El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

“Escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”, dijo en su momento el alcalde Felipe Alessandri durante una entrevista. Un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones.