Guadalupe Moris
En su breve historial periodístico, INTERFERENCIA ha dedicado especiales esfuerzos en fiscalizar la labor del poderoso subsecretario del Interior. En esta serie re-publicamos los artículos más importantes de su participación en el caso Catrillanca, la adquisición de tierras mapuche sin serlo, y el juicio que le lleva la familia Painequir para su devolución, con serios episodios de intimidación. Historias que ayudan a comprender la caída de Rodrigo Ubilla.
La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.
A la compraventa de 2009, cuando Rodrigo Ubilla adquirió dos parcelas en territorio mapuche, se le sumó una segunda compra en 2012, cuando se desempeñaba como subsecretario del Interior en el primer gobierno de Piñera. Ello, sin embargo, ha sido silenciado por La Moneda.
La mujer es considerada indígena, pues al momento de la compraventa estaba casada con el mapuche Jorge Painequir. Así lo establece la Ley Indígena en su artículo 4°: "Para todos los efectos legales, la posesión notoria del estado civil de padre, madre, cónyuge o hijo se considerará como título suficiente para constituir en favor de los indígenas los mismos derechos y obligaciones que, conforme a las leyes comunes, emanen de la filiación legítima y del matrimonio civil”.
El subsecretario del Interior respondió al reportaje de INTERFERENCIA que la compra de una hectárea en territorio indígena fue un acto legal. Pero, está equivocado o falta a la verdad. De hecho, sus parcelas figuran hoy como tierras mapuche en la Conadi y la compra a un cónyuge de un indígena -como fue en su caso- equivale a comprar al indígena mismo, lo que hace el acto nulo.
En 2009 el actual subsecretario del Interior compró dos terrenos al interior de una comunidad mapuche por 10 millones de pesos, donde actualmente tiene una residencia en la punta de una colina. El problema es que nunca debió comprar dicha propiedad, pues contraviene la Ley Indígena de 1993.
