La Ordenanza General del Ejército (22.02.2006) establece que: “Los valores militares constituyen orientaciones que deben regir la conducta de los militares tanto en la paz como en la guerra”. Uno de ellos es el honor: “Virtud sintetizadora de todos los valores cívicos y militares que mueven a una persona a actuar siempre con la verdad, dignidad, sinceridad, rectitud, honestidad y en coherencia con los principios que dan sustento a sus actos. En definitiva, el honor se sintetiza en ser una persona digna de confianza” (Artículo 67).

El involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el tráfico de drogas y el crimen organizado en el país no es solo un problema individual, de algunas “manzanas podridas”, sino que ha puesto en cuestión el honor institucional.

Este ha sido tema de la prensa y la justicia, a lo menos, desde 2010 en adelante, con casos como el “Milicogate” o “Huracán”, entre otros. En 2022 se informó que la Corte Marcial investigaba casos de venta de armas al crimen organizado por uniformados y, posteriormente, que la Fiscalía había procesado a más de cien carabineros por delitos de narcotráfico. Últimamente, se conoció del tráfico  de cocaína y ketamina por miembros de las FF.AA. desde el norte del país y el hallazgo de pasta base en una unidad militar en Colchane.

Estos delitos, que actualmente enfrentan los mandos institucionales, son consecuencia, a lo menos, de tres factores determinantes.

Primero, una falta del debido control institucional interno que, de acuerdo con las actuales normas constitucionales y legales, corresponden a los comandantes en jefe. Actores de diversas posiciones políticas han insistido en un modelo de auditoría que asegure su probidad y transparencia. La ley que crea el Servicio de Auditoría Interna para las FF.AA. y de Orden espera ser promulgada. Igualmente, el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, para excluir de la jurisdicción militar los delitos comunes cometidos por militares, continúa atascado desde 2019.

Segundo, la falta de control interno de las instituciones castrenses y policiales es la otra cara de su autonomía corporativa. Esta está dada por las normas constitucionales y la ley orgánica que las regula, limitando severamente el control civil -especialmente del Ministerio de Defensa- sobre aquellos procesos que dicen relación directamente con las normas propias de una democracia consolidada. Esta situación que deja a cada órgano de la defensa y policía librado a su propia dinámica interna no ha sido enfrentada conjuntamente por las fuerzas políticas responsables de la dirección del Estado, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso.

Tercero, y quizás el más importante, ha sido el involucramiento de las FF.AA. en labores de orden interno. En los últimos años pareciera que la defensa nacional no fuera su función institucional primordial o que actualmente ésta no tuviera sentido. Desde 2011 ha existido la política gubernamental, reiterada y transversal, de ampliar las funciones de las FF.AA. en el orden público: manejo de catástrofes; planes Frontera Norte y Frontera Norte Segura; rol del Comando Conjunto Norte, eje coordinador para la entrega de datos de inteligencia; protección de la infraestructura crítica; campaña de vacunación contra la influenza; apoyo a la red de salud pública; Plan Código Azul para personas en situación de calle; operativos sociales; combate a los incendios; Decreto 265 (9 julio, 2019) para la colaboración castrense frente al narcotráfico y crimen organizado transnacional en zonas fronterizas del territorio nacional; y enfrentamiento a la nueva etapa de ola migratoria.

Frente a esta avalancha de tareas no castrenses sus altos mandos han indicado que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente las funciones que demanda el Estado y que no les corresponde tal ampliación de tareas más allá de los estados de excepción tradicionales. Sectores civiles han alertado sobre los riesgos de captura por parte de los intereses del mundo militar y del peligroso involucramiento directo de militares en funciones policiales.

Como GADFA (Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)) hemos reiterado que el despliegue de los militares fuera de sus cuarteles en asuntos de orden interno tiene graves consecuencias para la profesionalización de estas instituciones; que el actual es un régimen de excepción diseñado para ser temporal y excepcional y que no puede eternizarse; que las FF.AA. no deben suplir o reemplazar la función de otros organismos estatales encargados del orden interno o de afrontar emergencias; y que la autonomía corporativa castrense lleva a militarizar el Estado y profundizar el rol policial de las FF.AA.

Este conjunto de factores ha prolongado una situación insostenible por demasiado tiempo, afectando no solo el funcionamiento de estas instituciones, sino que el honor institucional y la confianza en sus miembros. Es hora de enfrentar conjunta y responsablemente esta crisis.

Felipe Agüero, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, Sebastián Monsalve, Eduardo Santos, Augusto Varas, Mladen Yopo.