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Martes, 11 de mayo de 2021
Pretenden regirse por ley de 2005

12 municipios dejarían de percibir US$1.500 millones en 15 años si la industria logra eludir la ley de casinos de 2015

Camilo Solís

Un fuerte lobby de parte de la industria del juego ha pretendido renovar los permisos de operación de 12 casinos bajo la legislación más antigua, la que no considera una oferta económica a las municipalidades. Considerando las nuevas licitaciones ocurridas bajo la ley vigente, en el caso menos oneroso, el aporte corresponde al 26,8% de las ventas, dato con el cual es posible dimensionar el perjuicio.

Cuando el 30 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial que se abriría el proceso licitatorio por el cual se adjudicarían o renovarían permisos de operación para 12 casinos a lo largo del país, la industria de los grandes operadores del juego no emitieron declaraciones ni en contra ni a favor de esta medida.  

Sin embargo, un año después -esto es, en julio y agosto de 2020- empezaron a aparecer numerosas acciones judiciales, apariciones en prensa y conversaciones con parlamentarios empezaron a emerger por parte de la Asociación de Chilena de Casinos de Juego (ACCJ, principal ente gremial de la industria). para acusar que el proceso licitatorio que abrió la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) es incluso ilegal

¿El trasfondo?

Desde mediados del año pasado el gremio denuncia que los permisos de operación de cada una de las 12 operaciones, fue adjudicado según la Ley de Casinos 19.995 de 2005, y apelan a que les sea aplicada esta normativa y no la Ley 20.856 de 2015, que modifica la legislación inicial de la industria.

Esto, pues, la normativa de 2005 adjudicaba los permisos privilegiando cuestiones como la inversión en infraestructura, además de los aspectos técnicos y turísticos de la oferta. Por el contrario, la normativa de 2015, en cambio, adjudica el permiso de operación de casinos al proyecto que realiza la oferta económica más cuantiosa en favor del municipio en que se emplaza el proyecto. Es decir, quién pone más plata y un elemento que no estaba presente en la legislación de 2005. 

Dicho de otro modo, si las empresas involucradas llegan a conseguir que se les aplique solamente la normativa de 2005, no tendrían que cumplir con la obligación de realizar una oferta económica directa al municipio en el que se emplaza el proyecto para ganar la licitación.

Cabe mencionar que estos doce casinos son: Marina del Sol Calama (Marina), Enjoy Antofagasta (Enjoy), Antay Casino y Hotel de Copiapó (Luckia), Sun Monticello (Sun Dreams), Casino de Colchagua (Enjoy), Gran Casino de Talca (Corporación Meier), Marina del Sol Talcahuano (Marina), Casino Gran Los Ángeles (Enjoy), Dreams Temuco (Sun Dreams), Dreams Valdivia (Sun Dreams), Marina del Sol Osorno (Marina), Dreams Punta Arenas (Sun Dreams). 

¿Cuál sería la magnitud del dinero que los municipios dejarían de percibir de parte de estos casinos si la industria consigue evitar la nueva normativa de casinos que exige esa oferta económica? 

Estimación: US$100 millones anuales por 15 años

Cifras exactas no existen, pues se trata de un escenario futuro e incierto, pero sí se puede realizar un cálculo observando las ofertas económicas presentadas por las sociedades operadoras de casinos que se adjudicaron cinco permisos licitados en 2018, en los que se aplicó la nueva normativa de casinos introducida por la ley de 2015. 

INTERFERENCIA revisó los datos publicados por la Superintendencia de Casinos y Juegos sobre los ingresos brutos de los casinos en 2018, y qué porcentaje de estos ingresos correspondió al monto de la oferta económica ganadora (ver tabla 1). 

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Tabla 1: Ofertas económicas de casinos adjudicados en 2018. Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Tabla 1: Ofertas económicas de casinos adjudicados en 2018. Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Como puede observarse en la tabla, la oferta económica más baja (como porcentaje de las ganancias brutas de la operación) corresponde a la operación del casino de Pucón, en la cual la oferta económica correspondió al 26,79% de los ingresos que tuvo el casino ese año. De la misma manera, la oferta económica proporcionalmente más alta -en relación a los ingresos- fue la correspondiente al casino de Coquimbo, con un 44,99%.

Ahora bien, las doce plazas cuyos permisos se encuentran en pleno proceso de adjudicación o renovación, -y cuyos operadores pretenden no atenerse a la nueva ley de casinos- tuvieron ingresos brutos totales en 2019 (ver tabla 2) por la suma de 261.584 millones de pesos, lo que equivale a US$ 372.096.727. 

