Un informe interno de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas apunta que 587 concesiones acuícolas están hipotecadas a bancos internacionales y nacionales, con compromisos que suman miles de millones de euros. La ley indica que, si caen en embargo, no pueden ser caducadas.

De las 1134 concesiones salmoneras en el país, 457 tienen causal de caducidad. Mowi tiene 115 de sus 149 concesiones en esta condición; y AquaChile -de AgroSuper- 93 de 295. Al estar en el borde costero, a cargo de la Armada, el Ministerio de Defensa podría retirarlas.

Seis pesqueras de ese país nórdico fueron acusadas de colusión para controlar los precios del mercado del salmón, entre ellas Mowi y Cermaq, compañías con filiales en Chile de las que se han fugado casi un millón de peces desde 2010.

Según datos obtenidos a través de la ley de transparencia, de los 74 accidentes registrados desde el 2010, sólo 12 fueron motivo de denuncia a entidades capaces de multar; mientras que de los casi 5 millones de salmones fugados se recuperaron apenas 694 mil especímenes. Organizaciones medioambientales plantean que el número total es mayor, explicando que las consecuencias para el ecosistema de fugas de especies introducidas y con antibióticos son enormes.