Luego de que seis daneses denunciaran irregularidades en sus procesos de adopción desde Chile, la ministra de Asuntos Sociales, Astrid Krag, ordenó una investigación. Ésta determinó que “no se pueden descartar” ilegalidades como la remoción de niños sin autorización de sus familias biológicas y la posible existencia de incentivos económicos para hacerlo.