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Tabla 1: Proyección de oferta económica mínima de casinos que quieren eludir ley de 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Casinos de Juego.
Tabla 1: Proyección de oferta económica mínima de casinos que quieren eludir ley de 2015. Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Realizando una estimación a la baja, si estos casinos hicieran ofertas económicas por el 26,79% de sus ingresos brutos (el mínimo porcentaje de las ganancias ofertadas en el último proceso, es decir la oferta del casino de Pucón) entonces se observa que esas ofertas económicas ascenderían a un monto total de US$ 99.684.713. Una cifra que podría ser la que estos 12 municipios no percibirían en conjunto si la industria de casinos logra eludir las disposiciones de la última ley de casinos. 

Como los permisos son entregados por 15 años, el monto que los doce municipios en cuestión dejarían de percibir durante ese periodo de tiempo, asendería a US$ 1.495.270.695, en un escenario conservador. 

Las presiones de la industria

“Sin embargo, haciendo caso omiso de dicho régimen de transitoriedad (...), la Superintendencia ha decidido iniciar el nuevo concurso para renovación de permisos de operación bajo la normativa introducida el 2015, aplicando las normas de una subasta, y por ende, desconociendo abiertamente la existencia del artículo 3 inciso quinto de la Ley 19.995 [Ley de Casinos de 2005]”. 

Lo anterior es parte del recurso de protección que Sun Dreams -uno de los grupos operadores de casinos más grandes del país- presentó el 25 de agosto de 2020 en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (1508-2020), para tratar de evitar tener que renovar la concesión que le permite explotar el casino Dreams Punta Arenas por 15 años más según la nueva normativa de casinos: la Ley 20.856 de 2015. 

Según el mismo escrito es un sistema en el que “prima la recaudación fiscal, dejando de lado la prioridad de las inversiones ya realizadas y las que pudiesen ofrecerse”. 

En el escrito, Sun Dreams argumenta tener un derecho preferente sobre la operación, debido a que en caso contrario se afectaría la certeza jurídica y confianza de los inversionistas en el sistema, buscando que se les aplique la normativa de 2005, la que no contempla adjudicar las plazas a quienes ofrecen más dinero a las municipalidades.

Durante mediados del 2020 se multiplicaron las acciones judiciales de operadoras de casinos en contra de la Superintendencia de Casinos y Juegos por el mismo motivo: intentar bypassear las modificaciones a la ley de casinos que implican nuevas licitaciones por esas operaciones, en las que se subasta el permiso a quien ofrece más aportes económicos a la comuna, y que además contempla un proceso más largo de concurso (entre 48 y 36 meses antes del vencimiento del permiso). 

Sun Dreams presentó otro recurso de protección respecto de la operación del casino Sun Monticello el 7 de agosto de 2020 en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

También lo hicieron otros operadores: Marina del Sol presentó recursos de protección por el Marina del Sol Talcahuano (Corte de Apelaciones de Concepción), Marina del Sol Osorno (Corte de Apelaciones de Santiago), Marina del Sol Calama (Corte de Santiago); y también el grupo Luckia, por el casino Antay de Copiapó (Corte de Copiapó).

Todas estas acciones judiciales ingresaron el 26 de agosto de 2020. 

La ACCJ incluso ha anunciado acciones judiciales en contra del Estado de Chile ante tribunales internacionales debido a esta situación. 

Lo llamativo al respecto es que solo cinco meses atrás, el 23 de marzo de 2020, el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Rodrigo Guiñez Saavedra, envió una carta al subsecretario de Hacienda de ese entonces, Francisco Moreno Guzmán, en la que piden un “paquete de medidas de salvataje” para la industria debido a la pandemia de coronavirus.

Entre las medidas que solicitan se cuenta una “prórroga de las actuales licencias de casinos de juego (...) por un periodo de 5 años”, sin realizar comentario alguno sobre renovar los permisos según la antigua normativa. 

Todo indica que en esos meses el gremio cambió de parecer respecto de estos cinco años de extensión de los permisos, optando por la estretegia de mantenerse en la legislación de 2005, para lo cual incluso consiguieron el apoyo de algunos integrantes del Senado como Ximena Rincón, Felipe Harboe y Álvaro Elizalde, quienes avalaron la tesis de la certeza jurídica esbozada por la industria en acciones judiciales y comunicaciones. 

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