas del país, lo que expresa un alza histórica nacional del precio de los combustibles, lo que amenaza con convertirse en un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno, el que ya tuvo que aceptar la visita en La Moneda de los empresarios transportistas.

Y si bien estos gremios no parecen ahora tan beligerantes como durante el gobierno anterior, el problema urge igual, pues lo que está en juego es la promesa principal de campaña: Los Tiempos Mejores, o al menos que estos sean mejores económicamente que durante los años de Bachelet.

El problema en breves horas pasó de la cartera sectorial de Gloria Hutt, a Interior (Andrés Chadwick es quien está en las negociaciones con los transportistas), e incluso llevó al mismísimo presidente Sebastián Piñera a pronunciarse para pedirle al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que busque una solución para bajarle el precio a los combustibles. Cuatro autoridades en una semana.

Las únicas grandes vías de solución son subsidiar el precio, lo que es políticamente delicado o rebajar los impuestos a los camioneros (pues los automovilistas no cortan las carreteras). En este caso, se causaría un perjuicio fiscal, un aumento de la brecha impositiva en favor de un gremio de muñeca fuerte (el que ha conseguido tener la tasa impositiva al diésel más baja entre todos los países de la OCDE), y un fortalecimiento del consumo de diésel, que es altamente contaminante por sus gases de efecto invernadero. Por otra parte, no hacer nada, aunque sea manejable el gremio de los camioneros, impactará en la inflación tarde o temprano.

O sea, pase lo que pase, habrá malas noticias, a menos que el precio internacional de los hidrocarburos baje por arte de magia.