La falta de control interno de las instituciones castrenses y policiales es la otra cara de su autonomía corporativa. Esta está dada por las normas constitucionales y la ley orgánica que las regula, limitando severamente el control civil -especialmente del Ministerio de Defensa- sobre aquellos procesos que dicen relación directamente con las normas propias de una democracia consolidada. Esta situación que deja a cada órgano de la defensa y policía librado a su propia dinámica interna no ha sido enfrentada conjuntamente por las fuerzas políticas responsables de la dirección del Estado, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso.