La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.

La determinación de Daniel Calvo será vista por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y afecta al magistrado de ese juzgado especial, Óscar Meriño y al funcionario Cristian Contreras con la misma sanción disciplinaria. Tal como adelantó este medio, propuso el sobreseimiento por un eventual pago de coimas.

Interferencia publica en exclusiva el testimonio que prestó el abogado del TTA, José Guerrero, ante el fiscal Centro Norte Jaime Retamal, quien investiga por el delito de cohecho al juez Óscar Meriño y otros funcionarios. Guerrero allegó además un listado de 31 empresas que se habrían favorecido con el nombramiento de peritos a dedo. Destacan compañías del retail, una sociedad ligada a un importante club del fútbol, una multinacional de la publicidad, entre otras.

La historia ha salido a flote nuevamente a raíz de la audiencia de preparación de juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami, quien está involucrado en el caso OAS por la utilización de un avión durante la misma campaña en que se cuestionó a Evelyn Matthei.