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Martes, 19 de Octubre de 2021
Se suma a acción penal que también sigue su curso

Caso INBA: Corte Suprema declara admisible recurso de protección contra red de delaciones montada por administración de Alessandri

Diego Ortiz
Joaquín Riffo Burdiles

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

El 2019 fue un año de intensas protestas estudiantiles. El estallido social de octubre nació luego de largas jornadas de paralizaciones de secundarios, principalmente ocurridas en la comuna de Santiago. La municipalidad, consciente de ello, optó por perseguir – Carabineros mediante – a sus estudiantes.

A enfrentamientos al interior y a las afueras de establecimientos emblemáticos de la comuna entre policías y alumnos se le suma una polémica estrategia persecutoria implementada por la administración del alcalde Felipe Alessandri (RN). Según reveló INTERFERENCIA, en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) se montó un grupo de WhatsApp donde funcionarios municipales y Carabineros presionaban a funcionarios del establecimiento por delatar a estudiantes y entregar información sobre movilizaciones; sirviendo de insumos para iniciar procesos de expulsión a través de la ley Aula Segura. (Revise acá el artículo).

La Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección constitucional interpuesto por la Corporación 4 de Agosto por uso ilegal y arbitrario de información personal y sensible de menores de edad.

La denuncia gatilló investigaciones de la Contraloría General de la República y Carabineros, mientras que las parlamentarias Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC), Maya Fernández (PS) y Natalia Castillo (RD) junto al diputado Gonzalo Winter (CS) -todos representantes del Distrito 10- solicitaron fiscalización al respecto. También se abrieron aristas judiciales, presentando una de estas un importante avance.

El 3 de junio pasado, la Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección constitucional interpuesto por la Corporación 4 de Agosto – encargada de representar a algunos estudiantes acusados por Aula Segura en liceos emblemáticos de Santiago – por uso ilegal y arbitrario de información personal y sensible de menores de edad. (Revise acá el fallo).

Cabe recordar que, en el chat de delaciones vía WhatsApp, Carabineros de Chile, funcionarios municipales y del INBA compartían fotografías, nombres completos, rut, edad, establecimiento y curso de estudiantes tanto del internado como de otros establecimientos.  

“Del mérito de los antecedentes […] se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de la Constitución", indica el fallo.

El recurso, interpuesto por los abogados de la corporación, Javier Pineda y Esteban Spencer, había sido declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, el tribunal Supremo, mediante pronunciamiento de los ministros Sergio Muñoz, Angela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y la abogada integrante, María Angélica Benavides; revocó lo establecido con anterioridad, ordenando darle el “trámite correspondiente” al recurso de protección.

“Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que […] se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”, indica el fallo de la Suprema.

En palabras de los abogados Pineda y Spencer de la Corporación 4 de Agosto, la decisión del tribunal implica que “Carabineros de Chile y la Municipalidad de Santiago tendrán que informar a la Corte de Apelaciones acerca de los fundamentos, objetivos y decisiones que estuvieron involucradas en el diseño y operación de la Red”, además de que los tribunales tendrán entonces que pronunciarse “sobre el fondo de ilegalidad de las políticas de esta naturaleza y la posible afectación de derechos digitales de menores de edad”.

Paralelo a esta instancia, la misma corporación presentó una querella por posibles delitos de abuso del poder público e infracciones delictivas de la ley de Inteligencia del Estado.

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