El organismo acreditó que una serie de funcionarios “no contaban con el examen sicológico para trabajar en la unidad COP. Otros no aptos, siguieron trabajando. Otros carecían de autorización para manejar carabinas antigases y antidisturbios”. Y más: 754 solicitudes de imágenes hechas por la fiscalía, la PDI, el INDH, entre otros, “se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.