Mientras se agilizan gestiones para evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, el abogado Rodrigo Valdés, representante de una organización que agrupa a más de 300 familias dentro del terreno, criticó el fundamento jurídico con el que se pretende justificar la acción.

La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.

Cuando el actual ministro de Vivienda dirigía Bienes Nacionales, entregó unos predios bajo la figura de permiso de uso a una asociación de transportistas en Mejillones. La gestión fue liderada por Osvaldo Miranda, un operador de la UDI en Calama, quien cobró al gremio con tal acercarlos a su correligionario, Felipe Ward, quien también fue diputado por dicha ciudad.