Un fuerte lobby de parte de la industria del juego ha pretendido renovar los permisos de operación de 12 casinos bajo la legislación más antigua, la que no considera una oferta económica a las municipalidades. Considerando las nuevas licitaciones ocurridas bajo la ley vigente, en el caso menos oneroso, el aporte corresponde al 26,8% de las ventas, dato con el cual es posible dimensionar el perjuicio.