Los trabajadores de los Astilleros de la Armada reclaman un bono por asignación de zona que dejaron de percibir en noviembre de 1995, mientras que la empresa se niega a reconocer el beneficio, argumentando en base a dictámenes de la Contraloría. La defensa de Asmar corre por cuenta del Consejo de Defensa del Estado, en un flanco que podría costarle miles de millones de pesos.

La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.

A pocos minutos de que el contraalmirante Carlos Huber anunciara la medida, recibió un llamado indignado del ministro de Defensa, Alberto Espina. "No habrá toque de queda", le espetó.