Hace cinco años comenzó el Caso Motorola cuando la empresa The Pegasus Group presentó una querella por prevaricación contra Katherine Martorell (RN), denunciado a la entonces subsecretaria de Prevención del Delito de Sebastián Piñera por supuestamente favorecer a dicha compañía telefónica en una licitación por $300 millones para adquirir cámaras corporales para Carabineros, las que no habrían cumplido con las bases del proceso.

Sin embargo, tras acceder a las cuentas bancarias de los involucrados y reunir múltiples declaraciones de las partes, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación del caso sin llegar a formalizar a Martorell o su equipo. En el escrito en que pide audiencia ante el tribunal, el fiscal Xavier Armendáriz señaló que no continuarán con el procedimiento porque “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización y/o acusación”.

Ante la noticia la ex subsecretaria dio a conocer su satisfacción con la decisión de Fiscalía, señalando que "colaboré desde el primer momento, entregando voluntariamente todos mis dispositivos electrónicos y la apertura del secreto bancario, es una lástima que esto haya durado 5 años".

Pero en Pegasus no se rinden: presentaron un escrito ante el tribunal para pedir la reapertura de la investigación, acusando que aún quedan diligencias por ejecutarse dentro del caso. Este movimiento de último minuto se suma a otro escrito presentado en junio para complementar los hechos denunciados, cuando el Caso Motorola figuraba en medios como próximo a concluir sin formalizados.

En documento de 17 páginas, Pegasus viene “a reiterar las diligencias de investigación previamente solicitadas, y a solicitar la reapertura de la investigación, atendido que las mismas no han sido resueltas y/o ejecutadas, y que, además, el fiscal a cargo ha incumplido la orden de formalización dictada por este Tribunal con fecha 26 de enero de 2024, vulnerando el principio de legalidad, el debido proceso, y el derecho de esta parte a la acción penal”.

En lo medular, los querellantes exigen que se extraiga la totalidad de la información del celular Martorell y sea puesta a su disposición, pues aseguran que los chats fueron entregados parceladamente con patrones de búsqueda “acordados con el abogado defensor de la querellada Martorell, Sr. Luis Hermosilla”, los que acusan “son pobres y sólo arrojan conversaciones cortadas, no pudiendo hacerse un seguimiento real de lo contenido en ellas”. 

En esta línea, apuntan a una posible conexión con el Caso Hermosilla: “a la luz de los acontecimientos derivados del denominado caso Audios, que incluye aristas que involucran, entre otros, a un Director de Policía de Investigaciones, siendo otro de los Directores de Policía de Investigaciones cliente del abogado Sr. Hermosilla, quien fue a su vez abogado de la imputada Martorell, se hace necesario reiterarlo [la extracción completa], teniendo en especial consideración, además, la inusual dilación en la tramitación de la causa derivada de los problemas de agenda tanto del abogado Hermosilla como de la imputada Martorell, como ha señalado el mismo Fiscal Ledezma”.

Otro punto de singular interés es la ampliación de un informe contable realizado por la PDI a las cuentas bancarias de los imputados.

Según Pegasus, “el resultado de esta diligencia podría develar aún más diligencias, debido a que el propio informe contable efectuado por PDI (140) señala que existen ingresos sin justificación, además de sugerir ampliar la investigación en ese punto”.

Captura del informe contable de la PDI, adjuntado por Pegasus.

Captura del informe contable de la PDI, adjuntado por Pegasus.

En detalle, según el informe de diciembre de 2021, Martorell habría “estado recibiendo altas sumas de dinero en efectivo, sin justificación alguna, y que realizó la compra de un inmueble”.

En total, serían $198 millones los que habrían sido transferidos a cuentas de Martorell sin la debida justificación. Pegasus apunta que “estas operaciones dicen relación, principalmente, con depósitos recibidos en la cuenta corriente de la querellada Martorell, a saber: 

1.- Depósito mediante cheque por la suma de $88.000.000 

2.- Depósito en efectivo por la suma de $60.000.000.- 

3.- Depósito mediante cheque por la suma de $50.000.000.- 

Asimismo, se requiere pesquisar los motivos por los cuales transfirió desde su cuenta corriente a la cuenta corriente de don Fernando Salame, la suma de $500.000.”

En esta línea, el informe contable de la PDI concluye que “de los análisis realizados a las personas investigadas, durante el desarrollo del presente informe se lograron identificar depósitos y movimientos bancarios que no guardan relación con los ingresos asociados a sus actividades laborales y de las cuales se lograron identificar sus remuneraciones depositadas en las cuentas bancarias analizadas. Lo anterior, hace necesario esclarecer dichas operaciones con futuras declaraciones policiales a los imputados, una vez sea considerada una opción oportuna desde el punto de vista estratégico investigativo de esa Fiscalía”.

Sin embargo, según Pegasus “hasta la fecha, no ha habido ampliación, pese a lo sugerido por el informe de PDI”.

Querellantes arremeten contra el fiscal

En su solicitud, Pegasus acusa al fiscal del Caso Motorola, Francisco Ledezma, por el devenir de la investigación hacia su cierre sin formalizados.

Según el escrito, además de la falta de diligencias que consideran clave, los querellantes han recibido “la entrega defectuosa y parcial de la carpeta investigativa (...) lo que impide ejercer el derecho al contradictorio y al control de legalidad, lo que constantemente ha sido reclamado al Fiscal Ledezma y puesto en conocimiento, además, al Fiscal Regional”. 

“El actuar del fiscal don Francisco Ledezma ha sido hostil, arbitrario y contrario al deber de objetividad, negando diligencias esenciales, demostrando desconocimiento del caso y de la carpeta investigativa”, acusa la empresa querellante.

Para Pegasus habría “abandono funcional del fiscal”, ante “su negativa reiterada a cumplir con las resoluciones del Tribunal, la delegación de sus responsabilidades a la parte querellante, y su declaración expresa de que no investigará determinados hechos o delitos por considerarlos irrelevantes, configurando una inobservancia grave de sus deberes constitucionales y legales”.

Cabe recordar que en enero de 2024, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al fiscal Ledezma formalizar la investigación contra Martorell en un plazo máximo de 120 días, determinación que a todas luces no se cumplió.