Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.

El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.

El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.