La empresa querellante presentó un nuevo escrito para “complementar y precisar los hechos” imputados a Martorell como delito, en una causa por la licitación de $400 millones en cámaras corporales de Carabineros que no cumplían con las bases del concurso y que cayeron en desuso tras dos años de uso.

La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.

Interferencia publicó hoy un reportaje sobre el negocio entre la multinacional y la entidad policial. Carabineros asegura, al igual como se indica en los contratos de la institución que este medio reveló en su artículo, que el trato directo era necesario para mantener el servicio y por temas de complejidad del proceso licitatorio y sus plazos, además de contar con la aprobación de todas las entidades correspondientes. 

Para la multinacional es el contrato más cuantioso que tuvo a nivel global el último trimestre de 2022. La policía chilena pidió saltarse una licitación para no interrumpir los sistemas radiales contratados con esa empresa que, en su mayoría, datan de entre 2011 y 2016. El gobierno de Boric accedió a ello en agosto pasado.

El software utilizado para las cámaras adquiridas por la ex subsecretaria permitía el reenvío intrazable de evidencia a terceros. “¿No entienden que no puedo cuestionar al gobierno o me quitan recursos?”, habría dicho un teniente coronel ante la denuncia de los funcionarios.