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Viernes, 24 de mayo de 2019
¿Fake encuestas?

Ministra Cecilia Pérez otorga contrato millonario a encuestadora Cadem

Nicolás Massai D.

La firma recibirá $64 millones por parte de la Secretaría General de Gobierno. El resultado del trabajo no será público, pues la ley permite que se guarde bajo reserva durante esta administración presidencial. Mientras las gananacias de Cadem aumentan por tratos directos con el actual gobierno, las críticas metodológicas a sus mediciones continúan.

El 8 de marzo pasado la Secretaría General de Gobierno (Segegob) emitió una orden de compra a Cadem. Vía trato directo, la consultora de opinión pública –que realiza estudios de percepción de la ciudadana sobre personajes políticos, entre otros servicios– obtuvo su contrato más grande con el ministerio dirigido por Cecilia Pérez, por una suma de $64.651.740.

Actualmente, la Segegob es el organismo gubernamental que más recurre a Cadem desde el comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con 13 órdenes de compras hasta la fecha. A partir del 5 de abril de 2018, la empresa lleva 19 contratos que implican desembolso de platas fiscales. El monto total alcanza al menos los $941 millones.

La relación económica entre la consultora y el oficialismo causó impacto hace algunos meses, cuando en enero de este año La Segunda dio a conocer el monto que había percibido Cadem en 2018.

Ese año, la empresa también fue contratada bajo la administración de Michelle Bachelet. No fue solo una orden de compra durante ese mandato que duró los cuatro años anteriores, desde 2014. Fueron cerca de 40. Según cifras de Mercado Público, Cadem se adjudicó montos en 2015 por $552 millones, en 2016 por $883 millones y en 2017 por $310 millones.

Aunque había una diferencia: de esos contratos sólo uno había sido suscrito con la Segegob de Bachelet.

Acorde al documento de la última contratación que obtuvo Cadem por parte de la Segegob de Pérez, este trato directo tiene como objetivo la realización de “una consultoría estratégica, a partir de un estudio cualitativo, con el objeto de conocer la percepción de la ciudadanía en relación a temas coyunturales relevantes”, y se agrega que este conocimiento “hace más eficaces las decisiones a nivel comunicacional de las distintas instancias gubernamentales”.

No hay mayores detalles de la compra, al mismo tiempo que en el punto 14 de la resolución exenta 272/451 de la Segegob –que autoriza el gasto–, se especifica que “el servicio requerido incluirá sondeos de opinión, por lo tanto, sus resultados serán reservados hasta que finalice el periodo presidencial durante el cual es efectuado”.

Es decir, la entidad dirigida por Cecilia Pérez cuenta con la facultad de mantener el contenido del estudio en el secreto, incluso si son solicitados vía ley de transparencia, lo que es criticado por abogados como Cristóbal Osorio, quien afirmó a INTERFERENCIA que “lo grave de las contrataciones es el privilegio de reserva de cuatro años que tienen esos estudios conforme al artículo 22 de la Ley 20.285 y Ley de presupuesto 2018 y 2019”.

El profesor de derecho administrativo de la Universidad Diego Portales agregó que “el legislador tiene un gran desafío para asegurar la transparencia y eficiencia de esas asignaciones, concluir con el privilegio de reserva. Toda política pública o análisis de la contingencia, no puede ni debe hacerse de espaldas a los ciudadanos”.

Una metodología en cuestión

Uno de los rostros más visibles de la sociedad es Roberto Izikson, cientista político de la Universidad del Desarrollo, gerente de asuntos públicos y estudios cuantitativos de Cadem. Izikson participó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, desempeñándose como director de estudios de la Segegob –acorde a su Linkedin–.

Este es uno de los datos que pone en juego la credibilidad de la encuesta en cierto sector de la opinión pública. Por ejemplo, para la primera vuelta presidencial de 2018, en su última medición, Cadem le dio un 45% de votación a Sebastián Piñera, siendo que el candidato de Chile Vamos obtuvo un 37%.

“Las encuestas están llenas de errores metodológicos y vacíos. Por ejemplo, las mediciones telefónicas –como Cadem– tienen sesgo socioeconómico, eso se sabe: sub-representan a grupos más bajos”, dijo a este medio Fernando García Naddaf, académico de la facultad de ciencias políticas de la Universidad Alberto Hurtado. “Para extraer el margen de error se necesita que toda la muestra sea probabilística, cosa que no es el caso”, agregó.

En la última encuesta de Plaza Pública de Cadem –donde se informó de la supuesta baja aprobación del gobierno, que llegó a un 37% de los encuestados–, se entrevistó a 707 personas. Acorde al estudio, “se alcanzó una cobertura total de 199 comunas. El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural”.

“¿Cómo se justifica metodológicamente la sobre representación urbana en el universo si la medición es nacional? Dicen que el 90% de la muestra es urbana, y en Chile eso debe estar por el 70% o quizás menos”, añadió García Naddaf. Y remató: “El problema mayor es que hacen pasar esto como encuestas nacionales cuando en realidad son solo la medición de una muestra muy sesgada”.

El mismo Roberto Izikson ha usado las encuestas de Cadem para hablar de temas como la popularidad con la que cuenta el presidente de Venezuela en Chile. “91% de los chilenos tiene una imagen negativa o muy negativa de Nicolás Maduro #Cadem”, escribió en su Twitter el pasado 4 de febrero, adjuntando una diapositiva del estudio recientemente lanzado por la consultora.

La verosimilitud de esta consultora fue alertada también por el economista Eduardo Engel, quien tiene un posgrado en estadísticas en la Universidad Stanford. En junio de 2017, Engel cuestionó la tasa de respuesta de mediciones como esta.

“De cada ocho personas que contacta Cadem, sólo una está dispuesta a responder la encuesta. Dado que el  88% de los contactados no responde, lo más probable es que el margen de error sea mucho mayor que el 3,7% reportado por Cadem. De hecho, un margen del 3,7% supone una tasa de respuesta del 100% y un muestreo probabilístico”, afirmó en una carta al director publicada en La Segunda.

En ese mismo medio de comunicación, Karen Thal –gerenta general de Cadem– y Roberto Izikson se defendieron ante los reiterados cuestionamientos del economista.

“Las encuestas no probabilísticas o de cuotas (típicamente realizadas a través de teléfonos fijos, celulares y ahora cada vez más frecuentemente por internet) siguen siendo el instrumento por lejos más usado en los países más desarrollados en materia de encuestas para auscultar la opinión pública, ya que todavía proporcionan datos precisos sobre una amplia gama de variables sociales, valóricas política-electorales y económicas”, dijeron.

INTERFERENCIA se contactó con el teléfono central de Cadem, donde se señaló un correo electrónico para hacer las consultas respectivas sobre este artículo. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

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