Fueron rechazados los recursos de protección de varias inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, descartando un actuar arbitrario del organismo que declaró ilegales los permisos de edificación. 

La firma recibirá $64 millones por parte de la Secretaría General de Gobierno. El resultado del trabajo no será público, pues la ley permite que se guarde bajo reserva durante esta administración presidencial. Mientras las gananacias de Cadem aumentan por tratos directos con el actual gobierno, las críticas metodológicas a sus mediciones continúan.