El grupo de aportantes -quienes ya demandaron a LarrainVial y al ex gerente de STF-, estudian una demanda contra el matrimonio de Óscar Lería y Paola Luksic, su hermana Gabriela Luksic, así como el grupo Algeciras, liderado por Eduardo Elberg y Andrés Solari.

Andrés y Manuel Bulnes Muzard, miembros de una de las familias aristocráticas chilenas, venían de un 2024 convulso tras el destape del caso Factop y su responsabilidad como directivos de LarrainVial que acabó esta semana con su formalización.

Durante la reunión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos se reconocen facturas falsas, palos blancos en sociedades y proponen hacer una “cucha” con empresarios para que al SII “le llueva”. Incluso Sauer habla de pagar coimas “como lo hemos hecho siempre”.

La hermanastra de Andrónico Luksic obtuvo el beneficio para asegurar un negocio conducido desde un paraíso fiscal; el cultivo de 374 hectáreas de olivos en la cuenca del río Limarí. Entre los beneficiados hay otros nombres de la elite, como Stefan Krause, director de Cencosud Shoppings, Patricio Phillips Saenz, cercano a Julio Ponce Lerou en SQM o Felipe Ibáñez Scott, ex propietario de supermercado Líder, entre otros.

Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, manifestó su desacuerdo con la recomendación de la Superintendencia de Medio Ambiente de que estos proyectos pasen por el conducto regular para ser evaluados ambientalmente, al estar fuera de lo considerado por la legislación vigente, y teniendo en cuenta la querella del CDE que pesa sobre ellos. 

Un abogado acusa que el proyecto Guay Guay, de Marcello Corbo -hijo del ex presidente del Banco Central-, cerró el acceso a su parcela para evitar fiscalizaciones por “delitos cometidos en zona de preservación ecológica”. “Es una estafa”, asegura el jurista y vecino.

El Consejo de Defensa del Estado acusa la afectación de al menos dos de 14 sitios arqueológicos que se encuentran en la zona. Se trata de cuatro condominios exclusivos que buscan levantarse en pleno bosque esclerófilo. La entidad presentó una querella por daños a los sitios, al medio ambiente y por construir al margen del plan regulador.

El arquitecto Aldo Ramaciotti certificó en 2015 cuestionadas subdivisiones prediales y luego no las anuló cuando la Contraloría le ordenó iniciar los procesos de invalidación. Esto beneficia potencialmente a iniciativas en Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Pirque, Til-Til y San José de Maipo.

Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.

Gabriela Luksic, hermana menor de Andrónico; José Ignacio Amenábar Montes, del grupo inmobiliario Fortaleza; y Gonzalo van Wersch y Carlos Valdivieso Valdés, ex directores de la corredora de bolsa IM Trust –actual Credicorp Capital–, son algunos de los nombres que componen el fondo de inversión MDPR, que controla el proyecto Mirador Pie Andino entre Chicureo y La Dehesa.

Sirve para publicar arriendos y ventas de viviendas y opera en siete países. Además de todos estos nombres conocidos, Goplaceit tiene como accionista a Nicolás Noguera Correa, el hombre que ve los negocios de la familia Piñera Morel.

Los negocios de la menor del clan Luksic van desde la construcción de viviendas de lujo en Vitacura y Zapallar o la app inmobiliaria Goplaceit, hasta tener miles de hectáreas en el sector de Lonquimay, las que actualmente intentan ser recuperadas por comunidades mapuche-pewenche.

La historiadora del arte y hermana de Andrónico Luksic controla el fundo La Fusta en la provincia de Malleco a través de una sociedad domiciliada en Jersey, un paraíso fiscal dependiente de la corona británica. Además de tener concesiones mineras en esas tierras, y cientos de litros de agua por segundo para uso hidroeléctrico, el territorio está en un proceso de recuperación por parte de comunidades mapuche-pewenche en medio del estallido social.