La Contraloría General de la República ordenó un sumario administrativo en Carabineros, principalmente en el Departamento de Control de Orden Público (COP), luego de acreditar graves anomalías a nivel nacional, en distintas áreas de la institución.

De acuerdo a la auditoría que revela Interferencia, la CGR encontró a 43 funcionarios incorporados a distintas comisarías COP que “no contaban con el examen sicológico requerido para el ingreso a dichas unidades”.

A renglón seguido, el informe da cuenta que funcionarios que se encuentran no aptos “siguieron prestando funciones”.

No es todo, porque el organismo fiscalizador revisó la base de datos policial y halló que al menos 35 funcionarios no contaban con una resolución que los autoriza o “habilita para el uso de la escopeta antidisturbios carabina lanza gases en situaciones de Control del Orden Público.

De acuerdo al documento, la entidad verde oliva, mantiene serios problemas en los registros de imágenes, fundamentalmente con cámaras corporales, entre otras.

Por esta razón la CGR acreditó que 754 solicitudes de registros realizadas por ejemplo, por la PDI, fiscalía, INDH, Asuntos Internos, Contraloría, Cámara de Diputados, Equipos de Alta Complejidad y acceso por Ley de Transparencia,” a los que se les respondió en su oportunidad, la inexistencia de una evidencia audiovisual, sin dar una justificación de dicha ausencia”.

Hubo otros reproches menores, pero que Carabineros deberá solucionar. Por ejemplo, que los funcionarios para determinadas labores usen el correo institucional y no el personal; que existan equipos informáticos para extraer imágenes de cámaras y drones para que sean debidamente guardas y evitar que estas desaparezcan.

En su respuesta, la institución dijo que existe un plan de renovación financiado con “recursos extraordinarios” de la Ley de Presupuestos 2023 y aprobado técnicamente. En ese sentido, aseguran que se prepara un contrato de arriendo con la empresa proveedora, cuyo nombre no detalló.